Durante una nueva reunión del Consejo Federal de la Hidrovía en Rosario, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se opuso a que se haga una nueva concesión del Sistema Navegable Troncal, propuso que sea el Estado el encargado de su gestión, contratando las obras particulares a necesarias. El gobierno nacional pretende dar continuidad al esquema de gestión privada iniciado en los ’90.

En línea con el planteo de numerosas organizaciones sociales y políticas del campo nacional y popular, Kicillof expresó su oposición a la misión encomendada por el polémico decreto 949 al Ente Nacional de Control y Gestión de la Hidrovía de licitar una nueva concesión privada.

El viernes se hizo en la Estación Fluvial de Rosario la reunión del Consejo Federal de la Hidrovía, organismo presidido por el Ministerio de Transporte de la Nación y del que participan los gobernadores de las provincias con frente fluvial.

Este encuentro tuvo por objetivo presentar y poner en funcionamiento el consejo directivo del Ente Nacional de Control y Gestión.

En su primera alocución, ante varios pares de otras provincias, Kicillof dijo que “es bienvenido que se hable de sistema troncal de navegación y se la deje de llamar hidrovía” y destacó lo provechoso del cambio de enfoque en su administración ya que “es un cambio sustancial que el Estado haya recuperado el cobro del peaje porque así hay más control y mejor dimensión de la ecuación económica que está en juego”.

El gobernador bonaerense también resaltó la necesidad de mejorar la navegabilidad aguas arriba de Rosario y llamó a empezar cuanto antes las obras. También aprovechó para insistir con la necesidad de arrancar con la construcción del Canal Magdalena, que sería un nuevo punto de entrada desde el mar al sistema argentino “para conectar el complejo fluvial con el complejo marítimo, hoy separados”. Actualmente, la conexión entre el Mar Argentino y el sistema troncal a través del Canal Punta Indio exige un paso obligado por el Puerto de Montevideo.

Según publicó Rosario3.com, sobre el final, Kicillof volvió a pedir la palabra y expresó la postura de la Provincia de Buenos Aires de mantener un sistema de gestión estatal del sistema Navegable Troncal, expresado parcialmente en los ríos Paraná, Paraná de las Palmas, y Río de la Plata, constituyendo un cauce de salida de aproximadamente del 80% de la exportación nacional.

“Nuestra postura es que no hay que ir hacia una nueva concesión privada. En la época en la que se concesionó se lo hizo porque por la magnitud de la obra y el financiamiento que demandaba era necesario privatizar la gestión y esa inversión que hace el privado luego se la recupera con el cobro del peaje. Esta etapa ya terminó. La obra, en su mayor dimensión, ya fue realizada. La obra ya está paga. Hoy lo que existe es una vía navegable troncal sobre la que hay que realizar mantenimiento y ampliaciones, como dragados a puertos, ensanches, radas y ver la factibilidad ambiental de sumar unos pies de profundidad. Por eso hay que cambiar la lógica y no es correcto ir por una nueva concesión privada”, aseguró.

Además, Kicillof sostuvo que “hoy el esquema no debería ser de una concesión, debería ser uno en la gestión, administración y cobro de peaje sigue en manos del Estado y que se contraten por las obras puntuales a realizar a las empresas. Hay que dejar atrás la figura del concesionario y hablar del contratista privado. Esa es mi posición. El Estado ya recuperó el control y ahora lo tiene que mantener”.

El ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, respondió: “Hay que analizarlo más fino porque el llamado a una licitación para concesión está en el propio decreto presidencial 556/2021. Pero eso no quita que se le pueda hacer una propuesta al propio presidente Alberto Fernández para hacer un cambio”.

«Hoy se necesita una nueva obra. Hoy el sistema de navegación troncal requiere obras que no se hicieron 26 años atrás. Es como si a una autopista de cuatro carriles se le necesitaran sumar 6 carriles más. Hay que analizar de manera técnica si las obras que se necesitan son bastante más complejas que las de un mantenimiento”, agregó el ministro.

Por otra parte cuestionó que «Si bien no se trata de sólo un ente de control, sino que el decreto 949 habla de concesión, no hay antecedentes en el país de un ente de control de un servicio público que cobre las tarifas. Y, precisamente, que haya intermediarios en el pase de dinero entre usuarios y prestadores, y que el intermediario sea el Estado, no es un tema menor para las empresas interesadas. ¿Esa incertidumbre puede generar costos extra a las obras habida cuenta de las previsiones que los privados hacen sobre el papel del Estado argentino como pagador de obras?».