Gremios
Un fallo que complica a Vidal: La Suprema Corte ordenó pagar a los judiciales de acuerdo a la inflación
En una resolución, este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con firma de su vicepresidente -Eduardo De Lazzari-, y de Ricardo Maidana, Victor Violini y Daniel Carral –jueces del Tribunal de Casación Penal, que intervienen por la excusación de cinco de los ministros- resolvió “declarar mal concedido el recurso extraordinario” interpuesto por el Fisco contra la medida cautelar ordenada por el Tribunal de Trabajo 3 de La Plata el pasado 13 de julio.
La medida cautelar mencionada obliga al Ministerio de Trabajo a convocar a la AJB para retomar las negociaciones salariales, a la vez que dispone el aumento de las remuneraciones de los agentes judiciales representados por el gremio judicial de acuerdo a la variación mensual del índice de precios publicado por el INDEC , hasta tanto se llegue a un acuerdo paritario.
“El rechazo del recurso implica la ratificación de la medida cautelar. Es decir, que ésta se encuentra plenamente vigente, por lo que el expediente volverá al Tribunal de Trabajo de origen para que se garantice su cumplimiento”, expresó Pablo Abramovich, secretario general de la AJB.
“Este reconocimiento a la legitimidad de nuestro reclamo es el resultado del esfuerzo realizado por miles de trabajadorxs judiciales que vienen sosteniendo desde hace seis meses, con paros y movilizaciones, un conflicto durísimo en defensa de nuestros salarios y condiciones de trabajo”, agregó Abramovich.
A los trabajadores judiciales se les liquidó, por decisión unilateral del Ejecutivo, dos pagos a cuenta que acumulan un 15% de incremento sobre los salarios de diciembre, mientras que la evolución de inflación en lo que va del año ya supera el 24% (durante el día de hoy el INDEC publicará el índice del mes de agosto).
Los adelantos a cuenta de futuros acuerdos fueron aplicados por el gobierno provincial en todos los sectores de trabajadores estatales. La mala noticia para la gestión provincial es que este fallo podría hacerse extensivo a docentes, médicos, estatales de la 10.430, y el resto de los empleados de la administración pública bonaerense.
Finalmente, desde la AJB agregaron: “Un párrafo aparte merece la lamentable actuación del Tribunal de Trabajo 3 de San Martín, que interviniendo como tribunal de feria concedió un recurso a todas luces inadmisible, lo que produjo casi dos meses de demora en el trámite, con el consiguiente deterioro en los salarios de casi 24.000 empleadxs y funcionarixs judiciales representadxs por nuestro gremio”.
Gremios
Importante cantera de Olavarría despidió a 19 trabajadores y acusó a Nación por una deuda millonaria
La empresa Galasur S.A., una de las principales canteras de Olavarría, despidió a 19 trabajadores en medio de la profunda crisis que atraviesa el sector de la minería no metalífera por la paralización de la obra pública y la crisis económica. La firma justificó la decisión en la caída de la actividad, la «fuerte retracción de las ventas» y una millonaria deuda que, según afirmó, mantiene el gobierno nacional.
Los despidos comenzaron a notificarse este jueves, luego de que un día antes la empresa comunicara a todo el personal que no debía concurrir a trabajar hasta el próximo lunes debido a supuestas tareas de reparación en la planta. La situación despertó sospechas entre los trabajadores y finalmente se confirmó con la llegada de los telegramas.
De acuerdo con la información difundida por los propios empleados, fueron despedidos 17 trabajadores afiliados a AOMA y dos del gremio de Comercio, quienes se autoconvocaron en el ingreso a la cantera para reclamar explicaciones. Desde el sindicato minero señalaron que previamente se había realizado una audiencia en el Ministerio de Trabajo, aunque la decisión empresarial terminó concretándose de todos modos.
La empresa apuntó a la crisis de la obra pública y la construcción
En los telegramas enviados a los trabajadores, Galasur sostuvo que las cesantías responden a una «falta o disminución de trabajo» derivada del deterioro de las condiciones económicas y productivas de la actividad minera.
La empresa explicó que su producción depende en gran medida de la construcción y de la obra pública, por lo que la paralización de esos sectores provocó una fuerte caída en la demanda de piedra y otros materiales.
Según indicó, entre enero y julio de 2026 las ventas se redujeron cerca de un 34% interanual, un escenario que, combinado con la inflación y el incremento de los costos, afectó la sustentabilidad de la explotación.
Además, la firma aseguró que enfrenta un grave problema financiero por el incumplimiento en los pagos de SOFSE-Trenes Argentinos Operaciones, que —según detalló— mantiene una deuda cercana a 1.890 millones de pesos, con certificados impagos desde hace más de dos años.
Para la empresa, ese escenario deterioró el flujo de fondos y la cadena de pagos, haciendo «insuficientes los actuales niveles de actividad y producción para sostener la estructura operativa y laboral».
Un nuevo golpe para el empleo en Olavarría
Los despidos vuelven a poner el foco sobre la situación de Olavarría, uno de los principales polos mineros y productores de piedra de la provincia de Buenos Aires, cuya actividad está estrechamente ligada a la evolución de la construcción y de la inversión en infraestructura.
La reducción de la obra pública nacional y la desaceleración del mercado privado vienen impactando desde hace meses sobre las canteras de la ciudad, con menor producción y conflictos laborales que ahora suman un nuevo capítulo con la desvinculación de 19 trabajadores de Galasur.
Gremios
Cierra la fábrica de Converse en Las Flores: “Ya perdimos el 80% de los trabajadores del calzado en todo el país”
Desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) confirmaron el cierre de la emblemática fábrica de zapatillas Coopershoes en Las Flores. «Qué podemos hacer los sindicatos si la empresa no tiene trabajo y paga las indemnizaciones como corresponde. Esto es una pesadilla«, expresaron desde el gremio.
En diálogo con Radio Las Flores, Daniel Coronel delegado de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA): «En 2023 había 322 trabajadores de calzado en Cooopershoes. La política económica de Milei se llevó puestos todas estas fuentes de trabajo».
«En junio del 2024 empezaron a reducir puestos laborales y lamentablemente la empresa no tenía más pedidos de Converse», detalló el dirigente gremial y agregó: “Dentro de la desgracia debemos destacar que pagarán las indemnizaciones como corresponde».
“Hemos perdido el 80% de los trabajadores del calzado en todo el país”
Coronel explicó que este cierre se produce en un contexto de apertura de importaciones por lo que a las empresas les conviene traer los productos terminados de otros países, además de la caída del consumo interno. “Adentro no hay un peso por lo que la indumentaria pasa a ser un consumo del último orden. Comer se volvió muy caro en Argentina», lamentó.
El dirigente de UTICRA señaló que el gremio intentó realizar gestiones ante el gobierno nacional pero que «no hubo respuestas».
«Esto está pasando en todo el país y es muy lamentable. Antes cuando había algún conflicto podías acudir a la Secretaría de Comercio, ahora no hay ninguna puerta para golpear», apuntó.
Y cuestionó: «Qué podemos hacer los sindicatos si la empresa no tiene trabajo y paga las indemnizaciones como corresponde. Esto es una pesadilla que está pasando en Argentina»
«Hemos perdido el 80% de los trabajadores del calzado en todo el país. No hay ventas y entra todo trucho de Paraguay. Nuestra rama está desapareciendo», advirtió.
El Ministerio de Trabajo bonaerense avanzó con la reglamentación del organismo previsto por la Ley 14.656. La medida llega tras el reclamo de los trabajadores municipales y permitirá abrir un ámbito institucional de diálogo entre intendentes y sindicatos.
El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires anunció la convocatoria a la primera reunión organizativa del Consejo del Empleo Municipal, el organismo creado por la Ley 14.656 para fortalecer el diálogo entre los municipios y los trabajadores municipales, cuya puesta en funcionamiento permanecía pendiente desde la sanción de la norma hace más de diez años.
La Ley 14.656 fue aprobada en 2014, reglamentada en 2016 y luego judicializada en 2018 por distintas dificultades que impidieron su implementación efectiva. En este contexto, la actual gestión del Ministerio impulsó consultas ante la Asesoría General de Gobierno, que mediante un dictamen emitido el 7 de junio de este año habilitó a la cartera laboral a establecer las pautas necesarias para garantizar la integración y el funcionamiento del Consejo.
En consecuencia, el Ministerio dictó la Resolución 183/2026, que fija criterios claros para la convocatoria, integración y funcionamiento del organismo, considerado una herramienta clave para fortalecer la negociación colectiva y las relaciones laborales en el ámbito municipal.
La decisión se conoció luego de que la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) iniciara un plan de lucha con cortes de ruta en distintos puntos de la provincia para reclamar mejoras salariales y la urgente conformación del Consejo del Empleo Municipal.
El Consejo del Empleo Municipal, previsto en el artículo 49 de la ley, funcionará como un órgano consultivo y asesor no vinculante y estará integrado por once representantes de los municipios y once representantes de los trabajadores, con reuniones previstas al menos dos veces al año.
Su conformación representa un paso esperado desde hace años por los sindicatos municipales, que consideran al organismo una herramienta fundamental para fortalecer el diálogo institucional y avanzar en mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector.
