Gremios
La CTM anunció un caravanazo al Obelisco “contra los salarios de indigencia en el empleo público municipal”
Rubén García, titular de la CTM que representa a trabajadores de las más de 2 mil comunas en todo el país, manifestó que “la situación en los municipios es extrema” con altos niveles de precarización laboral y salarial que quedaron expuestos con la pandemia. Por esto desde la CTM reclaman al gobierno nacional la creación del Consejo Nacional del Empleo Municipal Decente.
La Confederación de Trabajadores Municipales que representa a unos 600 mil trabajadores de de todo el país anunció una medida en reclamo de la convocatoria al Consejo Nacional del Empleo Municipal Decente. La “Caravana por la Dignidad del Empleo Municipal”, se llevará a cabo el próximo jueves 19 de noviembre a las ocho de la mañana. Partirá desde la sede de la CTM en Avellaneda hacia el obelisco donde se brindará una conferencia de prensa.
Sobre la medida el titular de la CTM, Rubén “Cholo” García, manifestó que “la pandemia desnudó muchas falencias”. ”Tenemos conflicto salarial en todas las provincias, con sueldos muy por debajo de la indigencia, tal es el caso de Formosa, con un básico de 9 mil pesos, Jujuy 4 mil pesos, Merlo, provincia de Buenos Aires, 8 mil pesos. En todas las provincias, con alguna salvedad en las capitales los trabajadores están cobrando sueldos de indigencia”, expresó.
“Nosotros hemos pedido al presidente Alberto Fernández cuando estaba en campaña, la creación del Consejo Nacional del Empleo Municipal Decente, para equilibrar las relaciones laborales sin violar la autonomía de los municipios”, dijo García y agregó: También se lo hemos planteado al Jefe de Gabinete en dos oportunidades y al Ministro de Trabajo. “Nos pidieron un tiempo prudencial por la pandemia, que creo que ya se cumplió porque son necesidades que no pueden seguir esperando. En La Plata el intendente Julio Garro despidió a 47 trabajadores en plena pandemia, en Avellaneda el intendente Jorge Ferraresi, hoy Ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial de la Nación despidió a trabajadores de Obras Públicas y docentes de Educación Artística también en plena pandemia y desconociendo el decreto presidencial. A esto se suma la baja de salarios, fraude laboral todo esto venimos sufriendo los trabajadores municipales”, destacó.
El proyecto data de 2010 cuando fue analizado por ex presidente Néstor Kirchner y el entonces Ministro de Trabajo Carlos Tomada. “Se lo presentamos a Néstor el 20 de octubre de 2010, estuvo de acuerdo, pero lamentablemente a los siete días falleció. Un hecho dramático para el país y para nosotros que venimos peleando por el reconocimiento de los trabajadores municipales”, recordó.
Luego el proyecto fue reflotado tras el triunfo electoral de Alberto Fernández, quien también se mostró de acuerdo. Asimismo en el transcurso del año el proyecto recibió el visto bueno del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, con quien García se reunió en dos oportunidades y del Ministro de Trabajo Claudio Moroni. “Estábamos en medio de la crisis sanitaria y las prioridades eran otras. Ahora que estamos saliendo de la pandemia necesitamos que esta mesa de diálogo esté en la agenda del gobierno nacional porque la situación de los trabajadores municipales es desesperante”, afirmó.
“Además de los salarios de indigencia en la mayoría de los municipios, la pandemia dejó al descubierto la precarización laboral, los contratos basura, los abusos de intendentes realmente que en muchos casos le han bajado el salario de los trabajadores, tal es el caso de Córdoba capital que le bajó un 30% el sueldo a los trabajadores. La Matanza, que le quiso dar un aumento de 500 pesos a los trabajadores, esas son las desigualdades que se producen y que no pueden esperar”, dijo.
En ese contexto García subrayó que es una problemática histórica en el sector que se agravó y que “esto no se arregla en un municipio en particular, sino con una mesa nacional donde estén representadas las provincias, los gremios y con el Ministerio de Trabajo como eje convocante”.
A su vez García destacó la importancia de “recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores municipales” para la reactivación económica. “En esto estuvieron de acuerdo tanto Fernández como el Jefe de Gabinete, porque sabemos que en muchas provincias la principal fuente de consumo la genera el empleo municipal. Entonces, si estos trabajadores tuvieran sueldos dignos, se motorizaría toda la economía de la región”.
“Ahora lo que queremos es que el gobierno tome nota y que se concrete, por eso tenemos que visibilizar los efectos de la pandemia, que independientemente del daño que ha provocado en la salud de la gente también ha desnudado las necesidades que tienen los trabajadores en los muncipios. Algún intendente se enojó cuando lo dije, pero lo cierto es muchos se sacan la foto con el presidente y los gobernadores cuando los muertos los ponemos nosotros, porque no tenemos las condiciones sanitarias mínimas para atender a nuestros conciudadanos”, resaltó.
“La Ley de Salario Mínimo Vital y Móvil es para todos menos para los municipales”
“Si hay una decisión política del presidente de convocar el Consejo del Empelo Municipal Decente queremos que el año que viene ya esté conformado. Porque hay una particularidad, cada vez que se reúne el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil en el marco de ley 24013, ahí empieza a sonar el teléfono en todos los sindicatos municipales para ver cuando cobramos el incremento del SMVM y nosotros taxativamente estamos excluidos de esa Ley. Es para todos, menos para los municipales”, destacó García y agregó: “Es lo grave de esta situación por la seudoautonomía de los municipios. Seudoautonomía porque reciben coparticipación nacional y provincial pero los fondos no llegan al salario municipal, aunque el pretexto siempre es pagar salarios”.
En ese marco destacó la importancia de la puesta en marcha de una mesa de diálogo para los municipales, como fue en su momento el Consejo Nacional Docente: “Seria una mesa nacional para tratar la problemática de los trabajadores municipales, salariales, condiciones laborales, una especia de paritaria que no obligaría a los municipios pero bajaría un lineamiento”, sostuvo.
“Creo que hay buenas señales, si analizamos que la industria creció más de tres puntos el último mes comparado con el último trimestre de la pandemia macrista que destrozó todo: Los jubilados perdieron poder adquisitivo, cerraron más de 20 mil pymes hubo casi 800 mil trabajadores desocupados, sólo contando los registrados. Creo que va a haber una recuperación y a esto ayudaría mucho mejorar las condiciones laborales y salariales de los municipales”, resaltó.
“Estamos peor que los jubilados”
Consultado sobre el comunicado de la CGT y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que se está debatiendo, García manifestó que “independientemente de la fórmula que se aplique, todo depende de la economía. A menos que la economía crezca un 8% anual igual lo van a sentir como lo sentimos los municipales”.
Por ello, el titular de la CTM insistió en que el debate debe pasar por “un sinceramiento salarial” para ambos sectores: “18 mil pesos gana un jubilado, en Merlo el básico de un municipal es de 8 mil pesos, y tienen un sueldo conformado de 17 mil pesos, estamos peor que los jubilados. Matanza tiene 10 mil pesos de básico y le ofreció un 5% de aumento, ahora terminaron con un 25%, que tampoco sirvió porque el salario sigue muy por debajo del umbral de la indigencia”, comparó.
“Por eso desde nuestra organización insistimos desde hace mucho tiempo en el sinceramiento salarial de los trabajadores municipales y aclaró: “en los municipios hay dos clases de trabajadores: el que trabaja y no gana nada y el que dice que es trabajador pero en realidad es personal político y es el que se lleva la gran parte del erario municipal con sueldos exorbitantes. Nosotros defendemos al que trabaja, no la planta política”, remarcó.
En cuanto al comunicado de la CGT, manifestó: “Me parece bien que se preocupe por los jubilados, lo que me parece raro es que cuando nosotros (el Moyanismo) estábamos en el consejo Directivo de la CGT y vino la reforma previsional de Macri en 2017, el triunvirato no convocó ninguna marcha, fuimos como Federación, como CTM y como Frente Sindical. Es al menos llamativo que en aquel entonces dejaran hacer y ahora están preocupados. Vaya a saber si no están preocupados por otra cosa”, afirmó.
Para finalizar, García se refirió a los dichos de Martín Guzmán: “El ministro expresó que no se iba a aplicar la receta histórica del FMI de achique y habló de reactivación y mejores salarios. Esperemos que esto sea así, porque la realidad es que los jubilados siempre fueron la variable de ajuste. Independientemente de la ecuación que se tome, si el país no crece, si no se toman políticas en serio, un jubilado no puede vivir con 18 mil pesos y menos un municipal con 16 mil”, concluyó.
Una histórica planta industrial de Belén de Escobar cerrará sus puertas después de más de 50 años de actividad. Se trata de DIN S.A., una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas que llegó a producir alrededor de 1.000 toneladas mensuales y participó en más de 600 obras en Argentina y otros países.
La decisión fue comunicada en el marco de una reorganización de las operaciones del Grupo GOVAN, al que DIN se incorporó en junio de 2024. En aquel momento, la empresa había presentado su incorporación como una nueva etapa, asociada a la renovación de su imagen, su evolución y su compromiso con la ingeniería metálica.
Dos años después, el grupo decidió discontinuar las actividades de DIN en Escobar y concentrar sus recursos en otras operaciones.
Según explicaron desde GOVAN, DIN había sido adquirida con la expectativa de desarrollar nuevos proyectos, principalmente vinculados al sector minero. Sin embargo, esos emprendimientos no alcanzaron los niveles de actividad previstos y la compañía resolvió avanzar con su paralización.
Como parte del proceso, el grupo señaló que buscó reubicar a la mayor cantidad posible de trabajadores en otras plantas y empresas de GOVAN. Quienes no pudieron ser trasladados accedieron a acuerdos de retiro voluntario.
“Todo el proceso se está llevando adelante de manera ordenada y consensuada, con el objetivo de acompañar a cada trabajador y reducir al mínimo el impacto de la decisión”, señalaron desde la compañía.
El cierre se produce en un escenario de preocupación por la actividad industrial argentina, con distintos sectores afectados por la caída de la demanda y las dificultades para sostener los niveles de producción.
DIN S.A: una fábrica con más de 600 obras
DIN fue fundada en 1970 y durante más de cinco décadas desarrolló estructuras metálicas para grandes proyectos industriales y de infraestructura.
Entre sus trabajos destacados aparecen la Central Termoeléctrica Genelba, la Terminal B de Aeropuertos Argentina 2000 y el hangar de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza. También participó en obras vinculadas a proyectos como Pascua-Lama y Veladero, entre otros emprendimientos de gran escala.
La planta de Escobar llegó a alcanzar una capacidad de producción cercana a las 1.000 toneladas de estructuras metálicas por mes, pero finalmente dejará de funcionar.
El cierre generó tristeza entre quienes trabajaron durante años en la fábrica. Uno de ellos, Alex Morales, ingresó hace una década y compartió una extensa despedida en la que puso el foco en el impacto que tiene la pérdida de un lugar de trabajo más allá de los números de una empresa.
“Hoy se cierra una puerta. Pero detrás de esa puerta quedan más de 50 años de historia”, escribió.
Morales recordó que DIN fue su primer trabajo y que ingresó “con la hoja en blanco”, para luego aprender un oficio y construir allí vínculos que trascendieron el ámbito laboral.
“Le pueden poner el nombre que quieran. ‘Retiro voluntario’, ‘reestructuración’, ‘reorganización’. Pero cuando no hay trabajo y la única opción es aceptar e irse, de voluntario tiene muy poco”, expresó.
El trabajador también cuestionó la situación de una industria que durante décadas tuvo capacidad para desarrollar grandes obras.
“Tenemos trabajadores que saben hacer. Tenemos gente que sabe producir. Tenemos una empresa que demostró durante décadas que puede hacerlo. Entonces, ¿qué nos está faltando?”, planteó.
Y dejó una reflexión sobre el impacto que tiene el cierre de una planta sobre quienes trabajan en ella: “Porque detrás de cada persona que se va hay una familia. Hay cuentas. Hay proyectos. Hay hijos. Hay años de experiencia”.
Después de más de medio siglo, la actividad de DIN en Escobar llega así a su fin, mientras parte de sus trabajadores será reubicada y otros dejarán la empresa mediante acuerdos de retiro.
La crisis desatada en la planta de Cargill de Arribeños, partido de General Arenales, podría escalar a nivel provincial. El Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SIUNFLETRA) anunció que profundizará las medidas gremiales y convocará a asambleas permanentes en todos los puertos de la provincia de Buenos Aires, luego de que la empresa decidiera reanudar sus operaciones sin resolver el conflicto que ya supera los 63 días.
La decisión del gremio se conoció tras la reciente intervención de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), que desplazó a toda su comisión directiva y designó un nuevo interventor.
Desde el sindicato señalaron que la conducción desplazada de la CATAC, encabezada por Ramón Jatip y Sergio Larovere, mantenía una relación directa con la Unión de Transportistas de Arribeños (UTA), organización señalada por los camioneros en el origen del conflicto.
«Ante la inminente reanudación de las actividades de la planta Cargill de Arribeños, donde se originó el conflicto que lleva 63 días, este sindicato intensificará las medidas gremiales de acción directa, que se traducirán en asambleas permanentes en la totalidad de los puertos de la provincia de Buenos Aires«, advirtió la organización en un comunicado.
El gremio aseguró que las medidas se mantendrán hasta que las nuevas autoridades de la CATAC convoquen a una mesa de diálogo que permita encontrar una solución definitiva.
Un conflicto que comenzó por presuntas comisiones ilegales
La disputa comenzó a principios de julio cuando un grupo de aproximadamente 30 fleteros independientes denunció el supuesto cobro de una comisión del 3% en negro para acceder a los viajes de carga desde la planta de Cargill.
Según los transportistas, la operatoria estaba vinculada a un intermediario que no prestaba un servicio efectivo y exigía ese porcentaje sobre cada flete.
Tras realizar las denuncias, los camioneros sostienen que fueron desplazados de la operatoria y reemplazados por otros transportistas.
Desde la conducción nacional de la CATAC siempre rechazaron esas acusaciones y aseguraron que los fleteros abandonaron voluntariamente el sistema de trabajo.
La intervención de CATAC suma tensión
La reciente resolución de la IGJ, que intervino la CATAC y removió a su conducción, reavivó el conflicto.
Para el Sindicato de Fleteros, la decisión del organismo nacional refuerza la necesidad de revisar lo ocurrido en Arribeños y avanzar en una instancia de negociación antes de que Cargill normalice completamente su actividad.
Mientras tanto, la empresa anunció que retomará las operaciones de la planta, aunque el conflicto con los transportistas continúa sin resolverse.
Si las medidas gremiales se concretan, el conflicto podría dejar de afectar únicamente a General Arenales y extenderse a la actividad portuaria de toda la provincia de Buenos Aires.
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