La situación de los afiliados al PAMI en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires genera creciente preocupación. Mientras desde el organismo aseguran que los pagos se realizan con normalidad, en ciudades como Olavarría y Tandil se multiplican los reclamos por demoras, recortes y falta de cobertura en prestaciones básicas de salud.
En Olavarría, jubilados y prestadores advierten que el nuevo sistema de “topes” mensuales deja sin cobertura a muchos afiliados a pocos días de iniciado el mes. Esto impacta especialmente en prácticas de diagnóstico por imágenes y consultas con especialistas.
Desde clínicas privadas señalaron que los turnos pueden demorarse varios meses o, en caso de urgencia, los pacientes deben abonar la atención de forma particular. “Para hacerse ecografías les piden 50 mil pesos o tienen que esperar a junio”, indicaron desde el sector.
En paralelo, también se registró un conflicto con médicos de cabecera, que realizaron un paro por atrasos en los pagos y cambios en las condiciones de contratación. Según denuncian, sus ingresos habrían caído cerca de un 50%.
Ante este escenario, desde la agencia local de PAMI derivan a los afiliados al Hospital Municipal, lo que incrementa la demanda en el sistema público. Solo en el último tiempo, el hospital abrió unas 5.000 historias clínicas nuevas, en un contexto en el que el municipio debió afrontar un gasto extra cercano a 250 millones de pesos en medicamentos para cubrir tratamientos que dejaron de ser garantizados por programas nacionales.
Municipios en alerta por la falta de cobertura
La problemática también se replica en Tandil, donde el municipio organizó un encuentro con familiares de adultos mayores afiliados a PAMI para brindar herramientas frente a la falta de prestaciones.
Desde el gobierno local advirtieron que cada vez son más los casos de personas que no reciben la cobertura que les corresponde, lo que obliga al Estado municipal a intervenir para garantizar la atención en situaciones de urgencia.
“Hay prestaciones que deberían estar cubiertas por obras sociales u otros organismos y no lo hacen, ya sea por cuestiones administrativas, recortes o desatenciones”, explicaron, al tiempo que alertaron sobre un “cuello de botella” presupuestario que podría afectar la capacidad de respuesta ante nuevos casos.
En ese marco, también se informó sobre las herramientas disponibles para realizar reclamos administrativos y judiciales cuando las prestaciones no son cumplidas, incluyendo acompañamiento para casos de cobertura en hogares de adultos mayores.
El escenario refleja una problemática extendida en la provincia: caída en las prestaciones, aumento de la demanda en el sistema público y municipios que deben salir a cubrir necesidades básicas ante el retroceso en la cobertura de la obra social de los jubilados.
