El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este martes un nuevo comité de emergencia en el Centro Operativo del Ministerio de Seguridad bonaerense, ubicado en Puente 12, La Matanza. Acompañado por sus ministros, repasó el estado de situación de los 30 municipios afectados por el temporal, definió prioridades de asistencia y anunció que la Provincia reclamará fondos específicos a Nación para enfrentar la crisis.

“Vamos a enviar al Gobierno nacional un pedido para que se destinen a la Provincia los fondos específicos que corresponden a la asistencia para casos de emergencia y a mejorar la infraestructura”, aseguró Kicillof.

Y agregó: “Hicimos un relevamiento de las obras que fueron paralizadas por las autoridades nacionales: vamos a intentar finalizarlas con fondos propios porque no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras desde la Nación no se realizan las obras que necesitan los bonaerenses”.

Durante la reunión, Kicillof se comunicó por videoconferencia con los intendentes de Arrecifes, Campana, Exaltación de la Cruz, Salto, San Antonio de Areco y Zárate, con quienes relevó las principales necesidades de cada distrito. “En todos los casos recibieron y seguirán recibiendo la asistencia del Gobierno provincial”, afirmó.

El gobernador destacó que “el agua está bajando prácticamente en toda la Provincia, aunque con más dificultades en los partidos de Salto y Campana”. En paralelo, se mantiene el despliegue de asistencia y seguridad para garantizar el retorno seguro a los hogares.

Seguridad, alimentos y obras urgentes

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, informó que se destinó personal adicional a los distritos más golpeados y que “continúa la búsqueda de dos personas desaparecidas en Quilmes y Moreno”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, detalló que ya se entregaron 120 mil kilos de alimentos, 12 mil colchones y 12 mil frazadas, junto con 7 mil kits de limpieza y 14 mil bidones de agua. “Desde el primer momento asistimos a todos los distritos afectados”, subrayó.

En tanto, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, adelantó que el gobierno provincial se abocará a reactivar diez obras hidráulicas paralizadas por Nación. “El Gobernador me encomendó iniciar rápidamente la gestión para continuar con estas obras que hubieran sido muy importantes para minimizar los efectos del temporal”, afirmó.

También participaron del encuentro los subsecretarios Santiago Fidanza (Organización Comunitaria) y Sebastián Ciatti (Planificación e Inteligencia Criminal), así como los directores provinciales Flavio Seiano (Hidráulica) y Jerónimo Chaparro (SIES).

El comité resolvió continuar con la asistencia en forma directa y sostenida, y planificar la reconstrucción de las zonas más afectadas con recursos provinciales, a la espera de una respuesta de Nación al pedido formal de fondos.

La provincia de Buenos Aires fue sede por primera vez de la Asamblea del Consejo Federal de Minería (COFEMIN), en un contexto de fuerte crisis del sector debido a la parálisis de la obra pública.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, encabezó la 53° Asamblea del Consejo Federal de Minería (COFEMIN), realizada por primera vez en la provincia de Buenos Aires. El encuentro se llevó a cabo en el Teatro Argentino de La Plata y reunió a representantes mineros de todo el país para debatir sobre políticas públicas para el sector.

“Ser sede de este encuentro, pensando en el desarrollo de la actividad y trabajar mancomunadamente con un enfoque federal, es clave”, expresó Costa. El ministro advirtió que la minería bonaerense atraviesa una situación crítica, con la pérdida de más de 1000 empleos directos, como consecuencia de “un esquema de política que afectó a tres sectores vinculados: construcción, industria y comercio”.

“La provincia de Buenos Aires es una de las más importantes del país en minería, pero hoy estamos sufriendo mucho. El desafío es encontrar medidas que permitan aliviar la coyuntura hasta que cambie el contexto”, remarcó el titular de la cartera productiva.

El arribo del COFEMIN a suelo bonaerense ratificó el creciente protagonismo de la Provincia en el mapa minero argentino, consolidado desde la creación de la Subsecretaría de Minería en 2019, durante la gestión del gobernador Axel Kicillof. Desde entonces, Buenos Aires registró récords en toneladas de minerales transportadas, se convirtió en la principal generadora de empleo registrado en la minería no metalífera y creó la Tecnicatura Superior en Minería en Olavarría.

En la actualidad, la parálisis de la obra pública nacional afecta de forma directa al sector minero bonaerense. La provincia es la principal productora de áridos, insumo clave para el hormigón, y líder en producción de cemento a nivel nacional, con dos de las cementeras más importantes de Latinoamérica en su territorio. Se estima que entre 60% y 70% de la demanda de estos insumos proviene de obras públicas actualmente suspendidas.

Durante el encuentro, también se destacaron los avances en los estudios sobre tierras raras en territorio bonaerense, un paso estratégico hacia el agregado de valor en la producción minera. La minería no metalífera fue uno de los ejes principales del debate, promoviendo la articulación entre distintas jurisdicciones provinciales.

Participaron de la asamblea la subsecretaria bonaerense de Minería, Laura Delgado, que también ejerce la vicepresidencia segunda del COFEMIN, y el subsecretario de Política Minera de la Nación, Francisco Caeiro, además de autoridades mineras de 23 provincias.

Al finalizar la jornada, los funcionarios recorrieron el Museo de Ciencias Naturales de La Plata y la Planta de Baterías de Litio, acompañados por el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, Roberto Salvarezza, y la directora de Promoción Científica Tecnológica provincial, Paula Martínez.

En diálogo con Todo Provincial RADIO, el diputado bonaerense de Unión por la Patria, Leonardo Moreno, explicó el proyecto de ley que presentó para frenar los abusos y el acoso de las agencias de cobranza, y reclamó mayor presencia estatal para proteger a los consumidores, especialmente en el actual contexto de crisis.

“Desde que asumió el gobierno de Milei, se desmanteló la Secretaría de Comercio, que tenía muchas normas de protección al consumidor. Hoy los vecinos quedan a merced de empresas, bancos y sobre todo financieras usureras”, explicó Moreno, que es vicepresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor en la Legislatura bonaerense.

Según detalló, una de las problemáticas más graves es el sobreendeudamiento de jubilados y sectores populares que acceden a préstamos con tasas “irrisorias” para comprar medicamentos o alimentos. A esto se suma el hostigamiento por parte de agencias de cobranza que actúan de forma extorsiva.

Cuatro puntos clave del proyecto

La iniciativa de Moreno busca regular el accionar de estas agencias mediante cuatro puntos fundamentales:

1. – Identificación obligatoria de quien realiza el contacto, con un detalle documentado de la deuda y la ficha de origen.
2. – Prohibición de llamadas fuera del horario laboral, al trabajo o a familiares del deudor.
3. – Penalización del hostigamiento, la amenaza o la persecución sistemática como método de cobranza.
4. – Refuerzo del rol del Estado en defensa del consumidor, con énfasis en los municipios que no cuentan con oficinas OMIC.

“No estamos diciendo que no se pague, pero sí que se respete la dignidad de las personas. El método coercitivo tiene que cesar”, aclaró el legislador.

Críticas a las financieras y falta de controles

Moreno alertó sobre el crecimiento de empresas que otorgan préstamos con tasas de hasta 3000% anual, sin ningún tipo de control ni referencia bancaria. “Cada dos cuadras hay una financiera que ofrece plata en el acto. Un jubilado desesperado va, saca 300 mil pesos, y termina pagando millones durante años. Eso es usura”, advirtió.

También se refirió al fenómeno de los préstamos ilegales conocidos como «gota a gota», impulsados por organizaciones delictivas. “No hay muchas denuncias porque los vecinos no tienen dónde hacerlas. La situación es más grave cuando se transforma en amenaza directa o violencia, y ahí ya entra la justicia penal”, indicó.

En Escobar, donde Moreno reside, la oficina local del consumidor recibió más de 3000 denuncias en dos años, lo que evidencia el nivel de abusos por parte de empresas legales que operan sin control.

“El gobierno nacional retiró al Estado de la vida de la gente, lo que genera más vulnerabilidad. Nosotros como legisladores peronistas debemos estar en el territorio, conocer los problemas reales y dar respuestas concretas”, concluyó el diputado.