La empresa Cervecería y Maltería Quilmes resolvió reducir a la mitad el personal de su planta ubicada en Zárate, inaugurada en 2020 con una inversión de 5.000 millones de pesos destinada a fabricar en el país la cerveza mexicana Corona. La firma puso en marcha un plan de retiros voluntarios con el objetivo de achicar significativamente su dotación, en un contexto marcado por la apertura de importaciones y la caída del consumo.

Cuatro años atrás, la planta contaba con 260 operarios. Actualmente, ese número se redujo a 140 y el acuerdo alcanzado con el gremio cervecero contempla la incorporación de 60 nuevos retiros voluntarios. De concretarse, la dotación quedará prácticamente a la mitad de la original.

Durante el segundo semestre de 2025 ya se habían producido despidos en medio de un fuerte desplome de ventas que, según fuentes sindicales, rondó el 45% a lo largo del año pasado. Esa situación derivó en la paralización de la producción en la fábrica central de Quilmes.

La retracción del mercado también se reflejó en la molienda e industrialización de cebada cervecera, que registró una caída cercana al 17%, evidenciando la contracción de la actividad en todo el sector.

Desde el sindicato señalaron que el acuerdo de retiros voluntarios se alcanzó ante la posibilidad concreta de un freno total de la producción y el eventual cierre de la planta. Horacio Romero, referente gremial en ese establecimiento, atribuyó la crisis a una importación “indiscriminada” y a “una baja importante del consumo de cerveza”.

Un informe del Centro de Investigación en Negocios y Exportación (CIEN), elaborado en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, indicó que la importación de cervezas creció un 293% durante el primer trimestre de 2025.

Como parte de la reestructuración, de los tres turnos que funcionaban en la planta solo quedará activo uno, manteniéndose operativa únicamente la línea de producción de vidrio no retornable. Según explicó Romero a medios locales, la intención es sostener el envasado de cerveza, aunque con una dotación considerablemente más reducida.

La FEPA activó el cese nacional portuario desde las 00 horas y todas las terminales del país detuvieron sus operaciones en rechazo a la reforma laboral.

Desde las 00 horas de este jueves 19/2 comenzó el paro nacional y los puertos de todo el país amanecieron completamente paralizados. La medida fue dispuesta por la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) en acompañamiento al paro convocado por la CGT contra la reforma laboral que se debate en el Congreso de la Nación.

El cese de actividades se cumple en cada Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) del país, abarcando puertos de carga general, cerealeros y de pesca en todo el territorio nacional.

Las operaciones quedaron totalmente detenidas en las distintas terminales portuarias, confirmando el impacto pleno de la medida.

Desde la conducción sindical señalaron que el paro se ejecuta con alto acatamiento y que los trabajadores portuarios son protagonistas de la jornada nacional de lucha. La paralización del sistema portuario marca uno de los puntos más sensibles del esquema logístico y comercial del país.

Cabe recordar que en la jornada de ayer, Marcelo Osores, Secretario General de la FEPA, envió una carta al Triunvirato de la CGT ratificando la adhesión y garantizando el cumplimiento efectivo del paro en todos los puertos argentinos, además de poner a disposición a la organización para profundizar el plan de lucha si la conducción nacional así lo dispone.

La decisión de cerrar la planta de FATE encendió señales de alerta en el sector industrial y empresario bonaerense. Desde la Unión Industrial del Gran La Plata y la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires advirtieron por el impacto sobre el empleo, la cadena de valor y la actividad económica regional.

La entidad industrial manifestó su preocupación por el cierre de una empresa de capital nacional con trayectoria histórica en el desarrollo productivo del país y consideró que no se trata de un hecho aislado sino de una señal de alerta para todo el entramado industrial.

Según plantearon, el cierre implica la pérdida de conocimiento, tecnología y capacidades productivas acumuladas durante décadas, además de consecuencias directas sobre trabajadores, proveedores, transportistas, pymes y el consumo de las comunidades donde la industria tenía influencia.

Impacto en el empleo y la competitividad

Desde la organización industrial remarcaron que el sector manufacturero atraviesa un escenario complejo, con caída del empleo y dificultades para competir frente a la sobrecapacidad global y prácticas de competencia desleal, principalmente desde Asia.

“La industria argentina no teme competir, pero exige igualdad de condiciones”, señalaron, y advirtieron que la apertura comercial sin una convergencia competitiva previa, con mejoras en impuestos, infraestructura y financiamiento, puede derivar en la destrucción de capacidades productivas.

También plantearon que el desafío estratégico es alcanzar precios y calidad de estándares internacionales, lo que requiere inversión empresarial, capacitación laboral y un entorno macroeconómico que permita producir en condiciones similares a otros países.

Advertencia del sector empresario

El presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Siro, sostuvo que el cierre de FATE es una señal de alerta de una «economía que no logra despegar y que debe preocupar a todo el sector productivo».

El dirigente remarcó que la situación no sólo implica la pérdida de más de 900 puestos laborales, sino también el cierre de un circuito logístico y productivo integrado por empresas proveedoras, muchas de ellas pymes, y la reducción de oportunidades para transportistas y comercios que dependen del consumo generado por esos salarios.

Además, recordó que en los últimos dos años cerraron cerca de 22 mil empresas —principalmente pymes— con una pérdida estimada de entre 290 mil y 330 mil empleos, lo que derivó en menor producción y en la migración de trabajadores hacia la informalidad.

Siro señaló que la caída de la actividad reduce la economía formal que paga impuestos y brinda previsibilidad laboral, y planteó la necesidad de avanzar hacia una reforma laboral moderna, pero también de recuperar niveles de actividad, consumo y ventas.

Las entidades coincidieron en la necesidad de impulsar una agenda conjunta entre sector público, empresarios y trabajadores para mejorar la competitividad y proteger el motor industrial regional y nacional.