El gobernador bonaerense Axel Kicillof acompañó a más de un centenar de intendentes, legisladores y dirigentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM) que reclamaron ante el Ministerio de Economía de la Nación la reactivación de obras paralizadas y la transferencia de fondos adeudados.

Antes de la movilización al palacio de Hacienda donde los jefes comunales entregaron un petitorio, Kicillof participó de un encuentro que se realizó en la sede de la FAM, en la Ciudad de Buenos Aires, junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; y el presidente de la entidad e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Esta mañana, unos 150 intendentes de todo el país se movilizaron hasta hasta el Ministerio de Economía de la Nación y dejaron un petitorio dirigido a Luis Caputo en reclamo de fondos adeudados y obras públicas. En el palacio de Hacienda no los recibió nadie.

El documento alerta sobre la situación económica y social de más de 500 gobiernos locales del país. Entre los reclamos que presentaron los intendentas e intendentes de todos los partidos políticos, peronistas, vecinalistas, radicales al ministro de Economía de Luis Caputo, se denuncia que el Gobierno nacional recaudó 3,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles, que no utilizó ni para bajar el precio de la nafta o el gasoil, ni para realizar obras en rutas.

A esta situación se suma la emergencia alimentaria, la destrucción sistemática de las PyMEs, la enorme pérdida de puestos de trabajo y la creciente precarización de los empleos que aún sobreviven.

“La caída de recursos, el aumento de costos, la retracción de la actividad productiva y la creciente demanda social configuran un escenario de alta complejidad que requiera una mirada federal y articulada”, cerraron.

Kicillof advirtió: “Estamos viviendo una situación cada día más difícil”

En ese marco, Kicillof sostuvo: “Una enorme cantidad de intendentes e intendentas de la Argentina vinieron hoy a la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por las obras y los recursos que le corresponden a nuestro pueblo”. Además, advirtió que “en nuestra provincia y en todo el país estamos viviendo una situación cada día más difícil: mientras crecen las necesidades de la inmensa mayoría, el Gobierno nacional se desentiende de sus obligaciones, incumple leyes y desfinancia programas en todas las áreas”.

El mandatario bonaerense fue aún más duro al asegurar que “la deserción absoluta del Estado nacional generó una verdadera catástrofe social, productiva, laboral y económica para las familias argentinas” y remarcó: “Si no fuera por el acompañamiento y la asistencia en cada barrio y en cada municipio, la Argentina de Javier Milei sería ya una calamidad absoluta”.

Intendentes reclamaron por fondos, combustibles y obra pública

El documento presentado ante el Ministerio de Economía incluye una serie de demandas concretas: la reactivación de la obra pública con recursos del impuesto a los combustibles, retrotraer el precio de los combustibles al 1° de marzo y frenar el recorte de fondos nacionales.

En ese contexto, el gobernador riojano Ricardo Quintela planteó: “El desafío que tenemos como gobernadores e intendentes es diseñar una propuesta de país para ponerla a consideración de nuestra gente” y sostuvo que “el peronismo tiene que asumir la responsabilidad de ser la columna vertebral de un frente amplio”.

Por su parte, Espinoza remarcó el impacto directo en los territorios: “Los intendentes somos el primer oído de nuestros vecinos y conocemos minuto a minuto lo que pasa en cada ciudad: la situación no da para más porque el Gobierno nacional está destruyendo la producción, el trabajo y sometiendo a una profunda crisis social y económica a las familias argentinas”.

El encuentro reunió a representantes de 18 provincias y expuso un frente común de gobernadores e intendentes frente al ajuste nacional. En el cierre, Kicillof afirmó: “Este programa nacional le está arruinando la vida a la gente. La microeconomía está mal y la macro es espantosa: la solución no es solo cambiar el elenco, sino modificar por completo el modelo”.

El anuncio del Gobierno nacional sobre el cierre del Programa Remediar generó una fuerte preocupación en todo el país y encendió alarmas en las provincias, donde advierten por el impacto directo sobre millones de personas que dependen del sistema público de salud para acceder a medicamentos esenciales.

Según se informó en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA), el programa habría dejado de funcionar desde el 1° de abril, con una compra de emergencia prevista para cubrir mayo y junio. Luego, sería reemplazado por una estrategia mucho más acotada, limitada a enfermedades cardiovasculares y con provisión de apenas tres fármacos.

Kreplak: “Es una de las decisiones más graves y crueles”

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó con dureza la medida y advirtió sobre su impacto sanitario: “El cierre del programa Remediar es una de las cosas más graves, crueles y difíciles de recuperar que está haciendo este gobierno. Afecta directamente a la salud de 20 millones de personas”.

En la misma línea, agregó: “Cómo van a sacar el Remediar, son unas bestias. Hace 24 años que le da los medicamentos esenciales a más de 20 millones de personas”.

El funcionario también expresó su “profunda preocupación” por el “incumplimiento, la falta de información pública y la reducción en la provisión y distribución de medicamentos”, situación que —según sostuvo— ya comenzó a impactar en el acceso a tratamientos básicos.

Un programa clave que se achica drásticamente

El Plan Remediar es una política pública con más de dos décadas de historia que garantiza medicamentos gratuitos en el primer nivel de atención. Actualmente, distribuye 79 tipos de medicamentos en unos 7.800 centros de salud de todo el país, cubriendo cerca del 80% de las consultas.

Incluye tratamientos para enfermedades crónicas y agudas, como diabetes, hipertensión, infecciones respiratorias, urinarias, gastrointestinales y dermatológicas, además de antibióticos, analgésicos y vitaminas.

Sin embargo, con la nueva estrategia, la cobertura se reduciría de manera drástica: alcanzaría a unos 800 centros de salud y limitaría la entrega a un número muy reducido de medicamentos.

Fuerte caída en la cobertura y presión sobre las provincias

Un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria advierte que el ajuste en el programa ya venía en marcha. Entre 2023 y 2026, la entrega de botiquines cayó un 59% a nivel nacional.

En la Provincia de Buenos Aires, los centros de salud abastecidos pasaron de 1.617 a 1.132, mientras que las unidades de medicamentos distribuidas se redujeron más de un 55%.

El documento señala que la eliminación del programa “introduce un riesgo crítico de discontinuidad terapéutica”, especialmente en enfermedades crónicas, y advierte que la falta de medicamentos puede generar complicaciones evitables y mayor demanda en hospitales.

Crece la demanda en el sistema público

El cierre de Remediar se da en un contexto de aumento de la demanda en el sistema público, impulsado por la pérdida de cobertura de obras sociales y prepagas.

A esto se suma la reducción en la provisión de insumos y medicamentos, incluso en áreas sensibles como tratamientos oncológicos.

Desde distintas provincias ya anticipan que deberán asumir con recursos propios la compra de medicamentos que antes garantizaba Nación, lo que implica un fuerte impacto fiscal.

En la última reunión del COFESA, las jurisdicciones manifestaron un rechazo generalizado a la medida y alertaron sobre sus consecuencias en la sostenibilidad del sistema sanitario.

El Juzgado en lo Correccional N° 6 de San Isidro condenó este martes a un ex fiscal, dos abogados y un testigo por haber intervenido en una operatoria destinada a introducir pruebas falsas en la investigación del asalto a la vivienda de Sergio Massa y Malena Galmarini, ocurrido en 2013 en Tigre.

El fallo, firmado por el juez Hernán Sergio Archelli, estableció que Carlos Washington Palacios, Tomás Ángel Pérez Bodria, Esteban Mauricio Español y César Emiliano Jaunarena actuaron de manera coordinada para beneficiar a Alcides Gorgonio Díaz, ya condenado por el hecho, e intentar debilitar la validez de las pruebas que sustentaron aquella sentencia.

Según se reconstruyó en el expediente, el episodio del 21 de julio de 2013, inicialmente presentado como un robo, fue considerado en sede judicial como un hecho de intimidación política. A partir de los allanamientos posteriores, se obtuvieron elementos clave que derivaron en la condena de Díaz a 13 años de prisión.

No obstante, entre fines de 2014 y comienzos de 2015 se desplegó una maniobra paralela para alterar el curso del proceso. El tribunal determinó que Palacios utilizó una denuncia por amenazas presentada por Jaunarena para desviar la investigación hacia cuestionamientos sobre los procedimientos policiales, en lugar de profundizar en el origen de esas intimidaciones.

En ese contexto, los abogados involucrados habrían orientado al testigo para que incorporara datos falsos en sus declaraciones. Entre otras afirmaciones, Jaunarena sostuvo que durante los allanamientos se había incautado una suma mayor de dinero a la registrada oficialmente y que una persona ajena había ingresado con un bolso al lugar, circunstancias que luego fueron descartadas por la prueba judicial .

El juzgado valoró además evidencia de comunicaciones y testimonios que permitieron acreditar la articulación entre los acusados, así como intentos de influir en otros testigos para modificar sus versiones.

La sentencia también retoma antecedentes disciplinarios: Palacios había sido removido de su cargo en 2019 tras un jury que concluyó que había incumplido sus deberes funcionales y actuado fuera de los límites de su competencia.

Al momento de fijar las penas, el magistrado consideró la gravedad institucional de los hechos, al entender que se utilizó el sistema judicial con fines indebidos. En ese marco, dispuso seis años de prisión y doce de inhabilitación para el ex fiscal; cinco años de cárcel e igual período de inhabilitación profesional para los abogados; y cuatro años de prisión para el testigo.

Tras conocerse el veredicto, Malena Galmarini sostuvo en redes que la resolución judicial cierra un largo proceso marcado por intentos de distorsionar los hechos y destacó que “Intentaron ensuciar la verdad y terminaron condenados”.