En distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, particularmente en La Plata, se multiplican las medidas de fuerza convocadas por organizaciones sindicales docentes que no cuentan con personería gremial. La situación genera un fuerte debate sobre la legalidad de estas huelgas y su impacto en el funcionamiento de la escuela pública.
Las convocatorias impulsadas por seccionales Multicolor de SUTEBA, identificadas con sectores del Frente de Izquierda, vienen registrándose con frecuencia en algunas regiones. A ellas se suma ahora la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires, una organización que recientemente obtuvo el reconocimiento de su inscripción gremial por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación, aunque tampoco posee personería gremial.
Las reiteradas medidas de fuerza provocan que numerosas escuelas públicas permanezcan sin actividad, afectando la continuidad pedagógica y generando dificultades para muchas familias que deben reorganizar su vida cotidiana frente a paros de 48 horas que, en algunos distritos, se repiten casi semanalmente.
En este contexto, algunas familias optan por cambiar a sus hijos a establecimientos de gestión privada con cuotas bajas donde los salarios docentes están subvencionados al 100% por el Estado provincial. En estas instituciones, generalmente católicas, los paros directamente no existen, lo que termina operando como un factor a favor de la paulatina privatización del sistema.
Desde el sector docente esgrimen con razón que la adhesión a las huelgas responde a reclamos salariales considerados legítimos en un escenario de pérdida del poder adquisitivo generalizado. Sin embargo, cabe preguntarse cuáles terminan siendo los efectos de practicar el derecho a huelga sin reglas claras.
La discusión sobre la legalidad de los paros
Desde la Dirección General de Cultura y Educación sostienen que la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires es una asociación sindical de simple inscripción y que, por lo tanto, no cuenta con legitimidad para convocar una medida de fuerza provincial. En consecuencia, consideran que las inasistencias derivadas de estas convocatorias deben registrarse como «injustificadas». Lo mismo ha expresado respecto a los paros de la Multicolor en otras ocasiones.
La postura oficial encuentra sustento en el artículo 125 del Estatuto Docente, que establece que «las faltas de puntualidad y las inasistencias no justificadas darán lugar a descuento que se aplicará a la remuneración». Además, prevé que el personal docente que incurra en cinco inasistencias consecutivas injustificadas podrá ser considerado en presunto abandono de cargo.
Sin embargo, la interpretación jurídica sobre quién puede convocar legalmente a una huelga presenta matices.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, especialmente a partir del fallo «Orellano, Francisco Daniel c/Correo Oficial» de 2016, la titularidad del derecho de declarar una huelga corresponde a asociaciones sindicales formalmente organizadas, ya sea con personería gremial o simplemente inscriptas.
El derecho de huelga está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, mientras que la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales establece atribuciones exclusivas para las entidades con personería gremial. Esta dualidad interpretativa es la que alimenta la denominada «zona gris» sobre la legalidad de algunas medidas de fuerza.
En la práctica, mientras que las seccionales que convocan consideran que las huelgas son legítimas, tanto el Gobierno bonaerense como la conducción provincial de los gremios con personería entienden que esas medidas carecen de legalidad plena.
La posición de la Asociación de Maestrxs, un «sindicato nuevo»
La Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires convocó para el miércoles 17 una Olla Popular Docente y para el jueves 18 un paro provincial y nacional, en el marco de una jornada nacional de lucha impulsada por sectores sindicales combativos.
Entre sus principales demandas figuran la reapertura urgente de la paritaria salarial, un salario inicial de 1,5 millones de pesos, actualización mensual por inflación y un plan de desendeudamiento para los trabajadores.
«El sindicato es nuevo, eso es cierto, es totalmente nuevo. Eso no nos invalida para convocar a medidas de fuerza, tenemos la misma potestad que el resto de los sindicatos», aseguró Claudio Vigne, secretario general de la entidad.
Ante las consultas sobre la situación jurídica de la organización, en sus redes sociales esta organización expresó: «Parece un tanto extraño la consulta, porque hay otros 11 sindicatos docentes en la provincia y nunca les hacen esta consulta. Increíble tanto interés por la situación jurídica de nuestra nueva organización gremial. Lo importante es que estamos continuando la organización de la docencia bonaerense después de tantos años sin hacerlo».
Según explicó, «las medidas fueron resueltas en la asamblea provincial de la Asociación» y el reconocimiento fue obtenido «luego de una larga normalización como manda la ley de Asociaciones Sindicales con el reconocimiento del gobierno nacional y el provincial».
La organización sostiene que sus convocatorias tienen carácter legal debido a que cuentan con inscripción gremial reconocida por la Secretaría de Trabajo de la Nación durante el gobierno de Javier Milei.
Según pudo averiguar este portal, Claudio Vigne es un dirigente de Suteba Multicolor que se fue de esta agrupación sindical en 2022 por una disputa de cargos.
Mientras tanto, el debate continúa abierto. Más allá de las interpretaciones jurídicas, la reiteración de las medidas de fuerza con impacto parcial solo en algunos distritos y ecuelas sin un verdadero plan de lucha sostenido por el movimiento gremial en su conjunto vuelve a poner en discusión cómo equilibrar la necesidad de reclamar mejores salarios sin terminar operando por una privatización completa del sistema.
