Este martes se produjo el derrumbe de un silo del histórico complejo de la ex Junta Nacional de Granos que desde hace más de 30 años explota la concesionaria Terminal Quequén SA, integrada por las principales cerealeras multinacionales que operan en el país. Aunque la firma minimizó el hecho, desde la Asamblea por la Soberanía del Puerto Quequén señalaron que lo sucedido refleja la “falta de mantenimiento” y reforzaron el reclamo para que el Estado bonaerense retome el control de la terminal elevadora.
El derrumbe parcial de un silo en el Puerto Quequén volvió a encender la polémica por el estado de la infraestructura portuaria y la continuidad de la concesión privada de la principal terminal de granos. El hecho ocurrió este martes en el histórico complejo de la ex Junta Nacional de Granos, actualmente explotado por Terminal Quequén SA, y generó fuertes cuestionamientos desde la Asamblea por la Soberanía del Puerto Quequén, que denunció falta de mantenimiento y reclamó que el Estado bonaerense retome el control de la terminal elevadora.
Desde la empresa concesionaria minimizaron el episodio y señalaron que “cedió parcialmente la estructura de un silo de casi 100 años”, aclarando que “no se registraron personas heridas ni daños a terceros” y que el incidente se produjo “en una zona secundaria y dentro del área operativa de la empresa concesionaria, no afectando el normal funcionamiento de la terminal”.
La versión de la empresa: antigüedad y protocolos de seguridad
Según informó Terminal Quequén SA, el colapso parcial se encuentra bajo investigación, aunque “el factor causal determinante pasaría por la antigüedad de los materiales utilizados en su construcción”. Indicaron que el silo fue construido entre las décadas del 30 y 40 y que “es objeto de permanentes tareas de mantenimiento por parte de la empresa concesionaria”.
Tras el hecho, aseguraron que “se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad correspondientes y se procedió a delimitar la zona afectada”, mientras que técnicos especializados continúan evaluando el estado de las instalaciones para “descartar riesgos y confeccionar el informe final sobre las causales del desprendimiento”. También remarcaron que el Consorcio de Gestión realiza inspecciones periódicas sobre las terminales portuarias y que se avanzará con peritajes técnicos para definir un plan de reconstrucción.
“Queremos llevar tranquilidad a la familia portuaria, subrayando la importancia de no registrarse víctimas ni resentirse en modo alguno el trabajo de dicha terminal”, señalaron desde la firma.
Denuncias por falta de inversión y pedido de estatización
Desde la Asamblea por la Soberanía del Puerto Quequén, la lectura fue diametralmente opuesta. Mario Dahul cuestionó con dureza la versión empresarial y afirmó: “Tratan de minimizar lo que pasó a través de medios ensobrados diciendo que fue un incidente de una construcción de casi 100 años, pero la realidad es que no hay mantenimiento. Las empresas concesionarias no invierten en la infraestructura del Estado, total no es de ellos”.
En ese marco, Dahul reforzó el reclamo histórico del espacio: “Esto ya lo vivimos en los ’90, basta de menemismo. Esta terminal tiene que volver al Estado de la provincia de Buenos Aires que es su legítimo dueño”.
La concesión de la principal terminal de granos del Puerto Quequén se venció en 2022, aunque el gobierno provincial otorgó sucesivas prórrogas temporarias mientras analiza una nueva licitación. Desde la Asamblea sostienen que, en lugar de renovar la concesión, la Provincia debe darla por finalizada y retomar la operación del elevador a través de una Sociedad del Estado bonaerense, con participación directa en la exportación de granos.
El Puerto Quequén concentra cerca del 7% de la exportación granaria nacional, y la terminal principal —cuya concesión finaliza en noviembre— representa alrededor del 40% de la actividad del puerto. El debate se da además en un contexto de fuerte concentración del comercio exterior, con casi el 80% de las exportaciones concentradas en los puertos de la cuenca del río Paraná, cuya cesión es licitada nuevamente por el gobierno nacional a pesar de las trágica pérdida de soberanía que produjo este modelo iniciado en los ’90.