Un adecuado abordaje judicial a las Víctimas de Delitos

octubre 17, 2020 | Universitarias

Pablo Javier Flores

Profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica de Santiago del Estero/  Departamento Académico Buenos Aires- San Isidro

Pautas de actuación para un adecuado abordaje:

Argentina es miembro de la Cumbre Judicial Iberoamericana, una estructura de cooperación, que se articula a través de las máximas instancias de los Poderes Judiciales de la región Iberoamericana y cuyo principal objetivo es: “la adopción de proyectos y acciones concertadas, desde la convicción de que la existencia de un acervo cultural común constituye un instrumento privilegiado que, sin menoscabo del necesario respeto a la diferencia, contribuye al fortalecimiento del Poder Judicial y, por extensión, del sistema democrático”.

En su XIV edición (celebrada en la Ciudad de Brasilia, entre el 4 y el 6 de marzo de 2008) se consideró necesaria la elaboración de “Reglas Básicas sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, ponderando que si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta a todos los ámbitos de la política pública, resulta aún mayor cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad, dado que encuentran mayores obstáculos para su ejercicio.

Por ello se buscó una actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar aquellas limitaciones, de modo tal que el propio sistema de justicia pueda contribuir a la reducción de las desigualdades sociales. Los destinatarios del contenido de las Reglas no son otros que los operadores judiciales y todos aquellos que intervengan, de una u otra forma, en su funcionamiento.

Se consideran en situación de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentren especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia, los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

En ese sentido, pueden constituir causas de vulnerabilidad la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género, la privación de la libertad o bien la victimización.

Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima de delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños derivados de la infracción penal, de su contacto con el sistema de justicia o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización.

 

Tal vulnerabilidad puede proceder:

– de las propias características personales de la víctima (por ejemplo, su edad)

– de las circunstancias del delito (piénsese en casos de hechos de violencia de género).

 

En consecuencia, se fomenta la adopción de medidas destinadas a:

– mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria)

-que el daño sufrido por la víctima no se incremente como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria).

– garantizar la protección de la integridad física y psíquica de las víctimas.

Para lo cual se establece la relevancia del asesoramiento y de la asistencia jurídica de las personas en condición de vulnerabilidad sobre toda cuestión que pueda afectar sus derechos. Incluso antes del inicio del proceso penal, siendo que esa asistencia debe ser:

– de calidad.

– especializada.

– gratuita.

Asimismo, establece el derecho a contar con un intérprete, en aquellos casos en que una víctima extranjera no conozca la lengua oficial y deba prestar declaración.

En la misma línea, se establece la posibilidad de anticipar las medidas de prueba en las que participe una persona en condición de vulnerabilidad, así como también evitar la reiteración de citaciones (por ejemplo, grabando las audiencias en soporte audiovisual para ser reproducidas en las sucesivas instancias). Todo ello, claro está, sin mengua del debido resguardo del derecho de defensa del imputado.

En cuanto a la celebración misma de los actos judiciales, se establece que las personas en condición de vulnerabilidad deben ser informadas sobre los aspectos relevantes del proceso, en forma adaptada a las circunstancias determinantes de su vulnerabilidad.

El contenido de esa información debe incluir la naturaleza del acto judicial en que participará y su papel dentro del mismo, como así también el tipo de apoyo que puede recibir y la información del organismo que puede prestarlo; los derechos que puede ejercer en el proceso; la forma de acceder al asesoramiento jurídico, cuáles son las fases relevantes del desarrollo del proceso y el contenido de aquellas resoluciones que dicte la autoridad judicial.

En cuanto al momento en que pueden acceder a tal información, se establece que la misma debe ser suministrada desde el inicio del proceso y durante toda su tramitación, incluso desde el primer contacto con las autoridades policiales.

Por otro lado, en lo que tiene que ver con las notificaciones y o posibles requerimientos a las víctimas, las “Reglas” imponen el uso de términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, como así también evitar expresiones o términos intimidatorios hacia las víctimas.

En relación a su comparecencia en dependencias judiciales, se recomienda procurar, con carácter previo a la celebración del acto, la asistencia de personal especializado (psicólogos, trabajadores sociales, intérpretes, etc.) en aquellos casos en que su auxilio se prevea como inexorable; como así también que el acto procesal sea llevado a cabo en un entorno cómodo, accesible, seguro y tranquilo, evitando la coincidencia en dependencias judiciales de la víctima con el imputado y, cuando ello fuera necesario para la celebración del acto, procurar mecanismos de protección visual de la víctima o bien excluir su presencia física (vbg. sistemas de videoconferencia / circuito cerrado de televisión).

En cuanto a la protección de la intimidad de las víctimas en situación de vulnerabilidad, se establece la posibilidad de restringir la publicidad de las actuaciones (orales y escritas), como así también prohibir la toma y divulgación de imágenes cuando su difusión pueda afectar la dignidad, la situación emocional o la seguridad de aquellas, sin perjuicio, claro está, de que se recomienda evitar la publicidad de los datos personales de aquellas.

Este instrumento, de vital importancia en nuestro ámbito, comúnmente conocido como las “100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” es sabio en destacar que el grado de eficacia de las reglas estará ligado al grado de colaboración (léase, acatamiento) entre sus destinatarios, motivo por el cual fomenta la elaboración de medidas tendientes a sensibilizar y formar a los profesionales y a integrar el contenido de las Reglas en los programas de formación dirigidos a personas que trabajan en el sistema judicial.

Pues bien, es interesante destacar que con posterioridad, la Cumbre Judicial Iberoamericana ha sancionado, la “Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas”, donde se consideró que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental y que hacer efectivo este derecho implica la obligación estatal de garantizar un sistema judicial al que todos puedan acudir en la medida en que los hechos delictivos ocasionan una lesión en la sociedad, pero también tienen un efecto concreto en las personas y en sus familias, de modo que reconocer la situación de las víctimas, identificar y darle respuesta a sus necesidades es un tema vinculado a los derechos fundamentales y forma parte de una sociedad justa y equilibrada.

 De tal forma, puede verse que el reconocimiento efectivo de los derechos de las víctimas está íntimamente relacionado con la confiabilidad en el sistema de administración de justicia.

Con ese norte, la Carta tiene por finalidad garantizar y hacer efectivos los derechos de               -todas- las víctimas durante los sucesivos estadios del proceso y la reparación del daño causado, reconociendo el derecho de acceso a la justicia, a partir del cual, las víctimas tienen derecho a que los Estados tengan una política articulada, integral y sostenible de acceso a la justicia, con procesos judiciales que consideren sus necesidades. Siendo que tales servicios deben ser oportunos, expeditos, accesibles y gratuitos.

Es que, el acceso a la justicia comprende la tutela judicial efectiva, entendida como la posibilidad de reclamar ante los órganos jurisdiccionales la apertura de un proceso sin obstáculos procesales y obtener una sentencia motivada en un plazo razonable.

Por ello se establece que la víctima tiene derecho a participar activamente en todas las etapas del proceso, para lo cual se le debe garantizar que será escuchada, que podrá impugnar ante el juez las omisiones de la investigación de un delito, apelar las resoluciones que menoscaben sus derechos, participar en las audiencias de fijación y modificación de medidas privativas de la libertad, facilitar elementos de prueba, ser informada sobre las condiciones de cumplimiento de la pena, y se les reconoce el derecho de ejercer la acción penal de manera que puedan ser acusadoras (querellantes), como así también el de impulsar aquellos procesos en que el Ministerio Público deje de perseguir aplicando criterios de oportunidad.

Por lo demás, establece que se deben garantizar los mecanismos para que la víctima sea protegida de nuevas agresiones, intimidaciones o amenazas, siendo que tales medidas deben abarcar a la familia o a las personas que estén a cargo de la víctima.

Asimismo, se establece el derecho a la restitución -siempre que sea posible- devolviendo a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos, lo que comprende desde la devolución de sus bienes hasta el restablecimiento de su libertad, pasando por la restitución de su identidad, la vida familiar o incluso, la ciudadanía.

Para ello -señala la Cumbre- existe un derecho a un recurso humano capacitado, motivo por el cual los sistemas de administración de justicia deben contar con funcionarios que garanticen un trato digno y respetuoso a las víctimas, de cara a lo cual recomienda la formación y capacitación continua del personal para su atención.

Dicho ello, cabe destacar que en el ámbito argentino, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación junto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación han desarrollado un “Protocolo de Intervención para el Tratamiento de Víctimas-Testigos en el marco de Procesos Judiciales”, que si bien fue ideado para ser implementado en casos de Violaciones de Derechos Humanos, no menos cierto resulta que sus pautas pueden servir como guía de actuación en la generalidad de los casos, en la medida en que sintetizan una respetuosa aplicación de los derechos de las víctimas.

De tal modo, uno de los propósitos del “Protocolo” es evitar que en los actos de la administración de justicia se produzcan nuevos mecanismos de revictimización derivados del escaso cuidado de los funcionarios que intervienen en el trato con las víctimas.  En consecuencia, se busca uniformar pautas de intervención, más allá de que la situación de cada víctima – testigo sea -naturalmente- particular.

También busca garantizar la coordinación interinstitucional a través de la articulación de acciones para la protección integral de las víctimas, situación que no pocas veces es vista como uno de los mayores obstáculos endógenos para la correcta operativización de tales derechos.

Cuestiones generales para ser aplicadas en cualquier etapa del proceso: 

– Valoración de la víctima – testigo como sujeto de derecho:

No hay posibilidad de abordar adecuadamente a una víctima si no partimos de la base de entenderlas como sujetos portadores de derechos. Por ello, la víctima debe ser revalorada por el Estado no ya como objeto de prueba, sino como sujeto de derechos en sí mismo.

– El testimonio como derecho:

De lo anterior se deriva la necesidad de revalorar el acto mismo del testimonio como un derecho de las víctimas, independientemente de su necesidad procesal.

– Capacitación de los operadores judiciales:

Todo ello no será viable sin una capacitación permanente de los diferentes operadores judiciales, sobre el adecuado tratamiento a las víctimas, necesidad que a su vez viene impuesta por la normativa que rige la materia (en tal sentido, Art. 27 inc. d) de la ley 27.372; la “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder” (Res. ONU 40/34 del 29/11/1985) y el Art. 25.2 de la Directiva 2012/29 de la Unión Europea).

– Enfoque de género:

Se impone la necesidad de tener en consideración el género de la víctima – testigo. Así, en el momento de la primera comunicación, se recomienda consultarle si prefiere declarar ante una persona de su mismo sexo o si ello le resulta indiferente.

– Asistencia y acompañamiento:

Se recomienda consignar, en las comunicaciones preliminares -citaciones-, información de contacto y del alcance de actuación de los diferentes programas de acompañamiento y asistencia a las víctimas existentes en el ámbito del Estado, de acuerdo a cada necesidad y modalidad delictiva.

– Esquemas de protección y seguridad:

Todo ser humano tiene derecho a “la seguridad de su persona” (art. 1) y a recibir “protección para su familia” (art. 5) de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre. A su vez, “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” (Art. 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-) y se garantizará “el derecho a la libertad y a la seguridad personales” (art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

A su vez, la ley 27.372 de “Derechos y Garantías de las personas víctimas de delitos” establece el derecho a requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés, a través de los órganos competentes (art. 5 “D”).

Por ello, resulta inexorable evaluar, de acuerdo a las características de cada caso, si la víctima – testigo queda contemplada dentro de las disposiciones de la ley 25.764 (“Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación).

– La espera de las víctimas – testigos:

Una de las críticas frecuentes de las víctimas se vincula con el tiempo que deben permanecer -sin poder salir del edificio judicial- a la espera de la realización del acto procesal para el que fueron convocadas. Por ello, se recomienda:

– Programar las audiencias con suficiente espacio temporal una de otra (en caso de que sean varias), para evitar esperas.

– Ante imprevistos, dar prioridad al testimonio de las víctimas.

– En caso de suspensión de la audiencia, dar inmediato aviso telefónico para evitar traslados innecesarios.

– Encuentros entre víctimas e imputados/acusados:

Durante los momentos de espera, tanto en el interior del juzgado/tribunal como en los pasillos del edificio judicial, resulta imperativo no exponer a la víctima a un contacto directo con el imputado/acusado, ni con sus familiares, ni aún con los testigos propuestos por la defensa de aquellos.

– El espacio físico:

Por otra parte, en cuanto al espacio donde se desarrollen las declaraciones testimoniales en la etapa de instrucción, debe procurarse que sean silenciosos, a fin de evitar interrupciones. Por ello, se recomienda:

– silenciar las líneas telefónicas (fijas y celulares) durante la audiencia.

– que el espacio físico sea propicio para garantizar privacidad (que no puedan acceder personas ajenas al acto procesal).

– que la oficina donde se reciba la declaración sea lo suficientemente neutra para no agraviar a las víctimas con motivos ideológicos, políticos, religiosos, etc.

– la mayor neutralidad del operador judicial.

– Confidencialidad:

Se deben tomar las medidas para asegurar la confidencialidad de la información sobre los datos personales y de contacto de las víctimas (tales como su dirección y números de teléfonos propios y de sus familiares), como así también protegerlas de la publicidad no deseada que revele datos de su vida privada.

– Acciones de asistencia y acompañamiento durante la audiencia:

Se recomienda permitir el acceso a las salas de audiencia (ya sea durante la etapa de instrucción o del debate) de profesionales del programa asistencial de que se trate, o de una persona de confianza de la víctima en caso de que sea necesario para su adecuado acompañamiento.

– Imposibilidad de testimoniar:

Frente a la existencia de informes que den cuenta que una víctima no puede someterse al hecho de testimoniar, o que plantee su decisión de no hacerlo, se sugiere:

– Suspender y reprogramar el testimonio.

– En caso de audiencia de juicio, su incorporación por lectura.

– Siempre, claro está, resguardando el derecho de defensa de los imputados.

 A modo de conclusión:

En el plano interamericano, el grado de evolución en la materia se limita de momento a la exigencia de brindar a las víctimas de hechos delictivos el pleno ejercicio del derecho la tutela judicial efectiva, entendida como el acceso a la jurisdicción.

En este sentido, podemos decir que la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos vino adecuar a la República Argentina no sólo a los estándares impuestos por el Sistema Interamericano a través del expreso reconocimiento y operativización del derecho a la tutela judicial efectiva, sino también a los derechos de naturaleza extraprocesal, tales como la asistencia psicológica y social de las víctimas directas y también de sus familiares, tal como lo dispone la “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder”, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

De esta manera, de aplicarse adecuadamente las aludidas recomendaciones, estaríamos en condiciones de afirmar que en la República Argentina la víctima ha dejado de ser un sujeto olvidado por el sistema y las instituciones penales.

Pablo Javier Flores

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