La Federación de Obreros Ceramistas (FOCRA) denunció que la compañía Cerro Negro, que es parte del holding Sociedad Comercial del Plata, realizó una serie de operaciones económicas intragrupo con transferencias por 6.445,3 millones de pesos a otras empresa del grupo económico. FOCRA asegura que la crisis que la empresa utilizó para realizar 96 despidos en Olavarría es «falsa»

“Ese movimiento de fondos fue realizado durante 2024, que fue el único de los últimos cinco años que presentó pérdidas según sus saldos”, apuntó FOCRA, durante la audiencia realizada en la sede de La Plata del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, solicitando a la cartera laboral que “exhorte a la empresa a no innovar sobre las condiciones de trabajo vigentes”.

El pasado 20 de marzo, Sociedad Comercial del Plata anunció la paralización total y cierre de la línea de pisos de la fábrica Cerro Negro en Olavarría y despidió a 96 trabajadores. El ministerio de Trabajo bonaerense intervinó en el conflicto y dictó la conciliación obligatoria que aún está vigente.

Este lunes hubo una audiencia en la que la empresa ratificó su decisión de reducir su personal.

“Rechazamos en su totalidad el accionar despidista de la empresa”, se indicó en el escrito presentado esta tarde y se subrayó que “es falso e inexistente” que la empresa se encuentra en crisis porque -como también se detalló en la presentación- es parte de un holding que cotiza en la Bolsa de Valores de Buenos Aires y “en un contexto inflacionario del 118%, el valor de la cotización de cada acción de Sociedad Comercial del Plata se incrementó un 239% y pasó a valer 73,40 a 248,50 pesos”.

El conflicto se originó un día después de que el Gobierno nacional logró el aval de la Cámara de Diputados para obtener un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Cerro Negro, despidió a 96 trabajadores de los 400 que tiene en su planta de Olavarría. La decisión de la empresa motivó una huelga, que fue suspendida en el marco de la conciliación obligatoria.

El dueño de Cerro Negro -que también tiene plantas en Campana y Córdoba- es el holding argentino Sociedad Comercial del Plata SA, que tiene varias empresas con las que opera en los sectores de construcción, energía, agroindustria y negocios inmobiliarios.

En 2024, el holding tuvo ganancias por 66.420,5 millones de pesos. El 9 de diciembre de 2024, firmó con una de sus empresas, Destilería Argentina de Petróleo SA (DAPSA), un acuerdo con YPF para la comercialización de combustibles por 1.130 millones de dólares.

En los últimos días, la ciudad de Chacabuco registró despidos en al menos dos empresas importantes para la ciudad. Una de las situaciones se produjo en la fábrica de pastas Don Yeyo donde uno de los trabajadores despedidos prendió fuego su moto en señal de protesta.

«Reducen puestos laborales, no cumplen con las leyes y todos se lavan las manos. Juegan con nuestro destino y te echan de la nada», aseguró el joven despedido que incendió su moto frente a la planta de Don Yeyo en forma de protesta.

Días antes habían sido despedidos otros diez trabajadores en la empresa Torres Americanas que dependía directamente de la obra pública.

«La flexibilidad laboral votada por todos los partidos patronales, da el marco legal para que estos empresarios inescrupulosos, mantengan a cientos de jóvenes de la ciudad en la incertidumbre, durante seis meses, para luego ser remplazos por otros jóvenes. Así mantienen una política de inestabilidad para nuestros pibes», denunciaron desde el Partido Obrero de Chacabuco.

Don Yeyo elabora pastas y panificados desde 1991 en Chacabuco. En la planta ubicada en el Acceso Elguea-Román elabora pastas frescas, panificados, tapas de empanadas y pascualinas.

En febrero, las ventas de los supermercados y autoservicios registraron una caída del 9,8%, siendo décimoquinto mes consecutivo con retroceso en el consumo masivo.

El Gobierno nacional fijó el nuevo salario mínimo docente en 500.000 pesos a partir de febrero, de manera unilateral al no contar con el acuerdo de los gremios, mediante la Resolución 381/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La decisión, impulsada por la Secretaría de Educación, se tomó tras el fracaso de las negociaciones con los sindicatos en la Comisión Negociadora del Convenio Marco, que se reunió a mediados de febrero para discutir el aumento propuesto por la asamblea del Consejo Federal de Educación.

El texto oficial señaló que “las partes fijaron sus posiciones y, luego de un extenso intercambio de opiniones, no se pudo alcanzar un acuerdo sobre el monto del salario mínimo de los trabajadores docentes”.

En este contexto, la normativa determinó que el salario mínimo docente para el cargo testigo de maestro de grado común, jornada simple y sin antigüedad, o su equivalente en horas cátedra, será de $500.000 a partir del 1 de febrero de 2025.

Cabe señalar que en la Provincia de Buenos Aires, el último acuerdo de la paritaria docente fijo el salario del maestro de grado común, jornada simple y sin antigüedad en 591.763 pesos en febrero y 602.998 pesos a partir de marzo.

Este aumento representa un incremento del 19% con respecto al valor anterior de $420.000, fijado en agosto del año pasado, también en desacuerdo con la postura gremial. Este incremento queda por debajo de la inflación del período.

Además, se estableció que este nuevo sueldo mínimo será el importe de referencia para las transferencias a las provincias que forman parte del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, creado por el artículo 9º de la Ley Nº 26.075.

El Gobierno justificó la convalidación del piso salarial señalando que responde a la necesidad de garantizar que ningún docente perciba una remuneración inferior a la establecida, en consonancia con la decisión política del Consejo Federal de Educación y el Ejecutivo.

La mesa de negociación estuvo integrada por los gremios de la Asociación del Magisterio De Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Unión Docentes Argentinos (UDA). Por parte del Ejecutivo, participaron la Secretaría de Educación, la de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como el Consejo Federal de Educación y su Comité Ejecutivo.