Walter Correa: “Este caso es un reflejo de lo que pasa en los campos bonaerenses”
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El Ministerio de Trabajo bonaerense inspeccionó el establecimiento y detectó falta de agua potable, electricidad y calzado de seguridad. El ministro Walter Correa denunció un despido sin causa y apuntó contra el gobierno nacional.
Luego de la viralización en redes sociales del caso de Víctor Díaz, un peón rural con más de diez años de antigüedad que fue despedido sin causa de una estancia en San Vicente, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo una inspección en el lugar y detectó graves irregularidades en materia de seguridad e higiene.
El ministro Walter Correa afirmó que el caso viral del despido de un peón rural es “un testimonio de lo que está pasando en los campos de la Provincia” y detalló: “Fuimos al lugar y la inspección que realizó el área de Higiene Laboral arrojó que en la vivienda de Díaz no había agua potable, no había cableado de electricidad, ni calzado de seguridad. Había muchas falencias”.
En cuanto a la situación laboral, se exigió a los responsables del establecimiento que presenten documentación formal del vínculo: “Se solicitó que muestren el registro correspondiente del trabajo: recibos de sueldo, aportes previsionales, vacaciones. Tienen plazo hasta el día lunes para presentarla y constatarla”, explicó el funcionario.
Correa remarcó que mantienen diálogo con la UATRE, y destacó la importancia que el gobierno bonaerense otorga a los trabajadores rurales: “Desde la provincia de Buenos Aires los trabajadores rurales tienen mucha importancia”, aseguró.
A su vez, señaló que la gestión de Axel Kicillof permitió mejorar los recursos para las tareas de fiscalización: “Contamos con camionetas 4×4, cinco drones, es todo un dispositivo para acompañar en términos logísticos a los inspectores”.
En tono crítico hacia la Casa Rosada, Correa expresó: “Tenemos un Presidente que no habla de producción, trabajo y menos de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Es un Gobierno que apuesta a la timba financiera y no al trabajo como lo hacemos con Axel Kicillof”.
Sobre las acciones del Ministerio para mejorar la cultura laboral en el ámbito rural, el ministro destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario en la capacitación de cooperativas, así como la tarea que se realiza desde la COPRETI para combatir el trabajo infantil: “Es algo que trabajamos muchísimo, pero desde los medios no se habla”.
Leandro Cambareri, secretario general de la Asociación del Personal del INTA (APINTA) de Balcarce, alertó sobre un proceso de desmantelamiento del INTA que, según señaló, se viene acelerando con la aplicación del último DNU del Gobierno nacional. Además de despidos, retiros voluntarios y cierre de agencias, se avanza también con la posible venta de tierras experimentales.
“Estamos resistiendo por medios gremiales, políticos y judiciales”, sostuvo Cambareri en una entrevista con Todo Provincial Radio. Denunció que ya se perdió personal por jubilaciones que no se cubrieron y ahora se espera una nueva tanda de retiros voluntarios, lo que dejaría a la institución “seriamente debilitada”.
La situación en Balcarce y el sudeste bonaerense
En la unidad de INTA Balcarce trabajan 270 personas y funcionan 10 agencias de extensión en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Según explicó Cambareri, el proceso de vaciamiento comenzó desde el inicio del gobierno de Javier Milei, con la no reposición de cargos, reducción de personal técnico e investigadores, y ahora el posible cierre de agencias.
Una de las mayores preocupaciones gira en torno a la venta de tierras experimentales. En el caso de Balcarce, trascendió que de las 2.430 hectáreas actuales, el gobierno nacional pondría en venta 1.980, dejando apenas 450 en uso. “No es oficial, pero todo lo que se rumorea, después se termina cumpliendo”, afirmó Cambareri.
Un recorte nacional con impacto federal
El secretario gremial indicó que, a nivel nacional, el INTA cuenta con 101.500 hectáreas destinadas a investigación. De ese total, el gobierno buscaría vender unas 47.500 hectáreas como parte de su política de “hacer caja” a pedido de organismos internacionales. “Ya comenzaron con la venta de inmuebles, como el de calle Servando en Palermo”, advirtió.
Además, está previsto el cierre de 41 agencias de extensión. Aunque en febrero el presidente del INTA había propuesto cerrar las 299 agencias existentes y despedir a 1.300 trabajadores, esa iniciativa no prosperó, pero podría reactivarse bajo el nuevo marco del DNU que otorga superpoderes al titular del organismo, ahora dependiente del Ministerio de Economía.
Qué hace el INTA y por qué su desguace afecta a todos
“El INTA investiga y transfiere conocimiento”, resumió Cambareri. La institución realiza desarrollos en cereales, ganadería, producción forestal, agricultura familiar y más, con un enfoque federal y territorial. Sus avances están presentes en cada producto de la mesa de los argentinos.
Pero además cumple un rol fundamental en la asistencia técnica a pequeños productores, que muchas veces dependen exclusivamente del INTA para poder seguir produciendo. “Esos productores están totalmente desprotegidos hoy”, afirmó.
“En cada alimento hay desarrollo tecnológico del INTA. Y romper esto llevará años reconstruirlo”, advirtió el dirigente sindical, quien denunció también un “ataque ideológico al sistema científico y a los empleados públicos”.
Movilización y estrategia política
Cambareri confirmó que este jueves APINTA participará de una movilización en Buenos Aires junto a trabajadores del INTI, Senasa y otros organismos afectados por el DNU. También acompañarán la exposición del secretario general de APINTA nacional, Mario Romero, en la Comisión de Agricultura de Diputados.
“Estamos hablando con diputados nacionales y con gobernadores que apoyan al INTA, para que frenen este decreto nefasto”, dijo, y adelantó que también se analizan acciones judiciales, ya que el INTA fue creado por ley y el DNU podría estar violando esa normativa.
Este jueves desde las 11 de la mañana, trabajadores y trabajadoras del Astillero Río Santiago realizaran un corte en la bajada de la autopista Buenos Aires–La Plata en avenida 520 para exigir un aumento salarial de emergencia. Piden que la provincia lo financie con algún tributo especial a grandes contribuyentes.
La medida fue votada en asamblea el pasado 8 de julio como parte de un plan de lucha que ya tuvo una importante expresión el 23 de junio, cuando los operarios marcharon desde la fábrica hasta el Ministerio de Economía bonaerense para visibilizar sus demandas.
“Sabemos lo delicada que es la situación económica de la provincia, pero también sabemos que se pueden tocar los intereses de los 250 mayores contribuyentes para que así los trabajadores tengamos un aumento de emergencia que nos ayude a paliar las heladeras vacías y los bolsillos flacos”, expresaron desde el cuerpo de delegados.
Durante la jornada del jueves, los trabajadores buscarán articular acciones con otros sectores en lucha y una delegación participará en la movilización convocada por los trabajadores del Hospital Garrahan, en un gesto de unidad y solidaridad con la salud pública.
Desde el gremio señalaron que si bien en la última reunión técnica se logró avanzar con pases a planta permanente, reconocimiento de insalubridad en cinco sectores y mejoras salariales puntuales, los aumentos de entre 15.000 y 30.000 pesos fueron considerados «insuficientes frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo».
“Estamos lejos del salario neto de $1.800.000 que necesitamos para una vida digna”, señalaron. El ARS cuenta con 2600 trabajadores.
Los trabajadores recordaron también que el 25 de junio participaron de una jornada nacional convocada por el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, que culminó con una masiva movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
“La unidad y la movilización son nuestras herramientas para defender nuestros puestos de trabajo, nuestros salarios y la soberanía de la industria naval argentina”, concluyeron.
La planta de Toyota en Zárate frenó por completo su actividad productiva y no volverá a operar hasta el 29 de julio. Lo que en un principio se presentó como una breve interrupción por vacaciones de invierno, terminó extendiéndose y generando incertidumbre entre los trabajadores, no solo por la duración del parate, sino por sus consecuencias laborales y económicas.
La empresa justificó la medida por “la implementación de nuevas tecnologías y procesos de automatización”, pero anunció además un régimen especial de liquidación de haberes. Quienes no sean convocados para tareas específicas o capacitaciones recibirán solo el 79% del salario bruto, lo que representa una caída de entre $500.000 y $700.000 por operario, según estimaciones del gremio SMATA.
El panorama se agrava con el sostenido recorte de personal, que ya dejó más de 700 despidos desde la asunción de Javier Milei como presidente. Desde el sindicato advierten que la modalidad elegida por la empresa elude los procedimientos formales: molinetes bloqueados, avisos por WhatsApp o llamados para no presentarse a trabajar se convirtieron en parte del nuevo protocolo empresarial para comunicar las cesantías.
“De los 70 delegados que tenía SMATA, hoy quedan solo 7”, denuncian desde la representación gremial. Una reducción que, para los trabajadores, no es casual. Aseguran que los despidos tienen una clara motivación antisindical, y que la estrategia apunta a debilitar las estructuras internas del gremio. “Van despidiendo. Primero a los delegados, después a sus colaboradores y ahora buscan empleados con algún vínculo con los exdelegados”, señalaron desde la planta.
La situación marca un cambio radical frente a aquel modelo que alguna vez fue destacado como ejemplo de modernización con participación gremial. En otro tiempo, los operarios votaban en asamblea la reorganización de sus francos para optimizar tiempos y recursos, en acuerdos consensuados con la empresa.
“El modelo Toyota no debe convertirse en una excusa para desregular. La modernización debe preservar los derechos fundamentales”, advirtió el exministro de Trabajo bonaerense Oscar Cuartango, en un contexto donde el avance de la automatización parece ir acompañado de pérdida de derechos laborales y vaciamiento sindical.
El receso invernal, lejos de ser una pausa técnica, expone un escenario de conflicto latente. Muchos trabajadores temen que, al retornar a la actividad, se produzca una nueva tanda de despidos. El temor crece en una planta donde la incertidumbre ya se convirtió en parte del ambiente cotidiano.