La crisis desatada en la planta de Cargill de Arribeños, partido de General Arenales, podría escalar a nivel provincial. El Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SIUNFLETRA) anunció que profundizará las medidas gremiales y convocará a asambleas permanentes en todos los puertos de la provincia de Buenos Aires, luego de que la empresa decidiera reanudar sus operaciones sin resolver el conflicto que ya supera los 63 días.

La decisión del gremio se conoció tras la reciente intervención de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), que desplazó a toda su comisión directiva y designó un nuevo interventor.

Desde el sindicato señalaron que la conducción desplazada de la CATAC, encabezada por Ramón Jatip y Sergio Larovere, mantenía una relación directa con la Unión de Transportistas de Arribeños (UTA), organización señalada por los camioneros en el origen del conflicto.

«Ante la inminente reanudación de las actividades de la planta Cargill de Arribeños, donde se originó el conflicto que lleva 63 días, este sindicato intensificará las medidas gremiales de acción directa, que se traducirán en asambleas permanentes en la totalidad de los puertos de la provincia de Buenos Aires«, advirtió la organización en un comunicado.

El gremio aseguró que las medidas se mantendrán hasta que las nuevas autoridades de la CATAC convoquen a una mesa de diálogo que permita encontrar una solución definitiva.

Un conflicto que comenzó por presuntas comisiones ilegales

La disputa comenzó a principios de julio cuando un grupo de aproximadamente 30 fleteros independientes denunció el supuesto cobro de una comisión del 3% en negro para acceder a los viajes de carga desde la planta de Cargill.

Según los transportistas, la operatoria estaba vinculada a un intermediario que no prestaba un servicio efectivo y exigía ese porcentaje sobre cada flete.

Tras realizar las denuncias, los camioneros sostienen que fueron desplazados de la operatoria y reemplazados por otros transportistas.

Desde la conducción nacional de la CATAC siempre rechazaron esas acusaciones y aseguraron que los fleteros abandonaron voluntariamente el sistema de trabajo.

La intervención de CATAC suma tensión

La reciente resolución de la IGJ, que intervino la CATAC y removió a su conducción, reavivó el conflicto.

Para el Sindicato de Fleteros, la decisión del organismo nacional refuerza la necesidad de revisar lo ocurrido en Arribeños y avanzar en una instancia de negociación antes de que Cargill normalice completamente su actividad.

Mientras tanto, la empresa anunció que retomará las operaciones de la planta, aunque el conflicto con los transportistas continúa sin resolverse.

Si las medidas gremiales se concretan, el conflicto podría dejar de afectar únicamente a General Arenales y extenderse a la actividad portuaria de toda la provincia de Buenos Aires.

Los dueños de cantera Galasur de Olavarría despidieron 19 trabajadores y pretenden pagar media indemnización aduciendo una deuda millonaria de Nación en la compra de piedra balasto para Ferrocarriles Argentinos. También reportan una caída de la actividad por el parate de la obra pública.

El conflicto por los despidos en la cantera Galasur continúa generando tensión en Olavarría. Tras el envío de 19 telegramas de cesantía, el secretario general de AOMA Olavarría, Alejandro Santillán, aseguró que el gremio busca abrir una instancia de negociación con la empresa para evitar la pérdida de más puestos de trabajo y cuestionó la forma en que se llevaron adelante las desvinculaciones. Los empresarios culpan al gobierno nacional por la caída de la obra pública y una deuda de 1.800 millones de Ferrocarriles Argentinos.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Todo Provincial (@todoprovincial)

En diálogo con Todo Provincial, Alejandro Santillán explicó que los trabajadores realizaron una asamblea y resolvieron manifestarse de manera pacífica frente a la cantera.

“Pudimos hacer una asamblea en la que resolvimos no ingresar a trabajar y permanecer en las inmediaciones, sin impedir el paso, para visibilizar el conflicto en Galasur”, señaló.

Santillán recordó que el conflicto comenzó la semana pasada, cuando la empresa propiedad de la familia Embón comunicó una suspensión de actividades por supuestas tareas de mantenimiento.

“Los delegados nos informaron sobre una nota de suspensión desde el jueves hasta el sábado, pero durante ese período empezaron a llegar los telegramas de despido”, relató.

El dirigente destacó la rápida intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que convocó a una audiencia con la empresa el viernes. Sin embargo, aseguró que la firma mantuvo la misma postura expresada en las notificaciones enviadas a los trabajadores.

“Buscamos una instancia de diálogo para encontrar alternativas que no sean los despidos y mucho menos que se pretenda pagar las indemnizaciones al 50%, argumentando la caída de la obra pública y una deuda superior a los 1.800 millones de pesos que mantienen empresas estatales nacionales, principalmente Ferrocarriles Argentinos por la compra de piedra balasto”, sostuvo.

Para AOMA, la prioridad es sostener el empleo en un sector que atraviesa una profunda crisis. “Queremos preservar las fuentes laborales”, remarcó Santillán.

El dirigente sindical también cuestionó la actitud de la empresa y aseguró que existían conversaciones previas sobre la difícil situación económica.

“Hace dos meses nos reunimos con el dueño porque veíamos que el panorama era complicado. Nos dijo que iba a hablar con los trabajadores para explicarles la situación, pero finalmente los suspendieron por un supuesto mantenimiento y aprovecharon ese contexto para empezar a enviar los telegramas”, afirmó.

En medio del conflicto, Santillán destacó la solidaridad de los trabajadores que conservaron sus puestos.

“Nos llena de orgullo que, pese a este momento tan difícil, los compañeros que no fueron despedidos también estén reclamando junto a nosotros para que se abra una instancia de diálogo. Hay trabajadores que quieren seguir en la empresa y otros que, si finalmente no continúan, al menos pretenden cobrar la totalidad de la indemnización que les corresponde”, expresó.

Santillán señaló además que entre los despedidos hay empleados con casi dos décadas de antigüedad.

“Hay compañeros con más de 19 años en esta cantera, personas que trabajaron con el padre de los actuales dueños y que no merecen terminar en la calle de esta manera”, manifestó.

Finalmente, advirtió que la situación de Galasur refleja una crisis mucho más amplia que afecta a toda la actividad minera en Olavarría.

“En Olavarría ya perdimos más de 400 puestos de trabajo en la minería y hay varias canteras que atraviesan una situación muy complicada”, concluyó.

La empresa Galasur S.A., una de las principales canteras de Olavarría, despidió a 19 trabajadores en medio de la profunda crisis que atraviesa el sector de la minería no metalífera por la paralización de la obra pública y la crisis económica. La firma justificó la decisión en la caída de la actividad, la «fuerte retracción de las ventas» y una millonaria deuda que, según afirmó, mantiene el gobierno nacional.

Los despidos comenzaron a notificarse este jueves, luego de que un día antes la empresa comunicara a todo el personal que no debía concurrir a trabajar hasta el próximo lunes debido a supuestas tareas de reparación en la planta. La situación despertó sospechas entre los trabajadores y finalmente se confirmó con la llegada de los telegramas.

De acuerdo con la información difundida por los propios empleados, fueron despedidos 17 trabajadores afiliados a AOMA y dos del gremio de Comercio, quienes se autoconvocaron en el ingreso a la cantera para reclamar explicaciones. Desde el sindicato minero señalaron que previamente se había realizado una audiencia en el Ministerio de Trabajo, aunque la decisión empresarial terminó concretándose de todos modos.

La empresa apuntó a la crisis de la obra pública y la construcción

En los telegramas enviados a los trabajadores, Galasur sostuvo que las cesantías responden a una «falta o disminución de trabajo» derivada del deterioro de las condiciones económicas y productivas de la actividad minera.

La empresa explicó que su producción depende en gran medida de la construcción y de la obra pública, por lo que la paralización de esos sectores provocó una fuerte caída en la demanda de piedra y otros materiales.

Según indicó, entre enero y julio de 2026 las ventas se redujeron cerca de un 34% interanual, un escenario que, combinado con la inflación y el incremento de los costos, afectó la sustentabilidad de la explotación.

Además, la firma aseguró que enfrenta un grave problema financiero por el incumplimiento en los pagos de SOFSE-Trenes Argentinos Operaciones, que —según detalló— mantiene una deuda cercana a 1.890 millones de pesos, con certificados impagos desde hace más de dos años.

Para la empresa, ese escenario deterioró el flujo de fondos y la cadena de pagos, haciendo «insuficientes los actuales niveles de actividad y producción para sostener la estructura operativa y laboral».

Un nuevo golpe para el empleo en Olavarría

Los despidos vuelven a poner el foco sobre la situación de Olavarría, uno de los principales polos mineros y productores de piedra de la provincia de Buenos Aires, cuya actividad está estrechamente ligada a la evolución de la construcción y de la inversión en infraestructura.

La reducción de la obra pública nacional y la desaceleración del mercado privado vienen impactando desde hace meses sobre las canteras de la ciudad, con menor producción y conflictos laborales que ahora suman un nuevo capítulo con la desvinculación de 19 trabajadores de Galasur.