El gobierno bonaerense anunció el desbaratamiento de una banda delictiva integrada por miembros del gremio SOEME por defraudación al Estado provincial con el otorgamiento de licencias médicas truchas y falsificación de documentación para direccionar los ingresos de nuevos trabajadores auxiliares. Fueron imputados el presidente y el vicepresidente del Consejo Escolar local.
La investigación fue realizad por efectivos de la Dirección de Crimen Organizado de la Policía de la provincia de Buenos Aires, bajo la coordinación del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y el juez de garantías Jorge Moya Panisello.
Esa tarea incluyó seguimientos encubiertos, toma de fotografías y filmaciones a partir de las cuales se pudo comprobar el accionar delictivo y, en principio, identificar a las personas que estarían involucradas.
Con esos datos, este miércoles en Florencio Varela se realizaron cuatro allanamientos en los domicilios particulares de cuatro miembros del sindicato, uno en la sede del gremio y otro en el Consejo Escolar de ese distrito. Se trata de la delegada de Florencio Varela, su hija, su exyerno y una auxiliar que trabaja en una escuela de ese distrito.
Pero no sólo quedaron sospechados los dirigentes de SOEME, sino que también fueron imputados por «administración fraudulenta» la presidenta del Consejo Escolar, Claudia Isabel Allerbon y a la vice, Mónica Beatriz Guídice, ya que este organismo es el responsable de los nombramientos y de las licencias.
En los operativos, la policía incautó sellos de médicos, formularios membretados, licencias en trámite, formularios de inscripción docente y títulos de estudios secundarios, terciarios y profesionales, entre otros elementos de interés para la causa.
La pesquisa del caso pudo comprobar que en la delegación del Gremio SOEME de Florencio Varela se expidieron certificados médicos apócrifos, con patologías inexistentes, y que para ello utilizaron sellos de distintos profesionales habilitados.
De esa manera, auxiliares docentes pudieron acceder a licencias médicas sin tener enfermedad alguna, lo que generó un perjuicio a la administración pública provincial.
La investigación demostró también que desde esa delegación de SOEME se completaron planillas y legajos de aspirantes de auxiliares docentes con documentación apócrifa, con el propósito de beneficiarlos en los nombramientos, con el condicionamiento de que se afilien al gremio.
La denuncia que dio origen al caso fue realizada por la Dirección Provincial de Legal y Técnica y de la Dirección de Coordinación de Actuaciones judiciales de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.
