Reclaman la libertad de una mujer azuleña que mató a su marido después de sufrir violencia por 40 años
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La semana próxima comenzarán las audiencias en el juicio que tiene como acusada de homicidio agravado por el vínculo a Cristina Santillán, una mujer de la localidad bonaerense de Azul que en 2014 mató a su marido quien la había violentado durante más de 40 años. Distintas organizaciones reclaman su libertad y aseguran que la mujer se defendió para no morir.
Cristina tiene 58 años y sufrió violencia por parte de su marido desde los 18 años cuando se casaron. En 2014 no aguantó más y se defendió con un hacha, provocándole heridas a su esposo que meses después le ocasionaron la muerte. Ahora enfrenta un juicio por homicidio agravado por el vínculo. Distintas organizaciones piden que sea declarada inocente.
La madrugada del 16 de septiembre del 2014 Cristina asesinó a su marido en un acto de defensa, después de ser violentada durante más de 40 años. Ella terminó en la cárcel y él en el hospital. Un año después Hernández murió y la fiscal, Laura Margaretic, cambió la carátula de lesiones a homicidio agravado por el vínculo. Así el 22 y 23 de agosto un jurado popular de Azul tendrá que decidir si la mujer evitó su femicidio o si pasará toda su vida en la cárcel
Las audiencias se realizarán el martes 22 y 23 de agosto en los Tribunales de Azul. La mujer actualmente tiene prisión domiciliaria.
Cristina se casó con Hernández a los 16 años, unos años mayor que ella. Sus tres hijos también vivieron la violencia machista. Ahora María, la hija mayor de 28 años que estudió Derecho, ha aportado a su defensa, como hija, como profesional y como testigo de todo lo que le tocó vivir a su madre.
El salario de Cristina era el único ingreso en la casa de un barro humilde en la que vivía, mientras su marido llegaba de madrugada, salía con otras mujeres y violentaba física, psicológica y económicamente a su esposa. Incluso en varias ocasiones la obligó a despertarse para cocinarle.
Costillas rotas, moretones, marcas, caída de dientes fueron algunas de las marcas que le dejó a violencia de la que fue víctima durante décadas. Un día no aguantó más yse defendió con un hacha. Ocho meses después, el hombre murió en el geriátrico al que había sido trasladado.
“Queremos que el jurado se siente y escuche una historia de vida. La fiscal propone una foto, nosotros una película, que la juzguen en el contexto de la vida que tuvo”, expresaron desde el espacio Asamblea de Mujeres en Lucha de Azul, de la que ATE Provincia de Buenos Aires y la seccional Azul forman parte. Allí están participando activamente la responsable de Género local, Elsa Telo y la secretaria general del gremio, Vanina Zurita.
Diferentes grupos de vecinos en varias ciudades de la provincia se han organizado para exigir la instalación de cámaras de fotomultas en los accesos principales a las comunas, donde afirman que los vehículos suelen ingresar a alta velocidad, poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad.
La iniciativa busca reducir los accidentes viales que, según los vecinos, han ido en aumento debido a la falta de controles efectivos en los puntos de ingreso a la ciudad.
“Es una situación preocupante. Todos los días pasan autos y camiones a gran velocidad, sin respetar las señales. Necesitamos medidas que puedan hacer cumplir la ley y proteger a nuestros hijos y familias”, expresaron desde un grupo de vecinos de la zona. La petición ya cuenta con el respaldo de decenas de firmas y está siendo presentada a las autoridades locales en busca de respuestas concretas.
Las autoridades municipales han señalado que la instalación de cámaras de fotomultas requiere la autorización y colaboración de la Provincia, además de un presupuesto significativo para la adquisición de equipos y el monitoreo correspondiente. Desde el municipio, han afirmado que están evaluando alternativas.
El modelo de las fotomultas en los Municipios que instaló polémica
En caso de que la propuesta avance, deberá pasar por el Concejo Deliberante antes de pasar a la colocación. Allí podría darse una controversia debido a denuncias recientes que han puesto en el foco las licitaciones para instalar las cámaras en los Municipios bonaerenses. Según una nota publicada por el portal Mundo Gremial, se trataría de un negocio millonario en el que municipios y universidades nacionales colaboran para evitar licitaciones públicas. Mediante acuerdos con fundaciones universitarias, que actúan como intermediarias, las comunas instalan cámaras sin pasar por los controles habituales, lo que ha beneficiado a empresas como Secutrans SA, dirigida por el empresario Leandro Camani.
Figuras como Matías Trejo, quien pasó de regulador a operador en este esquema, y su socio Mariano Campos habrían trabajado para posicionar a Secutrans en varios municipios. Esta red de intermediación permitiría que gran parte de la recaudación termine en manos de empresas y fundaciones, dejando a los municipios con solo el 15-30% de las multas.
Este conflicto ha puesto en debate el rol de las universidades y la transparencia en el negocio de las fotomultas, llevando a cuestionamientos sobre el modelo de recaudación y distribución de los ingresos, según revela el portal Mundo Gremial.
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