Gremios
“Ferraresi se va dejando básicos de indigencia y trabajadores despedidos durante la pandemia”, apuntaron desde el Sindicato de Trabajadores Municipales
Daniel Ferro del STMA se refirió al reciente nombramiento del intendente de Avellaneda al frente del Ministerio de Hábitat y Vivienda y recordó las cuentas pendientes que deja con el salario y las condiciones laborales de los trabajadores que dependen de la comuna. De hecho el gremio que conduce Hernán Doval viene de denunciar irregularidades en la paritaria “cerrada a la baja con gremios afines” y el despido de 10 trabajadores de obras públicas en medio de la pandemia.
Este martes se formalizó la primera renuncia dentro del Gabinete de Alberto Fernández. María Eugenia Bielsa abandona el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat y será reemplazada por Jorge Ferraresi, hasta ahora intendente de Avellaneda. En la comuna se dirime ahora quién será su reemplazo, que de acuerdo con la Ley Orgánica de los municipios debería quedar en manos del primer concejal. En este caso la función debería recaer sobre Alejo Chornobroff, quien se desempeña como jefe de gabinete municipal. Pero por otro lado se encuentra el presidente del Concejo Deliberante, Hugo Barrueco, tercero en la lista y aspirante al cargo. En el medio se encuentra la concej
al de la Cámpora Sabrina Rearte, quien pediría licencia para que Barrueco llegue al primer escanio, en el caso de que Chornobroff también abandone.
No obstante y más allá del debate en torno al reemplazo de Ferraresi al frente de la gestión municipal, Daniel Ferro, secretario de Prensa, Difusión y Cultura del STMA, se refirió a las cuentas pendientes que el ahora ministro deja con los trabajadores municipales. En ese sentido manifestó en diálogo con Todo Provincial:
“Como intendente le cambió la imagen a la ciudad, y creo que eso es lo que valoraron desde Nación, pero con los trabajadores municipales tuvo un comportamiento muy miserable, poniendo en jaque siempre los salarios, con mal trato, amenazas, quita de bonificaciones y horas extras, despidos. Nunca respetó la Ley de los municipales que es la que nos garantiza las condiciones salariales y laborales”.
En esa línea añadió que el traspaso se da en medio de una denuncia del STMA por irregularidades en la última paritaria en la que el único gremio con personería gremial no fue convocado y que deja el salario básico municipal por debajo de la línea de indigencia.
Al desglosar el acuerdo, Ferro detalló que hoy el básico del empleado municipal se encuentra en los 15 mil pesos. “Con el 7% de aumento de noviembre va a pasar a ser de 16.050 pesos, Con el 5% de aumento de diciembre vamos a cobrar a fin de año un Básico de $16.800 pesos, con el 8% de aumento de febrero de 2021 va a pasar a ser de $18.000 pesos y con el 7% de abril va a pasar a ser de 19.050 pesos”, completó y afirmó que con estas cifras, acordadas entre bambalinas con “gremios afines”, el salario municipal no va a alcanzar a equiparar la canasta básica actualizada en septiembre por el Indec, y que establece los 19.430 como piso de la indigencia.
“Esto quiere decir que con este ‘aumentazo’, el Salario Básico que vamos a cobrar en mayo de 2021 está por debajo del Nivel de Indigencia de Septiembre de 2020, ni hablemos del índice de Pobreza que desde septiembre de 2020 está en 47.215 pesos”, cuestionó el dirigente.
En tanto agregó que a falta de una instancia formal de discusión paritaria, el Ejecutivo de Avellaneda avanzó con nuevos recortes que terminan por perjudicar aún más el ingreso de los trabajadores. En ese sentido expresó que “Todo esto se da en un contexto de ajuste y reestructuración que viene realizando la Municipalidad quitando Jornadas Prolongadas y Sextas Jornadas y bajando los montos de la Bonificación por Trabajo en Equipo”.
“Para el año que viene la Municipalidad planifica un aumento de Tasas del 50%. Vamos a pagar más de aumento de Tasas de lo que vamos a cobrar de aumento de Sueldo”, expresó Ferro tras describir el complejo panorama de deterioro salarial.
“A esto hay que sumarle que en diciembre ingresarán a la Municipalidad trabajadores de recolección que van a cobrar 5 veces más de los que cobramos por la realización de la misma tarea”, cuestionó.
“El ex emperador de Avellaneda terminó castigando a los trabajadores que le pusieron el cuerpo a la pandemia durante todo este tiempo, y no es justo que hoy salgan a la luz personajes que estuvieron escondidos durante toda la crisis sanitaria para firmar un acuerdo miserable y vergonzo”, manifestó al tiempo que informó que el STMA llevará nuevamente el reclamo ante el Ministerio de Trabajo, ya que se violó la Ley de Organizaciones Sindicales y la Ley propia de los municipales de Paritarias y Negociación Colectiva (14656).
10 Despedidos en plena pandemia
Al corolario de cuentas pendientes que deja Ferraresi con los empleados de la comuna, Ferro suma el despido de diez trabajadores de Obras públicas, de la Unidad Ejecutora de Viviendas. Todos con al menos tres años de antigüedad: “Es decir no respetó la ley 14656 que garantiza la estabilidad, pero tampoco respetó el decreto presidencial que prohíbe los despidos durante la Pandemia”.
El peor “debe”
Para finalizar Daniel Ferro, recordó una cifra lamentable que también quedará en “el debe”: “Ferraresi, está en la gestión municipal de Avellaneda desde el año 1991 cuando asumió como secretario de Obras Públicas, bajo la administración de Baldomero Cacho Álvarez. Durante su gestión como secretario y después como intendente hubo cinco trabajadores muertos en horario laboral, por la desidia, por no cumplir con las medidas de seguridad e higiene. Cinco trabajadores de su gestión, espero que donde vaya muestre obras pero además cuide a los trabajadores que ponen el cuerpo para hacerlas”.
Una histórica planta industrial de Belén de Escobar cerrará sus puertas después de más de 50 años de actividad. Se trata de DIN S.A., una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas que llegó a producir alrededor de 1.000 toneladas mensuales y participó en más de 600 obras en Argentina y otros países.
La decisión fue comunicada en el marco de una reorganización de las operaciones del Grupo GOVAN, al que DIN se incorporó en junio de 2024. En aquel momento, la empresa había presentado su incorporación como una nueva etapa, asociada a la renovación de su imagen, su evolución y su compromiso con la ingeniería metálica.
Dos años después, el grupo decidió discontinuar las actividades de DIN en Escobar y concentrar sus recursos en otras operaciones.
Según explicaron desde GOVAN, DIN había sido adquirida con la expectativa de desarrollar nuevos proyectos, principalmente vinculados al sector minero. Sin embargo, esos emprendimientos no alcanzaron los niveles de actividad previstos y la compañía resolvió avanzar con su paralización.
Como parte del proceso, el grupo señaló que buscó reubicar a la mayor cantidad posible de trabajadores en otras plantas y empresas de GOVAN. Quienes no pudieron ser trasladados accedieron a acuerdos de retiro voluntario.
“Todo el proceso se está llevando adelante de manera ordenada y consensuada, con el objetivo de acompañar a cada trabajador y reducir al mínimo el impacto de la decisión”, señalaron desde la compañía.
El cierre se produce en un escenario de preocupación por la actividad industrial argentina, con distintos sectores afectados por la caída de la demanda y las dificultades para sostener los niveles de producción.
DIN S.A: una fábrica con más de 600 obras
DIN fue fundada en 1970 y durante más de cinco décadas desarrolló estructuras metálicas para grandes proyectos industriales y de infraestructura.
Entre sus trabajos destacados aparecen la Central Termoeléctrica Genelba, la Terminal B de Aeropuertos Argentina 2000 y el hangar de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza. También participó en obras vinculadas a proyectos como Pascua-Lama y Veladero, entre otros emprendimientos de gran escala.
La planta de Escobar llegó a alcanzar una capacidad de producción cercana a las 1.000 toneladas de estructuras metálicas por mes, pero finalmente dejará de funcionar.
El cierre generó tristeza entre quienes trabajaron durante años en la fábrica. Uno de ellos, Alex Morales, ingresó hace una década y compartió una extensa despedida en la que puso el foco en el impacto que tiene la pérdida de un lugar de trabajo más allá de los números de una empresa.
“Hoy se cierra una puerta. Pero detrás de esa puerta quedan más de 50 años de historia”, escribió.
Morales recordó que DIN fue su primer trabajo y que ingresó “con la hoja en blanco”, para luego aprender un oficio y construir allí vínculos que trascendieron el ámbito laboral.
“Le pueden poner el nombre que quieran. ‘Retiro voluntario’, ‘reestructuración’, ‘reorganización’. Pero cuando no hay trabajo y la única opción es aceptar e irse, de voluntario tiene muy poco”, expresó.
El trabajador también cuestionó la situación de una industria que durante décadas tuvo capacidad para desarrollar grandes obras.
“Tenemos trabajadores que saben hacer. Tenemos gente que sabe producir. Tenemos una empresa que demostró durante décadas que puede hacerlo. Entonces, ¿qué nos está faltando?”, planteó.
Y dejó una reflexión sobre el impacto que tiene el cierre de una planta sobre quienes trabajan en ella: “Porque detrás de cada persona que se va hay una familia. Hay cuentas. Hay proyectos. Hay hijos. Hay años de experiencia”.
Después de más de medio siglo, la actividad de DIN en Escobar llega así a su fin, mientras parte de sus trabajadores será reubicada y otros dejarán la empresa mediante acuerdos de retiro.
La crisis desatada en la planta de Cargill de Arribeños, partido de General Arenales, podría escalar a nivel provincial. El Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SIUNFLETRA) anunció que profundizará las medidas gremiales y convocará a asambleas permanentes en todos los puertos de la provincia de Buenos Aires, luego de que la empresa decidiera reanudar sus operaciones sin resolver el conflicto que ya supera los 63 días.
La decisión del gremio se conoció tras la reciente intervención de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), que desplazó a toda su comisión directiva y designó un nuevo interventor.
Desde el sindicato señalaron que la conducción desplazada de la CATAC, encabezada por Ramón Jatip y Sergio Larovere, mantenía una relación directa con la Unión de Transportistas de Arribeños (UTA), organización señalada por los camioneros en el origen del conflicto.
«Ante la inminente reanudación de las actividades de la planta Cargill de Arribeños, donde se originó el conflicto que lleva 63 días, este sindicato intensificará las medidas gremiales de acción directa, que se traducirán en asambleas permanentes en la totalidad de los puertos de la provincia de Buenos Aires«, advirtió la organización en un comunicado.
El gremio aseguró que las medidas se mantendrán hasta que las nuevas autoridades de la CATAC convoquen a una mesa de diálogo que permita encontrar una solución definitiva.
Un conflicto que comenzó por presuntas comisiones ilegales
La disputa comenzó a principios de julio cuando un grupo de aproximadamente 30 fleteros independientes denunció el supuesto cobro de una comisión del 3% en negro para acceder a los viajes de carga desde la planta de Cargill.
Según los transportistas, la operatoria estaba vinculada a un intermediario que no prestaba un servicio efectivo y exigía ese porcentaje sobre cada flete.
Tras realizar las denuncias, los camioneros sostienen que fueron desplazados de la operatoria y reemplazados por otros transportistas.
Desde la conducción nacional de la CATAC siempre rechazaron esas acusaciones y aseguraron que los fleteros abandonaron voluntariamente el sistema de trabajo.
La intervención de CATAC suma tensión
La reciente resolución de la IGJ, que intervino la CATAC y removió a su conducción, reavivó el conflicto.
Para el Sindicato de Fleteros, la decisión del organismo nacional refuerza la necesidad de revisar lo ocurrido en Arribeños y avanzar en una instancia de negociación antes de que Cargill normalice completamente su actividad.
Mientras tanto, la empresa anunció que retomará las operaciones de la planta, aunque el conflicto con los transportistas continúa sin resolverse.
Si las medidas gremiales se concretan, el conflicto podría dejar de afectar únicamente a General Arenales y extenderse a la actividad portuaria de toda la provincia de Buenos Aires.
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