Gremios
Desde la CTM proponen crear el Consejo Nacional del Trabajo Municipal Decente
El titular de la Confederación de Trabajadores Municipales, Rubén García se reunió con el Ministro de Trabajo de la Nación Claudio Moroni para analizar la puesta en marcha de este proyecto que pretende dignificar la tarea en los más de 2 mil municipios de todo el país: “Esta pandemia desnudó muchas falencias, gran parte de los salarios son de indigencia”, remarcó García tras el encuentro.
“Es un proyecto que se lo presentamos a Néstor Kirchner el 20 de octubre de 2010 y lamentablemente siete días después falleció. Apunta a conseguir una mesa diálogo con todos los gremios que representan a trabajadores municipales, donde también estarán representados los intendentes y los Ministros de Trabajo de las provincias y donde el eje convocante es el Ministerio de Trabajo de la Nación”, explicó el Secretario General de la CTM, Rubén “Cholo” García en diálogo con Todo Provincial.
Asimismo, el Consejo Nacional del Trabajo Municipal Decente, que tiene su correlato en lo que fue el Consejo Nacional Docente sería creado a partir de un decreto y no de una ley respetando la autonomía de los municipios y de las provincias y permitiría entre otros puntos establecer un piso salarial a nivel nacional que garantice el acceso a un salario digno. En tanto el dirigente señaló que en el marco de la Ley 14656 de Negociación Colectiva en la provincia de Buenos Aires, dicho Consejo ya fue creado pero nunca fue convocado en los más de cuatro años lleva de vigencia la normativa. “Ahora se lo estamos pidiendo al gobernador Axel Kicillof, porque es un órgano de control importante para equilibrar las relaciones laborales sin violar la autonomía de los municipios”, dijo.
“Esta pandemia ha desnudado muchas falencias. Hoy en gran parte de territorio nacional los sueldos no alcanzan el piso de la indigencia, no hablamos de pobreza sino ya de indigencia, con salarios básicos de 10 mil, 13 mil pesos. Como caso testigo tenemos la localidad de Merlo en provincia de Buenos Aires que tiene un básico de 6900 pesos”, alertó el titular de la CTM que nuclea a unos 600 mil trabajadores de todo el país.
“La emergencia sanitaria que nos toca vivir nos ha puesto a los trabajadores municipales en una situación delicada”, dijo García tras denunciar rebajas salariales, e intentos de suspensiones y despidos en diversas localidades a pesar de la prohibición establecida por el gobierno nacional y que acaba de extenderse por 60 días más. Sumado a esto afirmó que “en muchas provincias los salarios son una vergüenza”: “En varios departamentos de Jujuy, por ejemplo, los trabajadores municipales cobran 4 mil pesos, en Córdoba el intendente a través de una sesión virtual le rebajó el sueldo a los trabajadores en un 35%. Cuando los compañeros se enteraron e intentaron protestar, 17 de ellos terminaron procesados por romper la cuarentena”.
“Es una práctica desleal que se repite en varias localidades, también de la provincia de Buenos Aires, con rebajas del 20% y del 30%. En Mar del Plata el Sindicato decretó el Estado de Alerta y Movilización también por un intento de rebajar los sueldos el mes próximo”, enumeró. “En ese sentido fuimos muy claros con el ministro Moroni, porque conocemos la temática, conocemos la plata que envía Nación como coparticipación a las provincias y estas a los municipios y en los municipios no llega a los trabajadores”, remarcó.
En esa línea expresó que gran parte de la problemática pasa por la cuestión salarial, ya que los sueldos estandarizadamente se componen por cifras en negro, que no solo van en detrimento de los aguinaldos y las jubilaciones sino que además desfinancian las cajas previsionales. “La mayoría de los municipios paga en negro, con bonificaciones, con horas extras que no computan para el IPS ni para la obra social”, dijo.
En ese sentido alertó sobre el caso de la provincia de Buenos Aires, con jubilaciones compulsivas durante la anterior gestión: “Durante el gobierno de María Eugenia Vidal 80 mil agentes fueron jubilados compulsivamente, que fueron reemplazados por monotributistas que no computan ni al IPS ni al IOMA”, denunció.
“Entonces estamos ante una práctica desleal y fraude laboral en la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires y eso que tenemos la ley 14656 que le dio un marco de legalidad a la relación entre el municipio y el trabajador”, completó. De acuerdo con un estudio del área de Estadísticas de Fesimubo, durante este proceso, que se encamina también a una denuncia judicial, la ecuación entre trabajadores activos y pasivos bajó drásticamente del 3,9% al 2,7%. “Por eso hemos pedido una audiencia a la Ministra de Trabajo, donde esperamos que también participe el presidente del IPS porque tenemos un estudio muy completo sobre la desfinanciación que sufrió la Caja de la provincia a causa de los salarios en negro”, remarcó.
Convenio con ANSES
En esa línea García también se refirió al acuerdo del gobierno de la provincia de Buenos Aires con el titular del ANSES de un desembolso de 6 mil pesos para compensar el déficit del IPS y que para algunos sectores supone un principio para la armonización de ambas cajas previsionales. “No creo que ideológicamente el gobernador trate de armonizar nuestra Caja, que es la mejor Caja de la República Argentina, por un tema financiero”, dijo y aclaró: “De hecho lo que se ha acordado es plata que le debe el ANSES al IPS y por la cuenta que lleva el gobierno de la provincia y nosotros, el ANSES todavía le debe 30 mil millones de pesos al IPS por el traspaso de docentes nacionales a la órbita de la provincia que se dio en 2016 (Ley 14.255)”.
“Es una cantidad importante que tendrían que aportar los municipios por los pagos en negro que recibimos los trabajadores municipales que no sirven para nada porque reciben una bonificación por ejemplo por productividad, que es una caratula que han puesto en gran parte de los municipios, o bonificaciones especiales que no computan para el aguinaldo y son sumas importantes”, alertó.
En ese sentido destacó el caso de Tigre, donde el intendente le quitó unilateralmente el ítem por productividad. “Lo denunciamos y lo tuvo que devolver porque iba en contra del Decreto presidencial. Ese ítem, que en este caso es de 7 mil pesos, no aporta ni al IPS ni al IOMA y cuando el trabajador cobra el aguinaldo lo hace sobre el básico nada más. Eso se llama fraude laboral”, agregó. En tanto sostuvo que estas cifras son instrumentadas como “herramienta disciplinadora sobre los trabajadores”.
En tanto, el también titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, se refirió a los despidos en la capital provincial y alertó que habrá denuncias penales para aquellos intendentes que violen la normativa vigente. “En La Plata el intendente despidió a 47 trabajadores del call center, y no acató la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo. Los compañeros ahora están haciendo una olla popular y la medida que estamos instruyendo a nuestros sindicatos federados es la acción penal ante la Justicia para aquellos funcionarios que no cumplan con las leyes y decretos, porque estamos cansados de los intendentes que se creen emperadores con sus propias leyes”, apuntó.
Para finalizar, sostuvo que la reunión con el ministro de Trabajo sobre la creación del Consejo Nacional del Trabajo Municipal Decente, fue “muy positiva”: “Coincide que tiene que haber una mesa nacional en este sentido pero estamos en una situación de pandemia, va a ser a futuro entendemos que no puede ser ahora pero es necesario que estén representados los intendente y los gremios resolviendo este problema”, concluyó.
Una histórica planta industrial de Belén de Escobar cerrará sus puertas después de más de 50 años de actividad. Se trata de DIN S.A., una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas que llegó a producir alrededor de 1.000 toneladas mensuales y participó en más de 600 obras en Argentina y otros países.
La decisión fue comunicada en el marco de una reorganización de las operaciones del Grupo GOVAN, al que DIN se incorporó en junio de 2024. En aquel momento, la empresa había presentado su incorporación como una nueva etapa, asociada a la renovación de su imagen, su evolución y su compromiso con la ingeniería metálica.
Dos años después, el grupo decidió discontinuar las actividades de DIN en Escobar y concentrar sus recursos en otras operaciones.
Según explicaron desde GOVAN, DIN había sido adquirida con la expectativa de desarrollar nuevos proyectos, principalmente vinculados al sector minero. Sin embargo, esos emprendimientos no alcanzaron los niveles de actividad previstos y la compañía resolvió avanzar con su paralización.
Como parte del proceso, el grupo señaló que buscó reubicar a la mayor cantidad posible de trabajadores en otras plantas y empresas de GOVAN. Quienes no pudieron ser trasladados accedieron a acuerdos de retiro voluntario.
“Todo el proceso se está llevando adelante de manera ordenada y consensuada, con el objetivo de acompañar a cada trabajador y reducir al mínimo el impacto de la decisión”, señalaron desde la compañía.
El cierre se produce en un escenario de preocupación por la actividad industrial argentina, con distintos sectores afectados por la caída de la demanda y las dificultades para sostener los niveles de producción.
DIN S.A: una fábrica con más de 600 obras
DIN fue fundada en 1970 y durante más de cinco décadas desarrolló estructuras metálicas para grandes proyectos industriales y de infraestructura.
Entre sus trabajos destacados aparecen la Central Termoeléctrica Genelba, la Terminal B de Aeropuertos Argentina 2000 y el hangar de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza. También participó en obras vinculadas a proyectos como Pascua-Lama y Veladero, entre otros emprendimientos de gran escala.
La planta de Escobar llegó a alcanzar una capacidad de producción cercana a las 1.000 toneladas de estructuras metálicas por mes, pero finalmente dejará de funcionar.
El cierre generó tristeza entre quienes trabajaron durante años en la fábrica. Uno de ellos, Alex Morales, ingresó hace una década y compartió una extensa despedida en la que puso el foco en el impacto que tiene la pérdida de un lugar de trabajo más allá de los números de una empresa.
“Hoy se cierra una puerta. Pero detrás de esa puerta quedan más de 50 años de historia”, escribió.
Morales recordó que DIN fue su primer trabajo y que ingresó “con la hoja en blanco”, para luego aprender un oficio y construir allí vínculos que trascendieron el ámbito laboral.
“Le pueden poner el nombre que quieran. ‘Retiro voluntario’, ‘reestructuración’, ‘reorganización’. Pero cuando no hay trabajo y la única opción es aceptar e irse, de voluntario tiene muy poco”, expresó.
El trabajador también cuestionó la situación de una industria que durante décadas tuvo capacidad para desarrollar grandes obras.
“Tenemos trabajadores que saben hacer. Tenemos gente que sabe producir. Tenemos una empresa que demostró durante décadas que puede hacerlo. Entonces, ¿qué nos está faltando?”, planteó.
Y dejó una reflexión sobre el impacto que tiene el cierre de una planta sobre quienes trabajan en ella: “Porque detrás de cada persona que se va hay una familia. Hay cuentas. Hay proyectos. Hay hijos. Hay años de experiencia”.
Después de más de medio siglo, la actividad de DIN en Escobar llega así a su fin, mientras parte de sus trabajadores será reubicada y otros dejarán la empresa mediante acuerdos de retiro.
La crisis desatada en la planta de Cargill de Arribeños, partido de General Arenales, podría escalar a nivel provincial. El Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SIUNFLETRA) anunció que profundizará las medidas gremiales y convocará a asambleas permanentes en todos los puertos de la provincia de Buenos Aires, luego de que la empresa decidiera reanudar sus operaciones sin resolver el conflicto que ya supera los 63 días.
La decisión del gremio se conoció tras la reciente intervención de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), que desplazó a toda su comisión directiva y designó un nuevo interventor.
Desde el sindicato señalaron que la conducción desplazada de la CATAC, encabezada por Ramón Jatip y Sergio Larovere, mantenía una relación directa con la Unión de Transportistas de Arribeños (UTA), organización señalada por los camioneros en el origen del conflicto.
«Ante la inminente reanudación de las actividades de la planta Cargill de Arribeños, donde se originó el conflicto que lleva 63 días, este sindicato intensificará las medidas gremiales de acción directa, que se traducirán en asambleas permanentes en la totalidad de los puertos de la provincia de Buenos Aires«, advirtió la organización en un comunicado.
El gremio aseguró que las medidas se mantendrán hasta que las nuevas autoridades de la CATAC convoquen a una mesa de diálogo que permita encontrar una solución definitiva.
Un conflicto que comenzó por presuntas comisiones ilegales
La disputa comenzó a principios de julio cuando un grupo de aproximadamente 30 fleteros independientes denunció el supuesto cobro de una comisión del 3% en negro para acceder a los viajes de carga desde la planta de Cargill.
Según los transportistas, la operatoria estaba vinculada a un intermediario que no prestaba un servicio efectivo y exigía ese porcentaje sobre cada flete.
Tras realizar las denuncias, los camioneros sostienen que fueron desplazados de la operatoria y reemplazados por otros transportistas.
Desde la conducción nacional de la CATAC siempre rechazaron esas acusaciones y aseguraron que los fleteros abandonaron voluntariamente el sistema de trabajo.
La intervención de CATAC suma tensión
La reciente resolución de la IGJ, que intervino la CATAC y removió a su conducción, reavivó el conflicto.
Para el Sindicato de Fleteros, la decisión del organismo nacional refuerza la necesidad de revisar lo ocurrido en Arribeños y avanzar en una instancia de negociación antes de que Cargill normalice completamente su actividad.
Mientras tanto, la empresa anunció que retomará las operaciones de la planta, aunque el conflicto con los transportistas continúa sin resolverse.
Si las medidas gremiales se concretan, el conflicto podría dejar de afectar únicamente a General Arenales y extenderse a la actividad portuaria de toda la provincia de Buenos Aires.
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