La histórica Feria de la Bristol dejó de existir tras un impactante operativo en la ciudad de Mar del Plata, donde la Municipalidad de General Pueyrredón demolió más de 170 puestos instalados desde hacía más de 25 años. El procedimiento, realizado durante la madrugada, sorprendió a los feriantes que permanecían en el lugar y puso fin a un conflicto que llevaba años.

El desalojo se produjo luego de un allanamiento ordenado por la Justicia Federal y ejecutado por la Prefectura Naval Argentina, en el marco de una causa por infracción a la Ley de Marcas. Tras ese primer paso, máquinas municipales avanzaron sobre “La Saladita”, como se conocía al predio ubicado entre la vereda y la arena, arrasando con todas las estructuras.

Mega operativo y demolición total de la «Saladita» de Mar del Plata

El despliegue comenzó cerca de las 2 de la madrugada, cuando camiones y fuerzas de seguridad se apostaron en la zona de Plaza Colón. Luego se acordonó el área y, desde la playa, ingresaron topadoras y palas mecánicas para derribar los puestos.

Del operativo participaron más de 100 efectivos de la Prefectura Naval Argentina, más de 150 agentes de la Policía Bonaerense y cerca de 100 trabajadores municipales de distintas áreas como Seguridad, EMSUR, EMVIAL, Inspección General y SAME.

Al amanecer, el lugar mostraba un panorama desolador: estructuras destruidas, restos de chapas y maderas, y ningún rastro de la feria que durante décadas funcionó como fuente de trabajo para cientos de familias.

Conflicto social y repercusiones políticas

El conflicto había comenzado el miércoles por la tarde con el allanamiento. Los feriantes denunciaban un “desalojo disfrazado” y anticipaban que resistirían en el lugar. “No vamos a permitir que se lleven nuestro trabajo”, manifestaron, en medio de la incertidumbre por su futuro laboral.

Tras el desmantelamiento, trabajadores y representantes del Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA) comenzaron a organizar una manifestación frente a la Municipalidad. La pérdida de la fuente de ingreso generó escenas de angustia entre quienes sostenían su economía en la feria.

Desde el gobierno municipal defendieron el procedimiento. El intendente Guillermo Montenegro había denunciado en 2024 la ocupación indebida del predio y, tras el operativo, sostuvo que “el vale todo perjudicó durante años a marplatenses y turistas”. En la misma línea, el presidente del bloque oficialista, Agustín Neme, celebró la intervención y habló de “orden, legalidad y reglas claras”.

También hubo apoyos políticos, como el del concejal del PRO Julián Busetti, quien expresó: “Basta de decadencia. Hoy empieza a recuperarse lo que es de todos”.

En contraposición, desde la oposición cuestionaron la medida. La concejala de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, remarcó que la feria era de carácter municipal y apuntó contra la gestión local por la falta de soluciones previas: “La feria de Bristol es municipal. En 2021 hubo un llamado a licitación, no hubo pliego ni soluciones”.

El operativo cerró así un capítulo de más de dos décadas de actividad en la Feria de la Bristol, pero abrió un nuevo escenario de conflicto social y político en Mar del Plata.

El juez federal Martín Bava dictó una medida de no innovar en el cementerio municipal de Villa Gesell ante la sospecha de que en el lugar podrían estar enterradas personas víctimas de los vuelos de la muerte durante la última dictadura cívico militar.

La decisión se tomó tras la declaración de una vecina que aportó información sobre la posible existencia de tumbas sin identificar, lo que motivó el pedido de preservación del predio por parte de la querella.

Testimonio clave y tumbas NN

El 2 de marzo, Marcela González, residente de Villa Gesell, declaró ante el magistrado y relató que su madre, empleada municipal desde 1975, fue enviada a comienzos de los años ‘80 a realizar un relevamiento en el cementerio local.

“Mi mamá trabajó en la Municipalidad desde 1975. A principios de los ‘80, la mandan a hacer un relevamiento en el cementerio local porque había muchas tumbas que no estaban anotadas en el libro”, contó.

“Cuando mi mamá va a hacer el relevamiento se encuentra con que había un montón de tumbas que no tenían nombre, ni registro ni nada. Habla con este señor (…) y él le dice que son personas que han llevado de noche”, agregó.

Según su testimonio, el encargado del cementerio habría mencionado que los cuerpos eran trasladados por un efectivo policial. González sostuvo además que su madre habría detectado 18 tumbas NN, y que en una de ellas habría restos de dos personas, lo que eleva la estimación a 19 posibles víctimas.

Investigación judicial y preservación del predio

A partir de estos elementos, el juez Bava consideró “razonable, útil, pertinente, necesario y proporcional” ordenar la preservación de la sección L del cementerio y de toda sepultura que haya ingresado entre 1976 y 1983.

Además, solicitó los libros del cementerio, ordenó relevar las tumbas NN y pidió informes sobre todos los cambios realizados en el lugar desde su creación.

La medida también tuvo en cuenta que existía un decreto municipal de limpieza que contemplaba exhumaciones en sepulturas sin regularización, lo que podría afectar pruebas relevantes.

Los vuelos de la muerte y las causas en curso

Los llamados vuelos de la muerte fueron uno de los mecanismos utilizados por la dictadura para desaparecer cuerpos de detenidos-desaparecidos, arrojándolos al mar o a ríos.

En el marco de estas investigaciones, Bava ya había procesado en 2022 a exfuncionarios judiciales, policiales y del ámbito médico por encubrir la aparición de cadáveres en la costa bonaerense, especialmente tras el hallazgo de 14 cuerpos en diciembre de 1978.

Durante los juicios se logró identificar a varias víctimas, muchas de ellas secuestradas en centros clandestinos como el Olimpo y la ESMA. Entre los casos más emblemáticos se encuentran los de las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, María Eugenia Ponce y Esther Ballestrino, además de la monja francesa Leonie Duquet.

Según investigaciones judiciales y académicas, entre 1976 y 1979 aparecieron al menos 76 cuerpos en las costas bonaerenses y uruguayas, de los cuales 43 fueron identificados.

“Los vuelos de la muerte han sido debidamente probados en sede judicial, sin margen de dudas”, señalaron desde el ámbito judicial en recientes fallos que confirmaron condenas por estos crímenes.

El intendente de General Alvarado – Miramar, Sebastián Ianantuony, firmó este miércoles el primer Convenio Colectivo de Trabajo municipal en la historia del distrito, en un acto realizado en la sala de Audiencias del Palacio Comunal junto a representantes gremiales.

Acompañado por el secretario General y de Gobierno, Natanael López, el jefe comunal destacó la relevancia del acuerdo: “Un paso histórico, es un hecho sin precedentes que pone en el centro a las personas detrás de cada servicio, de cada obra y de cada atención al vecino”.

En esa línea, remarcó: “Este acuerdo no solo es una firma; es seguridad, previsibilidad y mejores condiciones para todos los y las trabajadoras”.

Un acuerdo histórico para los trabajadores municipales de Miramar

Del acto participaron el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de General Alvarado, José Guffanti, y el titular de la FE.SI.MU.BO, Hernán Doval, junto a dirigentes sindicales locales y provinciales.

Ianantuony también valoró el rol de los gremios en la concreción del convenio: “Queremos expresar un agradecimiento a los sindicatos y representantes gremiales. Su compromiso, su predisposición al diálogo y el trabajo conjunto en cada mesa técnica hicieron posible este acuerdo. Este convenio es el resultado del diálogo, el respeto mutuo y la convicción de que un Estado sólido se construye con trabajadores valorados”.

El Convenio Colectivo de Trabajo municipal entrará en vigencia una vez que sea homologado por el Ministerio de Trabajo. Según se informó, se trata de una herramienta clave para garantizar derechos, mejorar condiciones laborales y reconocer el aporte de los trabajadores municipales en el funcionamiento del Estado local.