Reducción de cargas patronales en la agenda del Gobierno y la CGT pasados los comicios

Se llevó a cabo este martes la primera reunión de la mesa chica con los representantes del gobierno de Macri, Jorge Triaca y Mario Quintana, donde se habló de un proyecto de ley de “blanqueo laboral”

Fue el primer encuentro formal tras las elecciones entre el Ejecutivo y la CGT. Por la central obrera concurrió el triunvirato de líderes, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, junto con miembros de su mesa chica: Armando Cavalieri (Comercio), Andrés Rodríguez (estatales, UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Francisco Gutiérrez (metalúrgicos) y Omar Maturano (maquinistas de trenes, La Fraternidad). No participaron dirigentes del sector que encabeza Hugo Moyano.

El proyecto contempla avanzar hacia un esquema de reducción del costo laboral a través del cual el gobierno piensa formalizar a unos 300 mil empleados, con una reducción de los aportes que serán compensada por el Tesoro nacional. Asimismo, se proyecta perdonar deudas a las patronales con trabajadores informales, y una reducción de las cargas para los salarios del sector privado.

La medida que, cabe reseñar, ya había sido puesta en práctica por el ex presidente Menem  sin un aumento consecuente del nivel de empleo, será compensada por aportes del Tesoro nacional para no desfinanciar la Anses, según les explicaron los funcionarios a los gremialistas.

En Hacienda estiman que las empresas destinan unos 80 mil millones de pesos al año. El mecanismo, tal como fue presentado, implicaría que el primer segmento de los sueldos (en un rango no precisado de 8.000 a 15 mil pesos) no devengará cargas patronales. También habrá un tope de entre cuatro y cinco años para el reconocimiento de los años trabajados en la informalidad, como una suerte de moratoria.

Como parte del blanqueo también se avanzó ayer en la posibilidad de crear un sistema simplificado de contratación para la relación del denominado “trabajo-trabajo”: los ejemplos más usuales, un albañil que cuenta con un ayudante o un mecánico monotributista que planea contratar a un colaborador. Con el plan global el Gobierno espera en el corto plazo la registración de unos 300 mil asalariados informales.

En cuanto a las pasantías, sobre las que se confirmó que volverán bajo el paraguas de los convenios colectivos de trabajo y que cada gremio podrá consensuar con su contraparte empresaria el segmento de oficios y labores más adecuado para apuntalar con este mecanismo.

Asimismo, la cúpula de la CGT trató con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, en la reanudación del diálogo bilateral y previo a la convocatoria multisectorial de Mauricio Macri pautada para el lunes, acordaron que “cualquier reforma a la normativa laboral, será previamente consensuada con la representación sindical.

También quedó ratificado que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, un mecanismo ideado para reducir los juicios contra obras sociales y prepagas por tratamientos médicos o remedios no cubiertos. Ese organismo, una suerte de sistema de ART para la salud, fue ideado para constituirse como una consulta previa y obligatoria para los jueces antes de habilitar el inicio de demandas contra las prestadoras privadas, gremiales y hasta el PAMI.

No obstante, los dirigentes de la CGT le recordaron Ejecutivo la deuda de unos 4.500 millones de pesos de un fondo comprometido el año pasado por el presidente Mauricio Macri para costear mejoras edilicias de las obras sociales o emergencias sanitarias, como parte del acuerdo global por la deuda acumulada durante el gobierno anterior con esas organizaciones.

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