Mediante un proyecto de Resolución el bloque de concejales del massismo rivadaviense solicitó a la Gobernadora, a las Cámaras legislativas provinciales y nacionales y al Presidente la inmediata y urgente eximición del cobro del IVA en el servicio de electricidad y gas a quienes han accedido a la tarifa social de los mencionados servicios, los consumidores residenciales, a los pequeños comerciantes y a las PyMEs.
La iniciativa está pensada por los próximos 3 años y es prorrogable por igual periodo. Su objetivo es asegurar el acceso a servicios básicos mientras se readecúe la actualización tarifaria llevada a cabo por el Gobierno Nacional.
En esa tónica, además, los ediles de la oposición reclamaron que el Congreso de la Nación, mediante la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria (aprobada por la Ley N° 27.260), consensue y posibilite readecuaciones impositivas para garantizar el financiamiento del Estado.
“Creemos que es una medida necesaria teniendo en cuenta los constantes aumentos de las tarifas de gas y energía eléctrica que acucian a miles de hogares argentinos”, señalaron desde el bloque del FR local.
Además, explicaron que “en el caso del IVA, el impuesto genera un impacto negativo adicional en los ingresos de las familias y PyMEs y si se toma como concepto los alcances de tener una Tarifa Social resulta un contrasentido aplicarle a la misma este impuesto”.
Además, los ediles puntualizaron que “hay que tener en cuenta que el anuncio de próximos incrementos tarifarios supera cualquier índice de inflación o de actualización salarial y jubilatorio que agravará la situación social y que, en paralelo, existe una depreciación del poder adquisitivo de todo salario y jubilación y una marcada reducción del consumo”.
Dentro de este contexto, para el massismo “la exención de IVA a estos contribuyentes, significa para el caso de las familias y PyMEs, una reducción automática en el total a pagar por los servicios de luz y gas en torno al 20% promedio y el impacto de impuestos provinciales”.
“Si bien el gobierno nacional y provincial pueden justificar la quita de subsidios al consumo energético no pueden desconocer el impacto en la economía de miles de familias, pequeños comercios y PyMEs que han sufrido un fuerte aumento en los servicios y un deterioro de sus ingresos desde 2016”, ahondaron.
Por último, detallaron que “los gobernantes no pueden desatender razones de justicia, equidad y la responsabilidad de garantizar el acceso universal a los servicios públicos por parte de la ciudadanía ya que es notorio y evidente el aumento del desempleo y el cierre de pequeños comercios y PyMEs a causa de las políticas económicas nacionales y provinciales”.
