La Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) intimó al gobierno nacional a devolver los fondos educativas que eliminó, provocando una caída salarial para los docentes de todo el país.

UDOCBA exige al Gobierno Nacional la implementación inmediata de medidas que fortalezcan la educación en la provincia, incluyendo la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y otros fondos educativos eliminados.

«Las decisiones del Gobierno Nacional, como la eliminación de estas partidas presupuestarias, el aumento de tarifas y el impacto inflacionario, han provocado una pérdida del poder adquisitivo de las y los docentes, afectando directamente las condiciones laborales y salariales en la Provincia de Buenos Aires», advierte el gremio que integra la CGT.

Y concluye: «UDOCBA reclama la urgente adopción de políticas que garanticen salarios dignos y mejores condiciones laborales para las y los trabajadores del sector. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo del país y debe ser una prioridad en la toma de decisiones del Gobierno Nacional».​

La empresa Acerbrag, de capital brasileño, detuvo este lunes la producción de su planta ubicada en el kilómetro 210 de la Ruta 5, en Bragado. Son más de 500 trabajadores que temen por su futuro laboral.

Según informó Bragado TV, la colada de aceró cesará sus operaciones hasta el 5 de marzo, mientras que el tren de laminación permanecerá detenido hasta al menos el 10 de marzo.

Por ahora, el personal debe continuar asistiendo a la planta y cumplir los horarios laborales habituales.

El intendente local, Sergio Barenghi, aseguró: “Esta paralización es una alerta importante para la comunidad y es muy preocupante que una empresa de esta magnitud entre en crisis”.

El jefe comunal advirtió que la crisis de Acerbrag “tiene que ver con el modelo económico de este gobierno de apertura de importaciones y el parate total de la obra pública”.

“La construcción está casi paralizada y por eso se genera esta dificultad. Esperamos que la situación cambie, la gente debe entender que al país no lo vamos acomodar destruyendo la industria nacional”, remarcó.

Además de la caída de la demanda interna y la apertura de importaciones, el sector sufrió un nuevo golpe por decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25 por ciento a las importaciones de acero y aluminio en su país.

En agosto del año pasado, Acerbrag había intentado despedir 85 trabajadores y luego de una negociación con la UOM fueron desvinculados cerca de 40 empleados.

Según medios locales, desde la empresa dejaron trascender que el futuro es “poco esperanzador” y que, de continuar la situación, deberán tomar otras medidas.

En simultáneo, la UOM viene reclamando la realización de la mesa paritaria para actualizar los salarios paralizados desde julio pasado. Como sucede con otros gremios, las negociaciones salariales se tornaron por demás complejas en un contexto donde peligran cada vez más fuentes laborales.

AcerBrag es la tercera productora de aceros largos y la segunda de hierro redondo del país. La empresa nació de capitales nacionales en los 60 y fue pionera en nuestro país en la producción de acero a partir de chatarra. En 2007 fue adquirida por el poderoso grupo brasileño Votorantim, uno de los holdings empresariales más importantes de América Latina.

Como se sabe en las últimas horas trascendió la intención de la Secretaría de Modernización Nacional, de desregular la actividad inmobiliaria que, entre otras medidas, quiere anular la matriculación y desarticular los colegios profesionales. Buscan beneficiar a las franquicias inmobiliarias para evitar regulaciones.

En este sentido, el presidente del Colegio de Martilleros de La Plata Guillermo Saucedo cree que la medida es peligrosa y que propicia a una indefensión total de la población.

“Nuestra profesión, que para conseguirla necesita años de estudio, hace que tengamos conocimientos específicos de la actividad para evitar fraudes, engaños y estafas tan comunes en estos días. No queremos imaginar, si finalmente se logra la desregulación que pretende Milei y cualquiera pueda vender y/o alquilar una propiedad, la cantidad de fraudes que se pueden perpetrar”, indicó Saucedo.

En esa misma línea agregó: “Entre las actividades de nuestro colegio, está la de prevenir engaños y asesorar a la población para que esté tranquila a la hora de realizar una operación. Imagínense lo que sería si cualquiera puede realizar estas gestiones, cuando no conoce nada de Escrituras, Estados parcelarios, Agrimensura, Contratos de locación y Boletos de compra-venta, sucesiones, divorcios e inscripciones de dominios. Pero lo más preocupante es el destino de la gente común que en su buena fe, haría alguna transacción con alguien que desconoce la profesión”.

“Los Colegios Profesionales son determinantes, ya que supervisan la conducta profesional mediante un código de ética, estableciendo normas para el ejercicio de la profesión. Si hay una característica distintiva es que los martilleros como el resto de las profesiones, contamos con un conocimiento específico en una materia determinada para entregársela a personas que no tienen los medios para evaluar fácilmente la negociación que va a llevar a adelante. No por nada nuestro plan de estudio va de la mano con los conocimientos que nos aporta la Faculta de Ciencias Jurídicas de la UNLP”.

Por su parte el secretario general del Colegio de Martilleros Alberto Levy llevó tranquilidad a los matriculados: “Nuestro Colegio va a ejercer el derecho que le da el Estado Nacional y Provincial para que no se avance con la medida e intentaremos llegar hasta los últimos estamentos para impedir situaciones que después tendremos que lamentar. Se pidieron múltiples reuniones en todos los ámbitos, recibimos también el apoyo de todos los Colegios Profesionales y trabajaremos codo a codo con nuestro Superior de Provincia.  Si bien conocemos el espíritu de la medida, aún no pudimos leer nada porque hasta el momento fue sólo un rumor que echó a correr el Gobierno”.

En tanto Hugo Béssolo, Vicepresidente 1° del Colegio, entendió que el Decreto que está estudiando el Gobierno Nacional oculta otra intención: “Además de beneficiar a las franquicias inmobiliarias que ya no tendrían que rendir cuentas de sus atropellos, se busca favorecer a los grandes portales inmobiliarios, que de esta forma podrán vender propiedades de forma directa esquivando cualquier tipo de regulación, código de ética y sanciones por mal desempeño de la profesión”.