Por: Dr. Juan Pablo Ripamonti (Abogado y especialista en temas agropecuarios)
El Sr. Presidente de la Nación con la falsa excusa de la soberanía agroalimentaria expropia una empresa ARGENTINA que tendría que buscar las soluciones en el sector privado, como cualquier empresa. Ante este escenario nos planteamos. ¿Cuál será límite?.
La empresa Vicentín, tiene más de 90 años, es argentina y con dueños argentino, funciono con un ambicioso programa de desarrollo basado en el financiamiento externo a corto plazo por vía banca con altas tasas. Cayeron en la trampa Argentina del país desarrollista planteado entre 2016 y 2019, en un contexto volátil que termino de poner en jaque a la misma con los resultados en las paso de 2019 y las ventas de cereal futuro por temor a las nuevas retenciones, genero una corrida granaría de liquidación.
Vicentín se presentó en concurso preventivo.
Los efectos fueron devastadores para los productores que con el transcurso del tiempo profundizó la crisis, con una falta de pago U$S 350.000.000,00. Causando el mismo efecto en la cadena de comercialización.
Pasados 7 meses desde la salida de mercado, aparece el Estado con una solución mágica mediante DNU de intervenir la empresa y promover la expropiación, con argumentos falaces, el DNU que dispuso la intervención es inconstitucional porque no se dan las circunstancias de excepción que prevé la Constitución Nacional para que un presidente pueda dictar un decreto de contenido legislativo, pero le genera posibilidad de la intervención y no esperar que se apruebe la expropiación en el Congreso Nacional, ínterin ocupar el directorio de la empresa – generando una expropiación de hecho – circunstancias nunca vistas en un estado de derecho en contradicción con art. 99 inc. 3 de la C.N. Esto también genera la violación del art. 109 C.N. Presidente no puede intervenir en ningún caso puede ejercer funciones judiciales por ende no intervenir la empresa. Violando en esta acción a la previsto de en Ley de Concurso y Quiebras, que obviamente la Empresa Vicentín ya se encuentra intervenida por el juez del Concurso Preventivo y su Sindico del concurso. Bien pudo como acreedor solicitar al Juez del concurso la intervención judicial y la remoción del directorio, pero eso sería actuar dentro del marco legal y con respeto republicano.
La falacia de la Soberanía Agroalimentaria. Esta empresa en cuestión se dedica a comprar cereales, procesarlos y expórtalos, no tiene relación alguna con la mesa de los argentinos o sea, no comemos soja.
No parecería una prioridad ingresar en semejante problema, máxime cuando hay otros grupos empresarios que desearían ingresar en este negocio, y los problemas económicos quedarían entre privados.
Por otro lado, hay miles de productores que esperan una solución, ya que su futuro depende de cobrar lo que honrosamente produjeron, entregaron y fueron estafados al no poder cobrar sus legítimas acreencias.
En este contexto sumamos con la expropiación una pérdida no menor a U$S 1.500 millones, quien pagara esto? Los contribuyentes y por medio del estado ya deficitario con más impuestos, emisión monetaria e inflación en el supra contexto de la reestructuración de la deuda pública.
Está descartado que expropiar la empresa Vicentín permitirá al estado controlar el negocio de los granos, ya que el mercado es internacional. Con una logística carísima y la competencia interna es feroz con Empresas altamente eficientes y con logística altamente operativa que forman el 90 % del mercado. Conociendo las características de la prestación de servicios del estado nacional está muy lejos de las cerealeras que operan en el país. No será una opción para el productor? Quien le venderá a Vicentín?
Este es el comienzo, pero no sabemos en cuando termina. Esto es alarmante, como bien se dijo ES UN CASO TESTIGO, pero tal vez esto les sirva para una catarata de estatizaciones pensadas para transitar la economía argentina.
Esto definirá el futuro del perfil de los inversores / productores de la argentina.
Sin dudas alejara a cualquier inversor, genera vulnerabilidad a la propiedad privada y otorga claridad sobre cuál es modelo económico y nuestro lamentable destino como país.
Todo este atropello a la Constitución Nacional y a las leyes de fondo, encontrara naturalmente su límite en el congreso Nacional, en los mismos términos que en el año 2008 con el paro del campo con la resolución 125. Siendo una oportunidad de definir a largo plazo como será el destino de nuestro país, si nos encaminamos a un modelo Venezolano Chavista – estatizador presidencialista o ponemos el cumplimiento de la Constitución Nacional como eje de nuestras vidas.-
