Las autoridades de la entidad celebrarán su asamblea anual en la que se esperan importantes anuncios para los matriculados. Recorte en gastos innecesarios, reordenamiento de las cuentas y transparencia institucional serán ejes centrales.
Con una convocatoria que marcará un antes y un después, el Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP) tiene previsto celebrar este viernes su Asamblea Anual Ordinaria en el Salón de Actos de la sede colegial, con transmisión en vivo a través de YouTube, haciendo posible el acceso de toda la matrícula y reafirmando el eje de transparencia institucional.
Durante la jornada se consideraron los puntos del orden del día: la aprobación de la Memoria institucional, la Matrícula 2024/2025, el Balance, el Cuadro de Resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024 y el Presupuesto para el ejercicio 2025.
En este marco, se aspira resaltar la solidez financiera del colegio, que cerrará el ejercicio con un superávit de 262 millones de pesos, lo cual según se destaca, “refleja una gestión austera, responsable y comprometida con el destino de los recursos, orientada a fortalecer los servicios para los matriculados y garantizar el funcionamiento institucional”.
Según se informó, uno de los puntos más importantes a desarrollar tendrán que ver con las deudas contraídas y no saldadas durante la gestión anterior que superan los 120 millones de pesos. Y una estructura de planta de personal jerárquica con sueldos que alcanzar los 7 millones de pesos y no condicen con las necesidades del presente.
En virtud de ello la nueva gestión a cargo de Marina Mongiardino presentará los ejes fundamentales en los que busca plasmar su gestión, centrados en la transparencia, orden, austeridad y la participación como primordial mecanismo de control ciudadano.
Entre los puntos más escabrosos detectados en los primeros meses de gestión se encuentra la deuda que la anterior administración contrajo con la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales (CIJUSO) la cual asciende a 91 millones de pesos.
También se encuentra la irregularidad detectada con el fisco local, ante la deuda contraída desde 2011 a la actualidad por no cumplir con el pago de la Tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM), que es obligación de la entidad cumplimentar. La misma asciende a los 7.4 millones de pesos, sin actualización de intereses.
En ese aspecto, se informó que “desde agosto de 2022 el Colegio de Abogados viene siendo intimado a regularizar la deuda” y se aclaró que la institución no se encuentra exenta de pago de acuerdo a la Ordenanza fiscal 12.031 y modificatoria.
Otro de los elementos analizados, se espera que sea la masa salarial de los puestos jerárquicos, ya que creció considerablemente en el año 2023, pasando a designarse 5 gerencias generales, las cuales según se analizó, “fueron creadas de forma injustificada, desmedida, sin objetivos concretos ni tareas adicionales y/o específicas distintas a las que ya venían realizando en las entonces Direcciones”.
En ese punto, se resaltó que “estas nuevas gerencias tampoco obedecieron a una ampliación de servicios a los matriculados, ni a un crecimiento equivalente de las personas que se matriculaban, comprometiendo de esta manera un mayor porcentaje del presupuesto en salarios, sin generar ningún beneficio a los abogados”.
Las mencionadas remuneraciones y cargas sociales de las 5 gerencias hacen un total mensual de $39 millones de pesos por mes, lo que implica mas de 513 millones de pesos por año. Cifra que impacta de forma negativa y significativa en la institución, según se aclaró.
En materia de apertura y participación, se destacó que durante este primer año del cambio de gestión en el Colegio, se implementó una estructura de gestión ampliada con 135 espacios activos y más de 670 colegas designados ad honorem en institutos, observatorios, comisiones y consejos.
También se puso en marcha el Área de Investigación y Clínicas Jurídicas, con 47 observatorios funcionando de forma sostenida, como parte de una visión de abogacía moderna, plural y conectada con los desafíos actuales.
Asimismo, se realizaron 32 actividades académicas por semana entre reuniones, cursos y capacitaciones y se fortaleció el Consultorio Jurídico Gratuito, incorporando a más de 100 jóvenes postulantes. Se avanzó además en la renovación del listado de mediadores voluntarios y en la proyección de una red de asesoramiento interdisciplinario junto a otros colegios profesionales de la ciudad.
En el eje de servicios y beneficios para la matrícula y sus familias, se firmaron más de 20 convenios con universidades, comercios y entidades públicas, se inauguró un nuevo Espacio de Informes y Servicios en el hall central de la sede, se amplió la atención del servicio de token y se renovaron las instalaciones de la Casa de Campo, poniéndolas al servicio del encuentro y la recreación.
Durante el año también se fortaleció la defensa del ejercicio profesional y de las incumbencias de la abogacía frente a proyectos legislativos que ponían en riesgo derechos conquistados y el acceso a la justicia, elaborando dictámenes, pidiendo audiencias y sosteniendo una posición firme, con argumentos y responsabilidad institucional.
Finalmente, el CALP también profundizó su vínculo con la comunidad a través de campañas solidarias, actividades culturales y visitas institucionales a centros de detención, entre otras acciones, consolidando un proceso de transformación que puso en valor la tarea colectiva y el compromiso cotidiano de quienes integran la vida colegial.