Una histórica planta industrial de Belén de Escobar cerrará sus puertas después de más de 50 años de actividad. Se trata de DIN S.A., una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas que llegó a producir alrededor de 1.000 toneladas mensuales y participó en más de 600 obras en Argentina y otros países.

La decisión fue comunicada en el marco de una reorganización de las operaciones del Grupo GOVAN, al que DIN se incorporó en junio de 2024. En aquel momento, la empresa había presentado su incorporación como una nueva etapa, asociada a la renovación de su imagen, su evolución y su compromiso con la ingeniería metálica.

Dos años después, el grupo decidió discontinuar las actividades de DIN en Escobar y concentrar sus recursos en otras operaciones.

Según explicaron desde GOVAN, DIN había sido adquirida con la expectativa de desarrollar nuevos proyectos, principalmente vinculados al sector minero. Sin embargo, esos emprendimientos no alcanzaron los niveles de actividad previstos y la compañía resolvió avanzar con su paralización.

Como parte del proceso, el grupo señaló que buscó reubicar a la mayor cantidad posible de trabajadores en otras plantas y empresas de GOVAN. Quienes no pudieron ser trasladados accedieron a acuerdos de retiro voluntario.

“Todo el proceso se está llevando adelante de manera ordenada y consensuada, con el objetivo de acompañar a cada trabajador y reducir al mínimo el impacto de la decisión”, señalaron desde la compañía.

El cierre se produce en un escenario de preocupación por la actividad industrial argentina, con distintos sectores afectados por la caída de la demanda y las dificultades para sostener los niveles de producción.

DIN S.A: una fábrica con más de 600 obras

DIN fue fundada en 1970 y durante más de cinco décadas desarrolló estructuras metálicas para grandes proyectos industriales y de infraestructura.

Entre sus trabajos destacados aparecen la Central Termoeléctrica Genelba, la Terminal B de Aeropuertos Argentina 2000 y el hangar de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza. También participó en obras vinculadas a proyectos como Pascua-Lama y Veladero, entre otros emprendimientos de gran escala.

La planta de Escobar llegó a alcanzar una capacidad de producción cercana a las 1.000 toneladas de estructuras metálicas por mes, pero finalmente dejará de funcionar.

El cierre generó tristeza entre quienes trabajaron durante años en la fábrica. Uno de ellos, Alex Morales, ingresó hace una década y compartió una extensa despedida en la que puso el foco en el impacto que tiene la pérdida de un lugar de trabajo más allá de los números de una empresa.

“Hoy se cierra una puerta. Pero detrás de esa puerta quedan más de 50 años de historia”, escribió.

Morales recordó que DIN fue su primer trabajo y que ingresó “con la hoja en blanco”, para luego aprender un oficio y construir allí vínculos que trascendieron el ámbito laboral.

“Le pueden poner el nombre que quieran. ‘Retiro voluntario’, ‘reestructuración’, ‘reorganización’. Pero cuando no hay trabajo y la única opción es aceptar e irse, de voluntario tiene muy poco”, expresó.

El trabajador también cuestionó la situación de una industria que durante décadas tuvo capacidad para desarrollar grandes obras.

“Tenemos trabajadores que saben hacer. Tenemos gente que sabe producir. Tenemos una empresa que demostró durante décadas que puede hacerlo. Entonces, ¿qué nos está faltando?”, planteó.

Y dejó una reflexión sobre el impacto que tiene el cierre de una planta sobre quienes trabajan en ella: “Porque detrás de cada persona que se va hay una familia. Hay cuentas. Hay proyectos. Hay hijos. Hay años de experiencia”.

Después de más de medio siglo, la actividad de DIN en Escobar llega así a su fin, mientras parte de sus trabajadores será reubicada y otros dejarán la empresa mediante acuerdos de retiro.

La crisis de Granja Tres Arroyos volvió a generar una fuerte movilización sindical. La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), junto a UATRE, la Federación de la Carne y la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), marchó este jueves hacia la Secretaría de Trabajo de la Nación para reclamar una intervención del Gobierno ante la situación que atraviesa la empresa y el riesgo sobre miles de puestos de trabajo.

La movilización reunió a delegaciones sindicales de distintos puntos del país, con una importante presencia de trabajadores de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Chaco, provincias donde la empresa tiene establecimientos afectados por la crisis.

Durante la jornada, representantes de las organizaciones gremiales fueron recibidos por funcionarios de la Secretaría de Trabajo. En el encuentro reclamaron que el Estado nacional intervenga para encontrar una salida al conflicto y evitar que continúen los despidos y el deterioro de las condiciones laborales.

“El Gobierno debe asumir la responsabilidad por las políticas que está llevando adelante”, afirmó el secretario general de la FTIA, Héctor Morcillo, durante la protesta. Y advirtió: “Si el Gobierno no interviene en este conflicto, el futuro es negro”.

El dirigente sostuvo que la situación de Granja Tres Arroyos no puede ser considerada simplemente como un conflicto entre una empresa y sus trabajadores.

“Tenemos claro que la herramienta que nos queda es la solidaridad en estos tiempos críticos que estamos viviendo”, planteó Morcillo, quien también cuestionó el manejo de la crisis por parte de la conducción de la compañía.

Para el titular de la FTIA, el escenario que atraviesa la empresa está relacionado con el rumbo de la economía nacional.

“Este grave problema es consecuencia de un modelo económico que desindustrializa, abre las importaciones y desconoce lo que le pasa a los trabajadores”, sostuvo.

En ese sentido, Morcillo vinculó la situación de Granja Tres Arroyos con otros procesos de pérdida de empleo registrados en distintos sectores de la industria.

“No podemos naturalizar que haya 7 mil familias con riesgo de quedar en la calle ni que 27 mil trabajadores textiles hayan perdido su fuente de trabajo. No podemos naturalizar que FATE haya cerrado y que las miles de fábricas y los 400 mil trabajadores registrados que han perdido su empleo sean cuestiones cotidianas. No vamos a esperar mansamente que algo derrame”, afirmó.

Los sindicatos reclaman una mesa con todos los sectores

Frente a la gravedad del escenario, las cuatro organizaciones gremiales reclamaron la convocatoria a una mesa de trabajo conjunta para discutir el futuro de Granja Tres Arroyos.

La propuesta contempla la participación del Estado nacional, la empresa, los sindicatos y la Cámara Empresaria, pero también de los gobernadores e intendentes de las localidades donde funcionan plantas de la compañía.

“Queremos una mesa que incluya al Estado nacional, la empresa, los sindicatos, la Cámara Empresaria, los gobernadores de todas las provincias donde se encuentran emplazadas las plantas de Granja Tres Arroyos, los intendentes, las fuerzas vivas y todos los actores vinculados con la actividad”, señaló Morcillo.

El reclamo sindical apunta a evitar nuevos despidos, recuperar los puestos de trabajo perdidos, regularizar los salarios que se encuentran atrasados y avanzar hacia la reactivación de las plantas industriales.

La movilización se produjo en un contexto de creciente preocupación entre los trabajadores de la empresa, que tiene una presencia histórica en la industria alimentaria argentina y genera empleo directo e indirecto en distintas provincias.

Morcillo llamó a mantener la organización gremial frente al escenario económico y laboral.

“Convocamos a todas y todos los compañeros a seguir movilizados, organizados y resistiendo estas políticas de ajuste y destrucción de la industria. Vamos a salir a la calle todas las veces que sea necesario”, concluyó.

La crisis desatada en la planta de Cargill de Arribeños, partido de General Arenales, podría escalar a nivel provincial. El Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SIUNFLETRA) anunció que profundizará las medidas gremiales y convocará a asambleas permanentes en todos los puertos de la provincia de Buenos Aires, luego de que la empresa decidiera reanudar sus operaciones sin resolver el conflicto que ya supera los 63 días.

La decisión del gremio se conoció tras la reciente intervención de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), que desplazó a toda su comisión directiva y designó un nuevo interventor.

Desde el sindicato señalaron que la conducción desplazada de la CATAC, encabezada por Ramón Jatip y Sergio Larovere, mantenía una relación directa con la Unión de Transportistas de Arribeños (UTA), organización señalada por los camioneros en el origen del conflicto.

«Ante la inminente reanudación de las actividades de la planta Cargill de Arribeños, donde se originó el conflicto que lleva 63 días, este sindicato intensificará las medidas gremiales de acción directa, que se traducirán en asambleas permanentes en la totalidad de los puertos de la provincia de Buenos Aires«, advirtió la organización en un comunicado.

El gremio aseguró que las medidas se mantendrán hasta que las nuevas autoridades de la CATAC convoquen a una mesa de diálogo que permita encontrar una solución definitiva.

Un conflicto que comenzó por presuntas comisiones ilegales

La disputa comenzó a principios de julio cuando un grupo de aproximadamente 30 fleteros independientes denunció el supuesto cobro de una comisión del 3% en negro para acceder a los viajes de carga desde la planta de Cargill.

Según los transportistas, la operatoria estaba vinculada a un intermediario que no prestaba un servicio efectivo y exigía ese porcentaje sobre cada flete.

Tras realizar las denuncias, los camioneros sostienen que fueron desplazados de la operatoria y reemplazados por otros transportistas.

Desde la conducción nacional de la CATAC siempre rechazaron esas acusaciones y aseguraron que los fleteros abandonaron voluntariamente el sistema de trabajo.

La intervención de CATAC suma tensión

La reciente resolución de la IGJ, que intervino la CATAC y removió a su conducción, reavivó el conflicto.

Para el Sindicato de Fleteros, la decisión del organismo nacional refuerza la necesidad de revisar lo ocurrido en Arribeños y avanzar en una instancia de negociación antes de que Cargill normalice completamente su actividad.

Mientras tanto, la empresa anunció que retomará las operaciones de la planta, aunque el conflicto con los transportistas continúa sin resolverse.

Si las medidas gremiales se concretan, el conflicto podría dejar de afectar únicamente a General Arenales y extenderse a la actividad portuaria de toda la provincia de Buenos Aires.