La provincia de Buenos Aires carece de un sistema unificado de historial vehicular y el costo lo pagan los compradores

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger dijo en noviembre de 2025, durante un evento en Mendoza, que el propósito final de la reforma registral automotor que el Ministerio de Justicia viene implementando es integrar las bases de datos de la DNRPA con organismos provinciales y sistemas de control vehicular para aumentar la trazabilidad de los vehículos.

En febrero de 2025 había entrado en vigencia el Registro Único Nacional del Automotor (RUNA) y el Legajo Digital Único (LDU), que concentra toda la documentación del vehículo en formato electrónico, y en paralelo se cerraron el 40% de los Registros Seccionales y se redujo un 30% del personal administrativo.

El arancel de transferencia bajó al 1% del valor del vehículo, se eliminaron los costos de cédula, título y chapas, y se habilitó la libre elección de registro para inscribir el vehículo en cualquier provincia. Todo eso es reforma administrativa y reducción de costos, y probablemente era necesario dado el nivel de burocracia que el sistema arrastraba.

Pero el RUNA registra titularidad, gravámenes, embargos, denuncias de robo y marcas judiciales, que es exactamente lomismo que registraba el sistema anterior en papel, solo que ahora lo hace en una plataforma digital, y en ningún punto de la reforma se incorporó un componente de historial vehicular.

La provincia de Buenos Aires, que concentra el mayor volumen de transferencias de vehículos usados del país y donde ARBA aplica un impuesto de sellos del 3% que supera el costo del trámite registral, sigue operando sin un sistema que le diga al comprador si el vehículo que está por adquirir fue declarado pérdida total por una aseguradora o si su odómetro muestra una lectura consistente con los registros de servicio previos.

El historial de daños por inundación, el paso por circuitos de subasta de salvamento, las reparaciones estructurales después de un siniestro grave, todo eso queda fuera del expediente registral y del alcance de cualquier trámite que el comprador pueda hacer ante la DNRPA.

La Verificación Policial del Automotor (VPA), que es obligatoria para toda transferencia de dominio en la provincia, constata que el número de motor, de chasis y el tipo de automotor correspondan con la documentación.

Los peritos policiales autorizados por la DNRPA realizan la inspección en planta verificadora, la constancia tiene validez de 150 días hábiles, y el trámite incluye verificación de grabado de autopartes bajo la Ley 14.497 y de dominio en cristales.

Es un control de identidad del vehículo, diseñado para detectar adulteración de identificadores y vehículos robados con VIN alterado, y cumple esa función razonablemente bien. Pero no es una verificación de historial. Un vehículo que fue declarado destrucción total por su aseguradora, reparado informalmente y puesto a la venta con título limpio pasa la VPA sin problema si los números de identificación están en regla, porque la VPA no consulta registros de pérdida de seguro ni bases de datos de siniestros. Un analista de historial vehicular de VINnumber señaló que la confusión entre verificación de identidad y verificación de historial es uno de los problemas más persistentes del mercado argentino, porque el comprador asume que si el vehículo «pasó la verificación» su condición mecánica y su pasado están garantizados, cuando en realidad lo único verificado es que los números coinciden con el documento.

La DNRPA ofrece informes de estado de dominio e históricos de titularidad en línea desde 2018, y con la reforma de 2025 esos informes se emiten de forma completamente digital. El informe de estado de dominio muestra afectaciones jurídicas vigentes y el histórico de titularidad muestra la cadena de propietarios. He solicitado ambos informes sobre vehículos que sabía que habían pasado por siniestros graves en la provincia de Buenos Aires, y en ningún caso la información del siniestro aparecía en el documento, porque la DNRPA no recibe datos de las aseguradoras sobre vehículos declarados pérdida total a menos que la aseguradora haya completado la inscripción provisoria de cesión de derechos a su favor y luego tramitado la baja, un proceso que la Resolución 320/2024 de la SSN modificó pero que en la práctica sigue dependiendo de que la compañía aseguradora inicie la gestión registral. El Decreto 536/2025 exige ahora el Certificado de Baja y Desarme digital como requisito previo al pago de la indemnización por destrucción total, lo que en teoría debería cerrar esa brecha hacia adelante, pero los vehículos siniestrados antes de la implementación efectiva de ese decreto siguen circulando con su expediente registral intacto y sin marca de siniestro.

Sturzenegger habló de integrar bases de datos con organismos provinciales y la intención declarada del gobierno es que la transferencia de usados sea totalmente digital. Más de 2.6 millones de ciudadanos descargaron la cédula azul digital a través de la app Mi Argentina, el formulario 01 para inscripción de cero kilómetro ya está completamente digitalizado, y el formulario 08 digital para transferencias de usados está en proceso de implementación. La provincia de Buenos Aires no tiene un observatorio de fraude vehicular ni un registro provincial de vehículos siniestrados, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial georreferencia siniestros viales pero no alimenta con esa información el sistema registral de la DNRPA. La SSN regula las condiciones de pago de las aseguradoras pero tampoco opera una base de datos de vehículos declarados pérdida total que sea consultable por los Registros Seccionales al momento de procesar una transferencia. Lo que el RUNA transporta en formato digital es la misma información que el sistema anterior contenía en papel, y la base de siniestros que podría completar el cuadro no existe como recurso integrado porque la SSN y la DNRPA operan en circuitos que nunca fueron diseñados para cruzarse.

El costo de esa fragmentación lo absorbe el comprador que descubre semanas o meses después de la operación que el vehículo tiene un historial que nadie le informó. La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor de Buenos Aires recibe reclamos por vicios ocultos en compraventa de vehículos, pero la carga probatoria recae sobre el comprador y el proceso es lento. Un informe de historial vehicular que consolidara en un solo documento los datos de titularidad del RUNA, los registros de siniestros de las aseguradoras, los datos de la VTV bonaerense incluidas las lecturas de odómetro, y el estatus en el Repuve le costaría al sistema una fracción de lo que la provincia recauda en impuesto de sellos sobre cada transferencia. Nadie lo ha propuesto formalmente y la reforma registral que el Ministerio de Justicia ejecuta desde 2024 no lo contempla.