El Gobierno nacional avanzó con un nuevo esquema de concesiones viales que incluye tramos clave de las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226 en la provincia de Buenos Aires, lo que generó fuertes críticas por el impacto en los usuarios y el sistema de peajes. “Habrá un peaje cada 90 kilómetros”, denunciaron desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV).
A través de una resolución del Ministerio de Economía, se otorgó al consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco la concesión de las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Newbery, además de las rutas 3, 205 y 226. En paralelo, la empresa Ceosa se quedó con la concesión de la Ruta Nacional 5 en el tramo entre Luján y Santa Rosa.
En diálogo con Todo Provincial, el coordinador del CONADUV, Ricardo Lasca, cuestionó duramente la medida: “Es un disparate, esto significa volver a los ‘90 pero peor”.
Según advirtió, el nuevo esquema implicará un fuerte aumento de los peajes en rutas nacionales, ya que a las 39 estaciones existentes se sumarán 54 nuevas. “Habrá un peaje cada 90 kilómetros”, aseguró.
En el caso de la Ruta 3, detalló que habrá ocho peajes entre Capital Federal y Bahía Blanca, con la incorporación de cinco nuevas estaciones. La situación se replicará en otros corredores estratégicos como las rutas 205 y 226, que atraviesan el territorio bonaerense.
Tarifas desiguales y costos millonarios
Lasca también cuestionó la disparidad en las tarifas: “Para automóviles en algunos tramos se cobra 1300 pesos y en otros 3 mil o 4 mil”. Además, explicó que el valor se multiplica por eje, lo que encarece notablemente el transporte de cargas.
“Un camión que viaje a Bahía Blanca pagará cerca de 30 millones de pesos en peajes por 20 viajes mensuales”, ejemplificó, y sostuvo que el sistema termina trasladándose a los precios de toda la economía.
“Inversión cero” y críticas al modelo
Otro de los puntos más cuestionados es el tipo de obras previstas. “Las concesiones contemplan corte de pasto y bacheo, no autopistas ni autovías. Es maquillaje, con inversión cero y riesgo cero para las empresas”, afirmó.
También advirtió que, en caso de realizarse obras de mayor envergadura, como la autovía de la Ruta 5, se financiarían con créditos externos. “Vamos a pagar el peaje y también el crédito”, criticó.
Debate por el rol del Estado y Vialidad
El referente de CONADUV consideró que el sistema es “inconstitucional” por la falta de caminos alternativos y lo calificó como “un impuesto al tránsito”. Además, cuestionó el posible traspaso de rutas nacionales a las provincias sin financiamiento.
Por último, defendió el rol de Vialidad Nacional, que será el organismo encargado de supervisar contratos de concesión por 20 años: “Es un organismo emblemático, con profesionales muy formados”, sostuvo.