La crisis de Granja Tres Arroyos volvió a generar una fuerte movilización sindical. La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), junto a UATRE, la Federación de la Carne y la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), marchó este jueves hacia la Secretaría de Trabajo de la Nación para reclamar una intervención del Gobierno ante la situación que atraviesa la empresa y el riesgo sobre miles de puestos de trabajo.

La movilización reunió a delegaciones sindicales de distintos puntos del país, con una importante presencia de trabajadores de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Chaco, provincias donde la empresa tiene establecimientos afectados por la crisis.

Durante la jornada, representantes de las organizaciones gremiales fueron recibidos por funcionarios de la Secretaría de Trabajo. En el encuentro reclamaron que el Estado nacional intervenga para encontrar una salida al conflicto y evitar que continúen los despidos y el deterioro de las condiciones laborales.

“El Gobierno debe asumir la responsabilidad por las políticas que está llevando adelante”, afirmó el secretario general de la FTIA, Héctor Morcillo, durante la protesta. Y advirtió: “Si el Gobierno no interviene en este conflicto, el futuro es negro”.

El dirigente sostuvo que la situación de Granja Tres Arroyos no puede ser considerada simplemente como un conflicto entre una empresa y sus trabajadores.

“Tenemos claro que la herramienta que nos queda es la solidaridad en estos tiempos críticos que estamos viviendo”, planteó Morcillo, quien también cuestionó el manejo de la crisis por parte de la conducción de la compañía.

Para el titular de la FTIA, el escenario que atraviesa la empresa está relacionado con el rumbo de la economía nacional.

“Este grave problema es consecuencia de un modelo económico que desindustrializa, abre las importaciones y desconoce lo que le pasa a los trabajadores”, sostuvo.

En ese sentido, Morcillo vinculó la situación de Granja Tres Arroyos con otros procesos de pérdida de empleo registrados en distintos sectores de la industria.

“No podemos naturalizar que haya 7 mil familias con riesgo de quedar en la calle ni que 27 mil trabajadores textiles hayan perdido su fuente de trabajo. No podemos naturalizar que FATE haya cerrado y que las miles de fábricas y los 400 mil trabajadores registrados que han perdido su empleo sean cuestiones cotidianas. No vamos a esperar mansamente que algo derrame”, afirmó.

Los sindicatos reclaman una mesa con todos los sectores

Frente a la gravedad del escenario, las cuatro organizaciones gremiales reclamaron la convocatoria a una mesa de trabajo conjunta para discutir el futuro de Granja Tres Arroyos.

La propuesta contempla la participación del Estado nacional, la empresa, los sindicatos y la Cámara Empresaria, pero también de los gobernadores e intendentes de las localidades donde funcionan plantas de la compañía.

“Queremos una mesa que incluya al Estado nacional, la empresa, los sindicatos, la Cámara Empresaria, los gobernadores de todas las provincias donde se encuentran emplazadas las plantas de Granja Tres Arroyos, los intendentes, las fuerzas vivas y todos los actores vinculados con la actividad”, señaló Morcillo.

El reclamo sindical apunta a evitar nuevos despidos, recuperar los puestos de trabajo perdidos, regularizar los salarios que se encuentran atrasados y avanzar hacia la reactivación de las plantas industriales.

La movilización se produjo en un contexto de creciente preocupación entre los trabajadores de la empresa, que tiene una presencia histórica en la industria alimentaria argentina y genera empleo directo e indirecto en distintas provincias.

Morcillo llamó a mantener la organización gremial frente al escenario económico y laboral.

“Convocamos a todas y todos los compañeros a seguir movilizados, organizados y resistiendo estas políticas de ajuste y destrucción de la industria. Vamos a salir a la calle todas las veces que sea necesario”, concluyó.

La crisis desatada en la planta de Cargill de Arribeños, partido de General Arenales, podría escalar a nivel provincial. El Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SIUNFLETRA) anunció que profundizará las medidas gremiales y convocará a asambleas permanentes en todos los puertos de la provincia de Buenos Aires, luego de que la empresa decidiera reanudar sus operaciones sin resolver el conflicto que ya supera los 63 días.

La decisión del gremio se conoció tras la reciente intervención de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), que desplazó a toda su comisión directiva y designó un nuevo interventor.

Desde el sindicato señalaron que la conducción desplazada de la CATAC, encabezada por Ramón Jatip y Sergio Larovere, mantenía una relación directa con la Unión de Transportistas de Arribeños (UTA), organización señalada por los camioneros en el origen del conflicto.

«Ante la inminente reanudación de las actividades de la planta Cargill de Arribeños, donde se originó el conflicto que lleva 63 días, este sindicato intensificará las medidas gremiales de acción directa, que se traducirán en asambleas permanentes en la totalidad de los puertos de la provincia de Buenos Aires«, advirtió la organización en un comunicado.

El gremio aseguró que las medidas se mantendrán hasta que las nuevas autoridades de la CATAC convoquen a una mesa de diálogo que permita encontrar una solución definitiva.

Un conflicto que comenzó por presuntas comisiones ilegales

La disputa comenzó a principios de julio cuando un grupo de aproximadamente 30 fleteros independientes denunció el supuesto cobro de una comisión del 3% en negro para acceder a los viajes de carga desde la planta de Cargill.

Según los transportistas, la operatoria estaba vinculada a un intermediario que no prestaba un servicio efectivo y exigía ese porcentaje sobre cada flete.

Tras realizar las denuncias, los camioneros sostienen que fueron desplazados de la operatoria y reemplazados por otros transportistas.

Desde la conducción nacional de la CATAC siempre rechazaron esas acusaciones y aseguraron que los fleteros abandonaron voluntariamente el sistema de trabajo.

La intervención de CATAC suma tensión

La reciente resolución de la IGJ, que intervino la CATAC y removió a su conducción, reavivó el conflicto.

Para el Sindicato de Fleteros, la decisión del organismo nacional refuerza la necesidad de revisar lo ocurrido en Arribeños y avanzar en una instancia de negociación antes de que Cargill normalice completamente su actividad.

Mientras tanto, la empresa anunció que retomará las operaciones de la planta, aunque el conflicto con los transportistas continúa sin resolverse.

Si las medidas gremiales se concretan, el conflicto podría dejar de afectar únicamente a General Arenales y extenderse a la actividad portuaria de toda la provincia de Buenos Aires.

El ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto laboral generado por los 19 despidos en la cantera Galasur de Olavarría. La empresa que quiere pagar media indemnización pretende llevarse el conflicto a Nación, donde presume un trato más amigable.

En diálogo con Todo Provincial, el secretario General de AOMA Olavarría, Alejandro Santillán, detalló: «El ministerio de Trabajo bonaerense llamó a una audiencia conciliatoria para sentar a ambas partes y buscar una solución. Sin embargo, la empresa no se presentó y después su abogado planteó que había una reunión en Nación».

El conflicto en la cantera ubicada en la localidad olavarriense de Sierra Chica se desató el pasado viernes cuando la empresa suspendió a sus 80 trabajadores para realizar presuntos trabajos de mantenimiento pero horas despúes envío telegramas de despido a 19 empleados.

La firma pretende aplicar el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para pagar solamente el 50% de las indemnizaciones, aduciendo que atraviesa una severa crisis por la caída de la demanda de piedra en el marco de la paralización de la obra pública. Además reclama por una deuda de más de 1800 millones de pesos por parte del gobierno nacional por material vendido a Ferrocarriles Argentinos.

A pesar de estas denuncias contra el gobierno nacional incluídas en los telegramas de despidos, la empresa propiedad de la familia Embón pretende llevar el conflicto ante la Secretaría de Trabajo de la Nación donde presume un trato más amistoso hacia su intento de despedir sin pagar lo que corresponde.

“Ellos saben que los expedientes están en el Ministerio de Trabajo de la provincia que está interviniendo en este conflicto. Esto demuestra que no buscan iniciar ninguna conversación”, aseguró el titular de AOMA.

Ante la ausencia de la parte empresaria en la audiencia, la cartera laboral bonaerense a cargo de Wálter Correa decidió actuar de oficio y dictar la conciliación obligatoria por 15 días que deja sin efecto los despidos.

“En asamblea, los trabajadores decidieron acatar la conciliación así que se presentarán a trabajar en sus turnos correspondientes. Veremos cómo actúa ahora la empresa”, señaló Santillán.

El dirigente sindical además advirtió que Galasur le debe 160 millones de pesos a AOMA y más de 40 millones a la obra social en concepto de aportes que sigue descontando a los trabajadores.

“Los dueños de Galasur son del tipo de empresarios que se quedan con el dinero de sus trabajadores, realmente se viene portando muy mal”, cuestionó.