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El SOEMLP denunció por «estafa procesal» a Julio Garro y lo acusó de haber «falsificado» un decreto municipal
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El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata realizó este lunes la denuncia penal que fue radicada bajo el N° IPP 06-00-22813-20 con intervención de la Fiscalía N°15. El intendente de La Plata, Julio Garro fue denunciado por “abuso de autoridad, estafa procesal, desobediencia, incumplimiento de deberes de funcionarios público y falsificación ideológica del instrumento público”.
“Julio Garro, a través de la mentira y la falsificación de documentos públicos intentó revertir los fallos en su contra que dictaminaron el Ministerio de Trabajo y el Tribunal de Trabajo N°5 donde le ordenaron que reincorporara a los 47 trabajadores del servicio de atención telefónica, línea 147, despedidos al inicio del aislamiento social preventivo obligatorio”, acusa la denuncia presentada por el SOEMLP.
Luego de las intervenciones del Ministerio y el fuero Laboral a favor de los trabajadores, el gobierno comunal fue favorecido por una presentación realizada ante el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de La Plata, que falló a favor del municipio, en relación a los despidos.
Sin embargo, el gremio de municipales que integra FESIMUBO denuncia que el intendente logró un fallo favorable “omitiendo información y falsificando el decreto municipal 460/20”.
Ante esta situación, el apoderado legal del SOEMLP, Ricardo Bradley, también “informó al Juez en lo contencioso, que fue víctima de un fraude y estafa procesal, al haber tomado una decisión inducido por la mentira y decretos falseados por el intendente de La Plata”
“Lo ocurrido pone en evidencia la grave crisis institucional que la conducta caprichosa de Julio Garro ha generado desde que decidió no acatar la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio y desobedeció la Orden del Tribunal del Trabajo. Ahora, haciendo gala de su de su impunidad, engañó al Juez Terrier para que se pronunciara a su favor en lo contencioso administrativo. Por su parte, el Ministerio de Trabajo, luego de verificar la desobediencia, se encuentra en pleno trámite de aplicación de millonarias multas que, en definitiva, pagarán los ciudadanos platenses a través de mayor presión tributaria”, advirtieron desde el gremio.
Cómo empezó el conflicto
Ante el decreto presidencial 297/2020 que estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, desde el municipio local no hubo comunicación sobre protocolos de actuación ante la pandemia, menos en relación al servicio de atención telefónica que recibe todo tipo de consultas y reclamos, inclusive sobre COVID-19.
“Este contexto local generó un estado de confusión en los trabajadores respecto a si tenían o no que asistir a sus lugares de trabajo, motivo por el cual algunos de ellos no lo hicieron, bajo el consentimiento de sus jefes y coordinadores de área que también se encontraban en la misma situación. Nunca hubo una declaración que considerase al servicio del 147 como servicio esencial en el marco de la pandemia y por tanto exceptuado del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. Nunca hubo una comunicación informal ni muchos menos formal hacia los trabajadores sobre el deber de presentarse a trabajar”, señalaron desde el gremio.
Por esta situación, entre el 20 y el 25 de marzo municipio decidió avanzar con despidos contra la mayoría de los trabajadores del servicio mediante comunicación telefónica y por WhatsApp.
“Si bien el Municipio se escuda bajo el argumento de que el servicio que prestan los trabajadores afectados es de carácter esencial, no fue declarado como tal hasta tanto el SOEMLP realizara las denuncias correspondientes ante los organismos de control. Es así que la denuncia penal también lo es por falsificación ideológica del instrumento público”, advirtió el sindicato.
La denuncia penal contra Garro
Ante la denuncia realizada por los despidos en el Ministerio de Trabajo, el 22 de abril se fijó fecha de audiencia virtual a la cual el municipio no se presentó. El organismo de Trabajo calificó la situación como conflicto colectivo de trabajo y dispuso la instancia de conciliación obligatoria entre las partes. Asimismo, intimó a ambos a retrotraer la situación a la fecha anterior al conflicto y ordenó al municipio a reincorporar a los 47 trabajadores despedidos.
Habiendo transcurrido el tiempo para el cumplimiento de lo dispuesto (20 días hábiles) sin que nada ocurriera, el Ministerio fijó una nueva audiencia para el 28 de mayo a la cual el municipio tampoco asistió, por lo que ahora es pasible de severas multas de acuerdo a la Ley 10.149.
El SOEMLP presentó un amparo que recae en el Tribunal de Trabajo N°5 de La Plata, solicitando la reincorporación de los trabajadores, bajo apercibimiento de aplicar astreintes al Municipio y al propio Intendente Julio Garro en persona, el pago de la totalidad de los salarios caídos desde la cesantía dispuesta bajo apercibimiento de aplicar las más altas astreintes al Municipio empleador y al Intendente Julio Garro.
El 1 de junio, el Tribunal resolvió y ordenó a la Municipalidad que dé cumplimiento con lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y proceda a la reincorporación de los 47 trabajadores cesanteados del programa 147, con el mantenimiento de la obligación de pago de salarios.
Habiendo sido notificado, el intendente Julio Garro, nuevamente desobedeció la resolución incurriendo en principio en el delito de desobediencia a la autoridad de acuerdo al art. 239 de Código Penal. El 4 de junio el municipio solicitó que se deje sin efecto la cautelar esgrimiendo la incompetencia del Tribunal, pero no fue concedido.
El 19 de junio presentó un recurso de inaplicabilidad, y recién en este momento, haciendo referencia al Decreto municipal 460/20 que establece al servicio de atención telefónica como actividad esencial. El 30 de junio, volvió a presentarse el apoderado municipal, solicitando el levantamiento de la medida cautelar.
“Hasta aquí, sólo en su primera pretensión y en el recurso extraordinario ya referido se hace una vaga referencia al Decreto 460/20 por parte del municipio. Eso resulta absolutamente llamativo en tanto ese Decreto resultaría su defensa principal y eje fundamental de todos sus planteos. Resulta que en todas las instancias mencionadas anteriormente no existía ninguna denuncia penal contra los trabajadores despedidos ni el mencionado decreto 460/20. El decreto fue confeccionado con posterioridad adulterándose la fecha de dictado y por tal motivo no fue comunicado en su momento a los trabajadores”, denunció el sindicato.
En forma insólita, ese decreto fue copiado del 297/20 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional incurriendo en un error técnico legislativo, otorgando la comuna asueto al personal de Nación y no al municipal: “art. 4°, se otorga asueto al personal de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL LOS DIAS 20, 25, 26, 27 Y 30 DE MARZO DE 2020. (texto idéntico al art. 9 del decreto 297/20)”
Luego el municipio decidió recurrir al fuero contencioso administrativo local. Este último proceso se inició el 5 de junio y recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata, con el objetivo suspender las disposiciones anteriores que fallaban a favor de los trabajadores.
El apoderado legal del municipio expuso que “en el marco del aislamiento, los trabajadores del 147 no concurrieron a prestar los servicios normales y habituales que cumplimentan el fin del programa que revisten el carácter de esenciales en esta pandemia según decreto municipal 460/20.” Por primera vez apareció expuesto y adjuntado el decreto 460/20.
“Debe destacarse el fraude realizado por el municipio quien “omitió” en esta última denuncia mencionar al Juez que existía una resolución en el fuero laboral que exigía el cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Trabajo. Debido a lo expuesto, el Juez contencioso hace lugar a la medida cautelar presentada por el municipio suspendiendo los efectos de las disposiciones anteriores. De haber estado bien informado, el juez hubiera solicitado las actuaciones y se hubiera creado un conflicto de competencia, y seguramente no hubiera dictado semejante resolución”, aseguraron desde elSOEMLP.
Y advirtieron: “Mientras el Tribunal laboral ordenó cumplir con las disposiciones del Ministerio de Trabajo, otro Juez ordenó su suspensión. Lo ocurrido aquí es de una gran gravedad institucional, provocando una crisis generada por el Estado municipal por medio de sus órganos, con tremenda repercusión en el sistema constitucional argentino y de la provincia de Buenos Aires”.
“El SOEMLP exige que se dé cumplimiento a las disposiciones del Ministerio de Trabajo para que los trabajadores puedan recuperar sus fuentes de ingresos, luego de casi cuatro meses sin empleo, a través de instrumentos legales y administrativos en un momento donde establecer un plan de lucha y de protestas solo expone al riesgo del contagio, no siendo un camino viable en este contexto tan complejo que nos atraviesa a todos”, concluyó Gustavo Hernández, Secretario General de SOEMLP, adherido a la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses.
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Gremios
Después de 50 años cierra DIN S.A., histórica fábrica de estructuras metálicas de Escobar
Published
3 días atráson
11 septiembre, 2026
Una histórica planta industrial de Belén de Escobar cerrará sus puertas después de más de 50 años de actividad. Se trata de DIN S.A., una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas que llegó a producir alrededor de 1.000 toneladas mensuales y participó en más de 600 obras en Argentina y otros países.
La decisión fue comunicada en el marco de una reorganización de las operaciones del Grupo GOVAN, al que DIN se incorporó en junio de 2024. En aquel momento, la empresa había presentado su incorporación como una nueva etapa, asociada a la renovación de su imagen, su evolución y su compromiso con la ingeniería metálica.

Dos años después, el grupo decidió discontinuar las actividades de DIN en Escobar y concentrar sus recursos en otras operaciones.
Según explicaron desde GOVAN, DIN había sido adquirida con la expectativa de desarrollar nuevos proyectos, principalmente vinculados al sector minero. Sin embargo, esos emprendimientos no alcanzaron los niveles de actividad previstos y la compañía resolvió avanzar con su paralización.
Como parte del proceso, el grupo señaló que buscó reubicar a la mayor cantidad posible de trabajadores en otras plantas y empresas de GOVAN. Quienes no pudieron ser trasladados accedieron a acuerdos de retiro voluntario.
“Todo el proceso se está llevando adelante de manera ordenada y consensuada, con el objetivo de acompañar a cada trabajador y reducir al mínimo el impacto de la decisión”, señalaron desde la compañía.
El cierre se produce en un escenario de preocupación por la actividad industrial argentina, con distintos sectores afectados por la caída de la demanda y las dificultades para sostener los niveles de producción.

DIN S.A: una fábrica con más de 600 obras
DIN fue fundada en 1970 y durante más de cinco décadas desarrolló estructuras metálicas para grandes proyectos industriales y de infraestructura.
Entre sus trabajos destacados aparecen la Central Termoeléctrica Genelba, la Terminal B de Aeropuertos Argentina 2000 y el hangar de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza. También participó en obras vinculadas a proyectos como Pascua-Lama y Veladero, entre otros emprendimientos de gran escala.
La planta de Escobar llegó a alcanzar una capacidad de producción cercana a las 1.000 toneladas de estructuras metálicas por mes, pero finalmente dejará de funcionar.
El cierre generó tristeza entre quienes trabajaron durante años en la fábrica. Uno de ellos, Alex Morales, ingresó hace una década y compartió una extensa despedida en la que puso el foco en el impacto que tiene la pérdida de un lugar de trabajo más allá de los números de una empresa.
“Hoy se cierra una puerta. Pero detrás de esa puerta quedan más de 50 años de historia”, escribió.
Morales recordó que DIN fue su primer trabajo y que ingresó “con la hoja en blanco”, para luego aprender un oficio y construir allí vínculos que trascendieron el ámbito laboral.
“Le pueden poner el nombre que quieran. ‘Retiro voluntario’, ‘reestructuración’, ‘reorganización’. Pero cuando no hay trabajo y la única opción es aceptar e irse, de voluntario tiene muy poco”, expresó.
El trabajador también cuestionó la situación de una industria que durante décadas tuvo capacidad para desarrollar grandes obras.
“Tenemos trabajadores que saben hacer. Tenemos gente que sabe producir. Tenemos una empresa que demostró durante décadas que puede hacerlo. Entonces, ¿qué nos está faltando?”, planteó.
Y dejó una reflexión sobre el impacto que tiene el cierre de una planta sobre quienes trabajan en ella: “Porque detrás de cada persona que se va hay una familia. Hay cuentas. Hay proyectos. Hay hijos. Hay años de experiencia”.
Después de más de medio siglo, la actividad de DIN en Escobar llega así a su fin, mientras parte de sus trabajadores será reubicada y otros dejarán la empresa mediante acuerdos de retiro.
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Gremios
Granja Tres Arroyos: sindicatos marcharon y reclamaron a Nación una intervención urgente
Published
4 días atráson
10 septiembre, 2026
La crisis de Granja Tres Arroyos volvió a generar una fuerte movilización sindical. La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), junto a UATRE, la Federación de la Carne y la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), marchó este jueves hacia la Secretaría de Trabajo de la Nación para reclamar una intervención del Gobierno ante la situación que atraviesa la empresa y el riesgo sobre miles de puestos de trabajo.
La movilización reunió a delegaciones sindicales de distintos puntos del país, con una importante presencia de trabajadores de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Chaco, provincias donde la empresa tiene establecimientos afectados por la crisis.
Durante la jornada, representantes de las organizaciones gremiales fueron recibidos por funcionarios de la Secretaría de Trabajo. En el encuentro reclamaron que el Estado nacional intervenga para encontrar una salida al conflicto y evitar que continúen los despidos y el deterioro de las condiciones laborales.
“El Gobierno debe asumir la responsabilidad por las políticas que está llevando adelante”, afirmó el secretario general de la FTIA, Héctor Morcillo, durante la protesta. Y advirtió: “Si el Gobierno no interviene en este conflicto, el futuro es negro”.
El dirigente sostuvo que la situación de Granja Tres Arroyos no puede ser considerada simplemente como un conflicto entre una empresa y sus trabajadores.
“Tenemos claro que la herramienta que nos queda es la solidaridad en estos tiempos críticos que estamos viviendo”, planteó Morcillo, quien también cuestionó el manejo de la crisis por parte de la conducción de la compañía.
Para el titular de la FTIA, el escenario que atraviesa la empresa está relacionado con el rumbo de la economía nacional.
“Este grave problema es consecuencia de un modelo económico que desindustrializa, abre las importaciones y desconoce lo que le pasa a los trabajadores”, sostuvo.
En ese sentido, Morcillo vinculó la situación de Granja Tres Arroyos con otros procesos de pérdida de empleo registrados en distintos sectores de la industria.
“No podemos naturalizar que haya 7 mil familias con riesgo de quedar en la calle ni que 27 mil trabajadores textiles hayan perdido su fuente de trabajo. No podemos naturalizar que FATE haya cerrado y que las miles de fábricas y los 400 mil trabajadores registrados que han perdido su empleo sean cuestiones cotidianas. No vamos a esperar mansamente que algo derrame”, afirmó.
Los sindicatos reclaman una mesa con todos los sectores
Frente a la gravedad del escenario, las cuatro organizaciones gremiales reclamaron la convocatoria a una mesa de trabajo conjunta para discutir el futuro de Granja Tres Arroyos.
La propuesta contempla la participación del Estado nacional, la empresa, los sindicatos y la Cámara Empresaria, pero también de los gobernadores e intendentes de las localidades donde funcionan plantas de la compañía.
“Queremos una mesa que incluya al Estado nacional, la empresa, los sindicatos, la Cámara Empresaria, los gobernadores de todas las provincias donde se encuentran emplazadas las plantas de Granja Tres Arroyos, los intendentes, las fuerzas vivas y todos los actores vinculados con la actividad”, señaló Morcillo.
El reclamo sindical apunta a evitar nuevos despidos, recuperar los puestos de trabajo perdidos, regularizar los salarios que se encuentran atrasados y avanzar hacia la reactivación de las plantas industriales.
La movilización se produjo en un contexto de creciente preocupación entre los trabajadores de la empresa, que tiene una presencia histórica en la industria alimentaria argentina y genera empleo directo e indirecto en distintas provincias.
Morcillo llamó a mantener la organización gremial frente al escenario económico y laboral.
“Convocamos a todas y todos los compañeros a seguir movilizados, organizados y resistiendo estas políticas de ajuste y destrucción de la industria. Vamos a salir a la calle todas las veces que sea necesario”, concluyó.
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Gremios
Fleteros amenaza con bloquear los puertos bonaerenses por un conflicto en Cargill Arribeños
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5 días atráson
9 septiembre, 2026
La crisis desatada en la planta de Cargill de Arribeños, partido de General Arenales, podría escalar a nivel provincial. El Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SIUNFLETRA) anunció que profundizará las medidas gremiales y convocará a asambleas permanentes en todos los puertos de la provincia de Buenos Aires, luego de que la empresa decidiera reanudar sus operaciones sin resolver el conflicto que ya supera los 63 días.
La decisión del gremio se conoció tras la reciente intervención de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), que desplazó a toda su comisión directiva y designó un nuevo interventor.
Desde el sindicato señalaron que la conducción desplazada de la CATAC, encabezada por Ramón Jatip y Sergio Larovere, mantenía una relación directa con la Unión de Transportistas de Arribeños (UTA), organización señalada por los camioneros en el origen del conflicto.

«Ante la inminente reanudación de las actividades de la planta Cargill de Arribeños, donde se originó el conflicto que lleva 63 días, este sindicato intensificará las medidas gremiales de acción directa, que se traducirán en asambleas permanentes en la totalidad de los puertos de la provincia de Buenos Aires«, advirtió la organización en un comunicado.
El gremio aseguró que las medidas se mantendrán hasta que las nuevas autoridades de la CATAC convoquen a una mesa de diálogo que permita encontrar una solución definitiva.
Un conflicto que comenzó por presuntas comisiones ilegales
La disputa comenzó a principios de julio cuando un grupo de aproximadamente 30 fleteros independientes denunció el supuesto cobro de una comisión del 3% en negro para acceder a los viajes de carga desde la planta de Cargill.
Según los transportistas, la operatoria estaba vinculada a un intermediario que no prestaba un servicio efectivo y exigía ese porcentaje sobre cada flete.
Tras realizar las denuncias, los camioneros sostienen que fueron desplazados de la operatoria y reemplazados por otros transportistas.
Desde la conducción nacional de la CATAC siempre rechazaron esas acusaciones y aseguraron que los fleteros abandonaron voluntariamente el sistema de trabajo.

La intervención de CATAC suma tensión
La reciente resolución de la IGJ, que intervino la CATAC y removió a su conducción, reavivó el conflicto.
Para el Sindicato de Fleteros, la decisión del organismo nacional refuerza la necesidad de revisar lo ocurrido en Arribeños y avanzar en una instancia de negociación antes de que Cargill normalice completamente su actividad.
Mientras tanto, la empresa anunció que retomará las operaciones de la planta, aunque el conflicto con los transportistas continúa sin resolverse.
Si las medidas gremiales se concretan, el conflicto podría dejar de afectar únicamente a General Arenales y extenderse a la actividad portuaria de toda la provincia de Buenos Aires.
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