La muerte de un operario en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, volvió a poner en primer plano una problemática estructural que el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) viene denunciando desde hace años: la falta de control técnico efectivo y el incumplimiento de normas básicas de seguridad en el servicio eléctrico.
El trabajador, que se desempeñaba para una empresa contratista de EDESUR, falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas en la vía pública. El hecho, que aún es materia de investigación, no es considerado un episodio aislado por la entidad, sino la consecuencia de una serie de irregularidades que se repiten tanto en empresas privadas como en cooperativas del interior bonaerense.
Desde el Colegio que preside Jorge Castellano remarcaron que desde 2015 vienen señalando incumplimientos sistemáticos a las leyes provinciales que regulan el ejercicio profesional de la ingeniería. Estas normas establecen que toda actividad vinculada a obras y servicios eléctricos debe contar con la intervención de ingenieros matriculados, debidamente registrados ante el organismo.
Sin embargo, en la práctica, esa exigencia muchas veces se elude. “La presencia de profesionales no es un requisito administrativo, sino una garantía básica de seguridad pública”, advirtieron, al tiempo que alertaron que la ejecución de trabajos sin respaldo técnico incrementa los riesgos tanto para trabajadores como para la comunidad.
Denuncias contra empresas, cooperativas y entes de control
El CIPBA también presentó un documento ante el OCEBA en el que advirtió sobre cooperativas eléctricas que operarían sin designar representantes técnicos ingenieros. Entre los casos señalados aparecen Orense, Pigüé, Claromecó y Coronel Pringles, donde —según indicaron— se estaría incumpliendo la obligación de contar con conducción técnica profesional permanente.
El planteo se extiende además a empresas prestatarias y sus contratistas, como EDESUR y ARGENENERGY S.A., sobre las que el Colegio ya inició acciones legales por la ejecución de tareas sin la debida intervención de ingenieros en áreas clave como higiene y seguridad, proyecto y dirección de obra.
Para la entidad, la falta de controles por parte de organismos como el OCEBA y el ENRE agrava el escenario. La reiteración de advertencias sin respuestas concretas configura, según plantearon, un contexto donde los riesgos dejan de ser potenciales para convertirse en tragedias.
“La distribución de energía eléctrica es una actividad intrínsecamente riesgosa”, subrayaron, al remarcar que redes, transformadores y líneas aéreas requieren supervisión técnica constante para evitar electrocuciones, incendios o daños materiales.
En ese sentido, insistieron: “El respeto por el ejercicio profesional no es una nimiedad”, sino una condición indispensable para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores.
La muerte del operario en Monte Grande, además de una tragedia, vuelve a encender una señal de alarma. Desde el CIPBA advirtieron que sin controles efectivos y sin el cumplimiento estricto de la normativa vigente, las consecuencias fatales pueden multiplicarse.
