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Tragedia en Monte Grande: ingenieros advierten que la falta de controles en el servicio eléctrico “puede multiplicar las muertes”

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La muerte de un operario en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, volvió a poner en primer plano una problemática estructural que el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) viene denunciando desde hace años: la falta de control técnico efectivo y el incumplimiento de normas básicas de seguridad en el servicio eléctrico.

El trabajador, que se desempeñaba para una empresa contratista de EDESUR, falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas en la vía pública. El hecho, que aún es materia de investigación, no es considerado un episodio aislado por la entidad, sino la consecuencia de una serie de irregularidades que se repiten tanto en empresas privadas como en cooperativas del interior bonaerense.

Desde el Colegio que preside Jorge Castellano remarcaron que desde 2015 vienen señalando incumplimientos sistemáticos a las leyes provinciales que regulan el ejercicio profesional de la ingeniería. Estas normas establecen que toda actividad vinculada a obras y servicios eléctricos debe contar con la intervención de ingenieros matriculados, debidamente registrados ante el organismo.

Sin embargo, en la práctica, esa exigencia muchas veces se elude. “La presencia de profesionales no es un requisito administrativo, sino una garantía básica de seguridad pública”, advirtieron, al tiempo que alertaron que la ejecución de trabajos sin respaldo técnico incrementa los riesgos tanto para trabajadores como para la comunidad.

Denuncias contra empresas, cooperativas y entes de control

El CIPBA también presentó un documento ante el OCEBA en el que advirtió sobre cooperativas eléctricas que operarían sin designar representantes técnicos ingenieros. Entre los casos señalados aparecen Orense, Pigüé, Claromecó y Coronel Pringles, donde —según indicaron— se estaría incumpliendo la obligación de contar con conducción técnica profesional permanente.

El planteo se extiende además a empresas prestatarias y sus contratistas, como EDESUR y ARGENENERGY S.A., sobre las que el Colegio ya inició acciones legales por la ejecución de tareas sin la debida intervención de ingenieros en áreas clave como higiene y seguridad, proyecto y dirección de obra.

Para la entidad, la falta de controles por parte de organismos como el OCEBA y el ENRE agrava el escenario. La reiteración de advertencias sin respuestas concretas configura, según plantearon, un contexto donde los riesgos dejan de ser potenciales para convertirse en tragedias.

“La distribución de energía eléctrica es una actividad intrínsecamente riesgosa”, subrayaron, al remarcar que redes, transformadores y líneas aéreas requieren supervisión técnica constante para evitar electrocuciones, incendios o daños materiales.

En ese sentido, insistieron: “El respeto por el ejercicio profesional no es una nimiedad”, sino una condición indispensable para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores.

La muerte del operario en Monte Grande, además de una tragedia, vuelve a encender una señal de alarma. Desde el CIPBA advirtieron que sin controles efectivos y sin el cumplimiento estricto de la normativa vigente, las consecuencias fatales pueden multiplicarse.

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“Quedamos ciegos”: investigador del SMN advierte sobre las consecuencias del despido masivo de observadores meteorológicos

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Los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendieron alarmas a nivel nacional por su impacto en el monitoreo climático, la seguridad aérea y los sistemas de alerta temprana. Desde el organismo denuncian que la reducción de personal ya compromete el funcionamiento básico del sistema. Este viernes habrá un “apagón informático”.

Según relató a Radio M de Olavarría (Desayuno con Noticias), el meteorólogo e investigador del Servicio Meteorológico Nacional, Luciano Vidal, “los despidos se anunciaron el miércoles en forma informal pero desde ayer comenzaron a llegar las notificaciones oficiales”.

En esta etapa, detalló, “son 140 despidos pero sabemos que están pidiendo 100 despidos más antes de fin de año. Creemos que luego habrá más porque el Ministerio de Desregulación está pidiendo más despidos y eso implicaría un colapso operativo porque estamos muy por debajo de la dotación mínima para poder hacer un monitoreo continuo para la protección de la población”.

Según trascendió, el objetivo del gobierno nacional es reducir la cantidad de observadores en las 125 estaciones meteorológicas de todo el país. Aunque las autoridades hablan de un proceso de automatización de sistemas, muy pocas estaciones cuentan con esa tecnología.

Despidos en el SMN: “De noche no se medirá más”

Uno de los principales del despido masivo de observadores meteorológicos será la reducción de los controles meteorológicos, especialmente en horario nocturno. “El impacto más significativo en la red de estaciones meteorológicas es que se dejará de medir durante la noche por falta de recursos humanos”, advirtió Vidal.

Actualmente, explicó, cada estación tiene su propio esquema de trabajo: “Hay algunas que miden las 24 horas y otras como Olavarría que ya venía midiendo entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche salvo cuando había vuelos sanitarios que se extendía el servicio”.

Sin embargo, la situación cambiará drásticamente: “Ahora el resto del país va a dejar de medir de noche. De noche no se medirá más. Esto hará que quedemos ciegos en montón de aspectos, fundamentalmente en el monitoreo de tormentas en un momento en que se producen los fenómenos más fuertes”.

Impacto en vuelos y servicios clave

El recorte también tendrá consecuencias en la actividad aerocomercial. En forma de protesta, el viernes 24 de abril, los trabajadores del SMN realizarán un «apagón informativo» entre las 5 de la mañana y las 12 del mediodía.

Se verán afectado los vuelos comerciales que dependen fuertemente de los pronósticos meteorológicos por la planificación de rutas y definición de aeropuertos alternativos. Además en la página del SMN se dejarán de actualizar distintos productos e información”, señaló.

Pese a este escenario, aclaró que se mantendrán activos los sistemas críticos: “No se dejará de cargar el sistema de alerta temprana y los avisos a muy corto plazo en caso de eventos meteorológicos críticos. No dejaremos a la población desprotegida en ese sentido”.

Como ejemplo del impacto territorial de los despidos en los vuelos, mencionó que en Olavarría ya se registraron despidos y advirtió que “probablemente no podremos brindar la asistencia necesaria para que el aeropuerto local realice los vuelos sanitarios en forma segura, principalmente durante la noche”, en un distrito clave para vuelos sanitarios.

“Vamos a contramano del mundo”

El especialista cuestionó el rumbo de la política pública en el área: “Vamos a contramano del mundo. Por el cambio climático, los países están invirtiendo y reforzando sus sistemas de alerta temprana para prevenir y mitigar los efectos de los fenómenos meteorológicos que son cada vez más intensos”.

También remarcó: “No quieren entender la relevancia de la meteorología para la seguridad nacional, la matriz productiva y la economía de Argentina”.

En ese marco, sostuvo que la reducción de personal no responde a criterios técnicos: “No hay gente de más. En 2015 se hizo una auditoría que arrojó que estábamos por debajo del personal necesario, con sobrecarga de tareas”.

Vidal advirtió que el ajuste se profundiza desde 2024: “El vaciamiento arrancó con el despido de 50 personas. Pasamos de 1200 trabajadores, ahora quedamos con 970, y antes de fin de año despedirán 100 más”.

Y concluyó: “No es una cuestión técnica objetiva a pesar de que lo disfracen de modernización”.

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Abrió la inscripción para estudiar en la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense

Abrió la inscripción para estudiar en la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense

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Desde este viernes 17 de abril y hasta el próximo 15 de mayo está abierta la preinscripción para la carrera de oficiales 2027 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que se dicta en la Escuela de Cadetes de La Plata.

La formación técnica ofrece salida laboral inmediata y título oficial. Los interesados deberán inscribirse de manera online, cumplir requisitos específicos y superar un proceso de selección para ingresar al cuerpo penitenciario.

La formación tiene una duración de dos años y entrega el título de Tecnicatura Superior en Gestión Penitenciaria para la Inclusión Social y se dicta en la Escuela de Cadetes «Inspector General Baltasar A. Iramain» que funciona en el Instituto Superior de Formación Técnica N° 6001, situado en 44 N° 2000 de La Plata.

Quienes egresen, además, serán incorporados al SPB con la jerarquía de Oficial Adjutor del Escalafón General. El título es emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y también cuenta con el aval de la Dirección General de Cultura y Educación.

Los requisitos para postularse en el SPB son los siguientes:

– Haber nacido entre el 5 de abril de 2003 y el 31 de diciembre de 2009.
– Ser argentino, nativo o por opción.
– Tener certificación de estudios secundarios completos.
– No poseer antecedentes penales.
– Entregar en término solicitud y documentación administrativa completa.

Los pasos a seguir tras la preinscripción

Una vez realizada la preinscripción virtual, la presentación de documentación será de manera presencial entre el del 18 de mayo y el 19 de junio de 2026 en la Escuela de Cadetes, con el fin de formalizar la inscripción.

Tras cumplimentar los pasos de preinscripción e inscripción, se llevará a cabo un proceso de selección que consistirá en la administración de pruebas eliminatorias que, en principio, serán de junio a octubre.

Esta instancia incluirá exámenes de conocimientos generales, psicotécnicos, de salud, de aptitud física y una entrevista personal con referentes institucionales.

En la web oficial del SPB se puede consultar la bibliografía sugerida para los exámenes y descargar el formulario de inscripción correspondiente.

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Más de 500 amenazas de tiroteos en escuelas bonaerenses: la Provincia activa protocolos y acciones penales por “terrorismo”

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La provincia de Buenos Aires atraviesa una situación de extrema preocupación tras registrarse más de 500 amenazas de tiroteos en escuelas públicas y privadas en distintos distritos. Frente a este escenario, el gobierno bonaerense definió una línea de acción clara: considerar estos hechos como delitos y avanzar con denuncias penales, descartando cualquier interpretación que los minimice como conductas juveniles.

“Algunos plantearon ir solo por el lado pedagógico pero se entendió que estamos hablando de un delito, delito de intimidación pública, sea en la escuela, sea donde sea”, explicaron voceros que participaron de reuniones de seguimiento de la situación.

En ese mismo sentido, remarcaron: “Acá no tenemos que hablar de travesuras, tenemos que hablar de un delito. Y se lo va a tratar así, las directoras están obligados a denunciarlo”.

Refuerzo de protocolos y presencia policial en escuelas

En distintos puntos de la provincia ya se activaron protocolos preventivos y de actuación. En Olavarría, por ejemplo, la Jefatura Distrital de Educación informó que se radicó la denuncia correspondiente tras detectarse amenazas en establecimientos educativos y que se pusieron en marcha operativos específicos.

Entre las medidas dispuestas se destaca la presencia policial en el exterior de las escuelas afectadas, con móviles apostados durante el horario de clases. Además, se definió que las instituciones continúen abiertas y funcionando con normalidad, garantizando el dictado de clases y la contención de la comunidad educativa.

También se estableció que durante la primera hora de clase se trabaje con los estudiantes sobre los alcances de una “amenaza terrorista, remarcando que se trata de un delito federal”.

Como parte de la estrategia, las autoridades educativas avanzarán en los próximos días con instancias de diálogo con las familias. En ese marco, se prevé la realización de jornadas informativas para explicar el protocolo, detallar la situación y generar espacios de escucha.

Además, equipos técnicos y autoridades educativas acompañarán a las instituciones para garantizar el abordaje integral del problema, que si bien tiene una dimensión pedagógica, también requiere una respuesta firme desde el ámbito judicial y de seguridad.

Desde el sistema educativo insistieron en la necesidad de un tratamiento responsable del tema, al advertir que estos episodios no son aislados y se vienen registrando en distintos puntos del país. Por ello, remarcaron la importancia de actuar con seriedad, compromiso y responsabilidad colectiva frente a un fenómeno que genera alarma social y pone en tensión a toda la comunidad educativa.

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