El Senado de la Nación aprobó el Presupuesto 2026 que prevé un fuerte ajuste en educación, ciencia y tecnología. La normativa habilita al gobierno de Javier Milei a reducir el Financiamiento Educativo del que se coparticipan los recursos a las provincias y municipios para obras en escuelas.
El artículo 30 del Presupuesto, en su inciso a, la norma deja sin efecto el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, que garantiza que el presupuesto consolidado destinado exclusivamente a educación no sea inferior al 6% del Producto Interno Bruto (PIB), una vez cumplidas las metas establecidas por la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo.
La derogación de este artículo implica que el Estado Nacional renuncia al compromiso legal de garantizar el financiamiento del Sistema Educativo Nacional, dejando librada la inversión educativa a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. En este marco, el Fondo Educativo, que distribuye entre los municipios el 16,14% de los recursos de afectación directa que percibe la provincia de Buenos Aires por la Ley 26.075, queda seriamente comprometido.
Estos fondos son clave para cubrir gastos ligados a la educación, y su distribución se realiza a partir de un coeficiente elaborado por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE). El Fondo Educativo es de uso obligatorio para el sector y, al menos un 40%, debe ser destinado a obras de infraestructura en escuelas.
Ajuste en ciencia, tecnología y educación técnica
En tanto, el inciso b del artículo 30 establece la derogación de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley N° 27.614, que regula el Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sancionada en 2021. Estos artículos fijan metas concretas de inversión, incluyendo el objetivo de alcanzar al menos el 1% del PBI en 2032 y la garantía de que los fondos asignados nunca sean inferiores, en términos absolutos, a los del año anterior.
La eliminación de estos artículos desarticula la distribución estratégica de recursos entre organismos como el CONICET y las Universidades Nacionales, y deja al sistema científico expuesto a recortes abruptos, afectando el desarrollo soberano del conocimiento.
Además, el proyecto propone la derogación del artículo 52 de la Ley N° 26.058, lo que implica la desaparición del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FNETP), una herramienta fundamental para el equipamiento y la mejora de las escuelas técnicas y agrarias, y para la formación vinculada al desarrollo productivo.
Rechazo de la Provincia de Buenos Aires
La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires ratificó su compromiso inquebrantable con la educación pública y con el Sistema Nacional Científico Tecnológico, y rechazó el desmantelamiento de la Ley de Educación Nacional impulsado a través del Presupuesto 2026.
Desde la Provincia advirtieron que la aprobación del artículo 30 significa la desaparición de la obligación legal de asignar mínimos garantizados para la educación y la ciencia, lo que consolida un proceso de desfinanciamiento que pone en riesgo el pleno ejercicio del derecho social a la educación, incluyendo la educación técnico-profesional.
En este contexto, se solicitó a las y los senadores nacionales el rechazo del artículo 30, al considerar que su vigencia transforma a la educación y a la política científica en variables contingentes y precarizadas, sin prioridad presupuestaria ni protección legal.
La Provincia de Buenos Aires sostuvo que la inversión educativa y científico-tecnológica no es un gasto, sino la base soberana del desarrollo y la garantía de futuro para el pueblo argentino, y reafirmó que continuará trabajando junto a las comunidades educativas para exigir un presupuesto que garantice derechos y condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje.
