“Viste el agujero que tiene”: el preso asesinado en Varela tenía un disparo con bala de plomo

La autopsia desmintió la versión del Servicio Penitenciario Bonaerense que había informado que la muerte violenta en la Unidad 23 de Florencio Varela durante una protesta se había producido en el marco de “una pelea entre dos grupos de internos”. El detenido había recibido el impacto de una bala de plomo. La Comisión Provincial por la Memoria demandó que se exonere a todos los agentes que participaron de la represión y también a las autoridades del penal

El interno que murió el miércoles en la Unidad 23 de Florencio Varela fue identificado como Federico Rey de 30 años. En un comunicado, el SPB había asegurado que el detenido fue asesinado por otros presos durante una pelea entre dos grupos pero la autopsia corroboró la versión de los internos que habían denunciado represión por parte de los agentes y uso de balas de plomo.

Según relató la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la ejecución de Rey se produjo en una primera protesta luego de que circulara una audio en el que un supuesto médico que confirmaba un caso de coronavirus en la Unidad 42 del mismo complejo y advertía que “se iban a contagiar todos”.

La protesta habría sido reprimida por los agentes penitenciarios lo que generó una mayor reacción de los presos. Varios se subieron al techo. Uno de ellos fue el interno que recibió un disparo con bala de plomo desde el muro exterior.

El asesinato del joven agravó la protesta y en el sector de máxima seguridad fueron tomados cuatro pabellones. En ese momento intervinieron la CPM, la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, el titular del Juzgado de Garantías Nº 8 de Florencio Varela y el jefe del SPB que se comprometió a no reprimir nuevamente.

Luego de largas horas de negociaciones y diálogo se realizó una audiencia judicial a la que concurrieron representantes de todos los pabellones para exponer las razones de la protesta que fue levantada.

El conflicto de fondo es el reclamo de los internos de que se cumpla el fallo del juez de Casación, Víctor Violini, que en el marco de la pandemia ordenó revisar todas las prisiones preventivas, excluyendo a los detenidos por delitos graves, y el otorgamiento de prisión domiciliaria para grupos de riesgo.

“La brutalidad penitenciaria y el nulo respeto a la vida y los derechos de las personas detenidas demostrados en la gestión de los conflictos requieren la inmediata desafectación y exoneración de las autoridades de la Unidad, del Complejo Penitenciario y de quienes participaron del hecho”, demandó la CPM.

Y advirtió: “Los agentes no sólo no intentaron resolver el conflicto de manera pacífica y dialogar con quienes se subieron al techo, sino que además dispararon con balas de plomo, práctica que está prohibida por los protocolos de uso de la fuerza”.

“La protesta posterior, más grande aún, se resolvió de manera pacífica y preservando la vida de las personas detenidas, lo cual demuestra que es posible gestionar los conflictos desde el diálogo y el respeto de los derechos y garantías constitucionales”, concluyó el organismo.

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