Cayó una parte de “La Liga”, la famosa mafia de los remates liderada por martilleros y abogados
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Las operaciones de estas bandas son conocidas en casi todo el país. Se trata de una organización con muchas ramificaciones que copan las subastas y recurren a todo tipo de amenazas y aprietes para bajar la cantidad de ofertas por un determinado inmueble para luego cerrar compras a precios muy ventajosos. Ahora hubo siete allanamientos en el Conurbano, Bahía Blanca y Puán.
Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense informaron que logró desbaratar a “La Liga” tras múltiples operativos realizados por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el Conurbano, en Bahía Blanca y en Púan.
Sin embargo, los detenidos son sólo unos pocos integrantes de esta famosa organización que está compuesta por más de 300 personas pertenecientes al sector de los estudios inmobiliarios y que opera en los remates, quedándose con inmuebles previa coerción sobre la competencia.
Este grupo está dividido en diferentes facciones que operan en casi todas las provincias argentinas y su forma de proceder es conocida en todas muchas localidades bonaerenses. La existencia de esta mafia siempre fue un secreto a voces.
Los operativo, siete en total, estuvieron a cargo de oficiales pertenecientes al Departamento de Casos Especiales de la Policía Provincial, con la colaboración de efectivos de la Policía Federal, y se llevaron a cabo en Ciudadela, Moreno, Bahía Blanca y Púan.
Producto de los allanamientos, las autoridades atraparon acuatro de los miembros de entre 50 y 66 años y secuestraron documentación vinculada a remates judiciales, anotaciones, computadoras, tablets, discos rígidos, pen drives, teléfonos celulares, sim cards y armas de fuego.
El modus operandi que describieron desde Seguridad consistía en que personas contratadas por “La Liga” copaban los remates y ofrecían precios que sobrevaloraban la propiedad subastada para hacer desistir a los demás oferentes y luego una persona adjudicada al remate y ligada a la organización ofertaba un precio similar al de base y compraba el inmueble.
A partir de una amplia pesquisa, que incluyó la intervención de líneas telefónicas, los investigadores constataron la existencia de la actividad ilícita y con aval de la justicia montaron los operativos que permitieron el desbaratamiento de la banda delictual.
Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la UFI N° 9 a cargo del Dr. Sebastián Foglia y del Juzgado de Garantías Nro. 3 de la Dra. Susana Calcinelli, ambos del Departamento Judicial de Bahía Blanca, bajo la carátula “Estafa, Estafa en Grado de Tentativa, Impedimento de Acto Funcional, Extorsión, Coacción y Asociación Ilícita”.
Diferentes grupos de vecinos en varias ciudades de la provincia se han organizado para exigir la instalación de cámaras de fotomultas en los accesos principales a las comunas, donde afirman que los vehículos suelen ingresar a alta velocidad, poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad.
La iniciativa busca reducir los accidentes viales que, según los vecinos, han ido en aumento debido a la falta de controles efectivos en los puntos de ingreso a la ciudad.
“Es una situación preocupante. Todos los días pasan autos y camiones a gran velocidad, sin respetar las señales. Necesitamos medidas que puedan hacer cumplir la ley y proteger a nuestros hijos y familias”, expresaron desde un grupo de vecinos de la zona. La petición ya cuenta con el respaldo de decenas de firmas y está siendo presentada a las autoridades locales en busca de respuestas concretas.
Las autoridades municipales han señalado que la instalación de cámaras de fotomultas requiere la autorización y colaboración de la Provincia, además de un presupuesto significativo para la adquisición de equipos y el monitoreo correspondiente. Desde el municipio, han afirmado que están evaluando alternativas.
El modelo de las fotomultas en los Municipios que instaló polémica
En caso de que la propuesta avance, deberá pasar por el Concejo Deliberante antes de pasar a la colocación. Allí podría darse una controversia debido a denuncias recientes que han puesto en el foco las licitaciones para instalar las cámaras en los Municipios bonaerenses. Según una nota publicada por el portal Mundo Gremial, se trataría de un negocio millonario en el que municipios y universidades nacionales colaboran para evitar licitaciones públicas. Mediante acuerdos con fundaciones universitarias, que actúan como intermediarias, las comunas instalan cámaras sin pasar por los controles habituales, lo que ha beneficiado a empresas como Secutrans SA, dirigida por el empresario Leandro Camani.
Figuras como Matías Trejo, quien pasó de regulador a operador en este esquema, y su socio Mariano Campos habrían trabajado para posicionar a Secutrans en varios municipios. Esta red de intermediación permitiría que gran parte de la recaudación termine en manos de empresas y fundaciones, dejando a los municipios con solo el 15-30% de las multas.
Este conflicto ha puesto en debate el rol de las universidades y la transparencia en el negocio de las fotomultas, llevando a cuestionamientos sobre el modelo de recaudación y distribución de los ingresos, según revela el portal Mundo Gremial.
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