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¿Qué sucedería si un Municipio sanciona su propia Carta Orgánica?

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La Provincia de Buenos Ayres es la más poblada del país, con más de 18 millones de habitantes y 135 municipios que abarcan una gran diversidad de realidades sociales, económicas, culturales y ambientales. Sin embargo, su régimen político e institucional no refleja esa pluralidad ni respeta la autonomía de sus comunas, sino que se basa en una Constitución Provincial que ya suena a obsoleta y por decreto militar, de 1958, que rige los destinos de los municipios quitándoles el derecho de tener Cartas Orgánicas y limitando sus facultades y recursos.

Opinión – Luis Gotte

El decreto-ley 6769/58, conocido como Orgánica de las Municipalidades, fue sancionado durante el gobierno de facto del Gral. Pedro E. Aramburu, con el objetivo de reorganizar el régimen municipal bonaerense tras el derrocamiento del gobierno constitucional del Gral. Juan Perón en 1955. Esta norma establece prácticas políticas centralistas y uniformes para todos los municipios, sin hacer diferencias entre ciudades y pueblos, ni áreas urbanas ni rurales. Así, éstos quedan subordinados al poder provincial, que tiene la potestad de intervenirlos, fusionarlos o crear nuevos municipios reduciendo el territorio geográfico de otros, dependiendo financieramente de la coparticipación provincial, que es discrecional y no garantiza una distribución equitativa ni suficiente. De hecho, se ha convertido en un dispositivo de disciplinamiento entre el gobierno central y el municipal.

Si bien los municipios bonaerenses se crean por ley, la Constitución provincial y la Orgánica Municipal no proporcionan elementos precisos sobre las condiciones que debe reunir un territorio para constituirse como tal o de fusionarse, generando un vacío constitucional que ha dado lugar a un conjunto de prácticas políticas que permitirán ir resolviendo coyunturalmente los problemas de reconocimiento y legitimación de las nuevas jurisdicciones. Por ejemplo, en los años noventa, el gobierno de la provincia impulsó una ley de creación de nuevos municipios a partir de una propuesta de reforma político-territorial para el “conurbano” conocida públicamente como “Proyecto Génesis 2000”, sin embargo, el trasfondo de esta iniciativa fue reducir las peleas políticas internas dentro de los Municipios “madres”, de los que se desprenden los nuevos Partidos.

Por otro lado, el régimen político existente impide que los municipios dicten sus propias Cartas Orgánicas, que son las normas fundamentales que regulan el funcionamiento y la organización de cada comuna, según sus características y necesidades específicas. De esta manera, los municipios no pueden definir sus competencias, atribuciones y responsabilidades, ni establecer mecanismos de participación vecinal, control social y rendición de cuentas. Tampoco diseñar sus propias estrategias municipales para promover el desarrollo local, la regionalización productiva, una estrategia de seguridad local, la protección ambiental, la inserción social.

Este escenario implica una grave vulneración del derecho constitucional a la autonomía municipal, reconocido por el artículo 123 de la Constitución Nacional reformada en 1994, que establece que “cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5º asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”. La Provincia de los bonaerenses aún no ha reformado su constitución en tal sentido, ni ha adecuado su legislación municipal a los principios constitucionales vigentes. Nos cabe preguntar, ante esta falta ¿los actos de gobierno que no responden a la normativa de la Ley Suprema son legítimos? ¿Qué sucedería si un Municipio sanciona su propia Carta Orgánica? ¿Sería inconstitucional? Pero, ¿bajo qué constitución, la nacional o la provincial? Y, ¿si un Intendente demanda al gobernador por los recursos que ha dejado de percibir su municipio por falta de autonomía? Son todas preguntas válidas para un régimen política que se ha agotado, y no tiene respuestas para nuestra población.

Esta situación genera una serie de problemas y desafíos para el gobierno y la conducción municipal, que se ven agravados por el contexto actual de crisis económica y social. Entre ellos se pueden mencionar:

  • La falta de representatividad y legitimidad de las autoridades municipales, que son elegidas por un sistema electoral obsoleto y poco transparente, que no respeta la voluntad popular ni garantiza la pluralidad política.
  • La falta de capacidad y autonomía para brindar servicios públicos eficientes a la población, como salud, educación, transporte, agua potable, saneamiento, recolección de residuos, alumbrado público, mantenimiento vial.
  • La falta de recursos propios para financiar las políticas públicas municipales, que dependen en gran medida de las transferencias provinciales y nacionales, que son insuficientes e inestables.
  • La falta de coordinación y cooperación entre los municipios y con los otros niveles de gobierno, que dificulta la planificación estratégica territorial y el abordaje integral e interjurisdiccional de los problemas comunes.
  • La falta de participación e involucramiento de la población en las decisiones públicas municipales, que genera desconfianza, apatía y descontento social.

Ante este panorama, se hace urgente e impostergable una reforma política e institucional que reconozca y garantice la autonomía plena de los municipios, conforme a lo dispuesto por la Constitución Nacional. Esta reforma debe contemplar al menos los siguientes aspectos:

  • La consagración del principio de autonomía municipal, reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.
  • La derogación del decreto-ley 6769/58 y la sanción de una nueva ley marco de municipalidades que establezca los principios, garantías y requisitos mínimos para el ejercicio de la autonomía municipal, respetando la diversidad y la especificidad de cada comuna, como el reconocimiento de nuevos municipios.
  • La habilitación de los municipios para dictar sus propias Cartas Orgánicas, mediante un proceso participativo y democrático que involucre a la población, las organizaciones sociales y los actores locales.
  • La creación de un sistema electoral municipal, que permita la confección del padrón electoral local, los circuitos electorales, elecciones por circunscripción uninominal que terminan con las “listas sábanas”, la duración de los mandados políticos del intendente y concejales.  
  • La reforma del régimen tributario y financiero provincial, que permita a los municipios ampliar su capacidad recaudatoria, estableciendo criterios objetivos y transparentes para la distribución de los fondos entre la ciudad cabecera y las delegaciones municipales y fomente la responsabilidad fiscal y el equilibrio presupuestario.
  • La promoción de la cooperación y coordinación intermunicipal e intergubernamental, mediante la creación de consorcios, asociaciones, redes y otros mecanismos de articulación territorial para el desarrollo local y regional.
  • La promoción de la participación y el control vecinal en la gestión municipal, mediante la creación de consejos consultivos, presupuestos participativos, audiencias públicas, iniciativas populares y otros instrumentos de democracia directa y semidirecta.

Estas medidas contribuirían a fortalecer el rol de los municipios como actores clave para un desarrollo bonaerense sustentable, la cohesión social y la calidad democrática en la Provincia de Buenos Ayres. Sin embargo, estas reformas no están en la agenda política del gobierno provincial ni de la oposición en este año electoral. Por el contrario, el gobernador Axel Kicillof ha manifestado su rechazo a cualquier intento de modificar el status quo institucional vigente. Así lo expresó en una entrevista con el diario Clarín, donde afirmó que “no hay ninguna posibilidad” de reformar la constitución provincial ni de otorgar mayor autonomía a los municipios.

Ante esta postura oficialista, son los propios intendentes, concejales, legisladores y bonaerenses los que deben impulsar y exigir una reforma política que ponga fin al problema institucional provincial y que reconozca los derechos y las potencialidades de sus municipios. Solo así se podrá avanzar hacia una provincia más justa, equitativa, solidaria y democrática.

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A 17 meses del gobierno de Milei: balance de una pesadilla democrática

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Por: Pablo Micheli (Dirigente Gremial y Político)

Hace 17 meses que Javier Milei asumió la presidencia de la Nación, y para muchxs, este período se convirtió en uno de los más oscuros de la historia democrática argentina —con excepción de las dictaduras militares. La realidad social, política y económica que atravesamos remite más a un régimen autoritario que a una democracia plena: persecución a periodistas, represión a manifestantes, un discurso de odio sistemático y una crisis económica que castiga brutalmente a la mayoría del pueblo.

Milei no solo es responsable de esta debacle, sino que también ha intentado, a través de una maquinaria comunicacional basada en la mentira y el show, cooptar la subjetividad de amplios sectores, en especial de les jóvenes. Lo logró en parte durante las elecciones de 2023, pero su poder simbólico empieza a resquebrajarse. Y como sucede en todo proyecto autoritario, ante el derrumbe, agudiza la ofensiva: insulta, persigue, degrada el debate público y descalifica a quienes pensamos distinto.

Un ejemplo de ello fue su intento de imponer la ley de “Ficha Limpia” en alianza con Mauricio Macri, una maniobra que apuntaba a condicionar la participación política de líderes opositores como Cristina Fernández de Kirchner. Pero el tiro les salió por la culata: su propia situación judicial —como la causa por estafa vinculada al caso Libra que lo involucra a él y a su hermana— los hubiese alcanzado. La ley no avanzó, no solo por su potencial efecto boomerang, sino porque aún quedan legisladores y legisladoras con conciencia social que la frenaron, especialmente desde Unión por la Patria.

Frente a este escenario, ver a figuras como Silvia Lospennato declarar que «ganó la impunidad contra la democracia» no solo es un acto de cinismo, sino una ofensa a la memoria reciente. Durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019), se ejecutaron algunos de los actos de corrupción más groseros que recuerde la historia reciente, solo superados —en escala y consecuencias— por el saqueo sistemático que ejecuta hoy La Libertad Avanza junto al PRO.

La deuda de 45.000 millones de dólares tomada por Macri con el FMI es un símbolo de esta estafa: no fue al servicio del pueblo, sino de sus amigos. Ningún argentino o argentina vio el beneficio de ese dinero, y sin embargo hoy lo pagamos con hambre, desempleo y destrucción del tejido social.

Uno de los ejemplos más indignantes del desprecio gubernamental hacia la ciudadanía es el reciente aumento del salario mínimo, vital y móvil: se anunció en cinco tramos, con un total que ni siquiera cubre dos kilos de carne. Un verdadero insulto. Lo mismo ocurre con las jubilaciones, donde además de otorgar aumentos insuficientes, se reprime violentamente a quienes protestan, incluso a sacerdotes y personas mayores.

Este no es el accionar de una democracia plena. Es autoritarismo. Es fascismo. Y la persecución a la prensa, las amenazas a periodistas y el uso grotesco de la imagen pública —como el meme en que Milei se presenta como “león” al saludar al nuevo Papa— refuerzan esa imagen de un gobierno que gobierna para una minoría y ridiculiza al país frente al mundo.

Sin embargo, en este escenario también se abre una posibilidad. Además de movilizarnos pacíficamente, de defender nuestros derechos en la calle, tenemos en el corto plazo una herramienta poderosa: el voto. Este año hay elecciones. Y aunque muchxs diputadxs y senadorxs hayan defraudado, es clave pensar estratégicamente: hay que quitarle poder a este gobierno para frenar la destrucción de la salud pública, la educación, la ciencia, las pymes y la industria nacional.

Una victoria de Leandro Santoro en la Ciudad de Buenos Aires este domingo sería un golpe político importante. Y, si finalmente Cristina Fernández de Kirchner se postula como diputada nacional en la provincia de Buenos Aires, podría encabezar un frente amplio que una a todas las fuerzas del campo popular. Sería una oportunidad histórica para construir una alternativa fuerte y democrática.

El plan económico actual es una tragedia para la mayoría. Solo beneficia a los grandes grupos concentrados, a los especuladores, a los que viven de la bicicleta financiera. No está diseñado para producir, ni para generar empleo, ni para mejorar la vida de las mayorías. El ministro de Economía se comporta como un buitre: va ahora por los ahorros de lxs ciudadanxs, esa reserva construida con esfuerzo para enfrentar una enfermedad o sostener la educación de un hijo o nietx. No hay proyecto de país en esta política. Solo hay rapiña.

Y cuando el presidente afirma que “los trabajadores explotan a los empresarios”, queda claro hasta qué punto se ha invertido el sentido común. Es tiempo de decir basta.

Es tiempo de salir a la calle pacíficamente, de ejercer el derecho constitucional a la protesta y de llenarle las urnas de votos en contra. Porque si este modelo se consolida, vendrán por más: más despidos, más fábricas cerradas, más ajuste, más pobreza. No les interesa el futuro de la Argentina, solo sus negocios.

Hay que frenarlos. Ahora.

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“No hay forma de que esto termine bien”: Santiago Fraschina advierte que la “burbuja” de Milei “terminará explotando”

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Santiago Fraschina

El economista Santiago Fraschina recorre distintos municipios bonaerenses para realizar la presentación de “Los tres modelos en disputa”, un libro que agrupa y teoriza en torno a los diferentes planes económicos aplicados en Argentina, desde una defensa del modelo al que los autores denominan «justicialista». El trabajo que cuenta con la participación de varios economistas explica por qué el plan Milei «terminará explotando».

Este viernes, el licenciado en Economía, Santiago Fraschina, realizó la presentación del libro “Los tres modelos en disputa” en Olavarría y Azul. El texto fue publicado por la Editorial de la Universidad Nacional de La Plata y puede descargarse en forma gratuita.

“El gobierno actual implementa el modelo de valorización financiera que es fácil de aplicar pero trae consecuencias nefastas, como sucedió con Martínez de Hoz en dictadura, el menemismo y Macri”, planteó el autor del libro y describió: «Para llevarlo a cabo se debe garantizar es que la tasa de interés sea mayor que la inflación y fijar el tipo de cambio”.

Fraschina es licenciado en Economía (UBA), posee una Maestría en Sociología Económica (UNSAM) y es Mg. en Historia Económica y de las Políticas Económicas (UBA). Además, es director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda e integrante de EPPA, (Economía Política Para la Argentina).

El autor explicó que el modelo de valorización financiera conlleva la «destrucción de la industria nacional, el crecimiento de la desocupación y la caída de los salarios”. Además, advirtió que «generan burbujas que tarde o temprano explotan».

En ese marco, aseguró que el actual gobierno necesita la baja del Riego País para rehabilitar el endeudamiento público y «luego flexibilizar el cepo» para que «los especuladores tengan los dólares para cuando se quieran ir», por lo que consideró que «no hay manera de que termine bien».

El trabajo que cuenta con la participación de reconocidos economistas plantea la existencia de otros dos modelos económicos en el país: el «desarrollismo» y un tercero al que decidieron nombrar como «justicialista».

«El desarrollismo que formuló por primera vez Frigerio apuesta a un proceso de industrialización pero plantea que su financiamiento debe surgir del salario bajo de la clase obrera», explicó.

En cuanto al «justicialista», Fraschina señaló: «El modelo por el que nosotros abogamos también quiere industrializar pero el financiamiento lo pretende obtener través de la apropiación de las rentas extraordinarias de algunos sectores. Pero para eso hay que discutir con los grupos de poder». Además, señaló que en esta alternativa es fundamental que la energía y los alimentos «sean baratos».

Para el autor, la aplicación de ese modelo requiere fortalecer la «comunidad organizada» y consideró que también se debe avanzar hacia una «actualización de su programa» que contemple el surgimiento de nuevos fenómenos como las economías de plataformas.

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12 de octubre: ABYA YALA, el verdadero nombre del continente

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Abya Yala el verdadero nombre de América

La denominación Abya Yala fue dada al continente americano por el pueblo Kuna, desde antes de la llegada de los europeos. Este pueblo es originario de la serranía del Darien, al norte de Colombia, que hoy en día habita la región al sur de Panamá y el norte de Colombia. A los Kuna de la región Colombiana se les conoce como Kuna-Tule.

La cultura kuna sostiene que ha habido cuatro etapas históricas en la tierra, y a cada etapa corresponde un nombre distinto de la tierra conocida mucho después como América: Kualagum Yala, Tagargun Yala, Tinya Yala, Abya Yala.

El último nombre significa: territorio salvado, preferido, querido por Paba y Nana, y en sentido extenso también puede significar tierra madura, tierra de sangre”. Así esta tierra se llama “Abia Yala”, que se compone de “Abe”, que quiere decir “sangre”, y “Ala”, que es como un espacio, un territorio, que viene de la Madre Grande.

Es así como hoy en día, diferentes organizaciones, comunidades e instituciones indígenas y representantes de ellas de todo el continente, han adoptado su uso para referirse al territorio continental, en vez del término “América”. Es por esto que el nombre de ABYA YALA es utilizado en sus documentos y declaraciones orales. Como símbolo de identidad y de respeto por la tierra que habitamos.

Enrique Dussel ya había advertido que el denominado «descubrimiento de América» fue, en verdad, el encubrimiento de los pueblos que aquí habitaban. ABYA YALA es, así, el verdadero descubrimiento de América.


LENGUA DEL PUEBLO KUNA

El pueblo Kuna es originario de Sierra Nevada, en el norte de Colombia, habitó la región del Golfo de Urabá y las montañas de Darien, y actualmente vive en la costa caribeña de Panamá, en la Comarca de Kuna Yala (San Blas). ABYA YALA se viene usando como una autodesignación de los pueblos originarios del continente en contraposición a América, expresión que, aunque usada por primera vez en 1507 por el cosmólogo Martín Wakdseemüller, sólo se consagra desde fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX como un medio de las élites criollas para afirmarse en contraposición a los conquistadores europeos dentro del proceso de independencia.

Aunque los diferentes pueblos originarios que habitan el continente atribuyeran nombres propios a las regiones que ocupaban (Tawantinsuyu, Anauhuac, Pindorama), la expresión ABYA YALA es cada vez más usada por los pueblos originarios del continente objetivando la construcción de un sentimiento de unidad y pertenencia.

Pese a que algunos intelectuales, como el sociólogo catalán-boliviano Xavier Albó, ya habían utilizado la expresión ABYA YALA en contraposición a la designación consagrada de América, la primera vez que la expresión fue explícitamente usada con ese sentido político fue en la II Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de ABYA YALA, realizada en Quito en 2004.


CUMBRE CONTINENTAL DE LOS PUEBLOS EN EL AÑO 2000

En la I Cumbre, realizada en México en el año 2000, la expresión ABYA YALA aún no era invocada, como se puede leer en la Declaración de Teotihuacán, cuando se presentan como «los Pueblos Indígenas de América reafirmamos nuestros principios de espiritualidad comunitaria y el inalienable derecho a la Autodeterminación como Pueblos Originarios de este continente».

A partir de 2007, sin embargo, en la III Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de ABYA YALA, realizada en Iximche, Guatemala, no sólo se autoconvocan como ABYA YALA, sino que también resuelven constituir una Coordinación Continental de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas de ABYA YALA «como espacio permanente de enlace e intercambio, donde converjan experiencias y propuestas, para que juntos enfrentemos las políticas de globalización neoliberal y luchar por la liberación definitiva de nuestros pueblos hermanos, de la madre tierra, del territorio, del agua y de todo patrimonio natural para vivir bien».


ABYA YALA

Poco a poco, en los diferentes encuentros del movimiento de los pueblos originarios, el nombre América va siendo sustituido por ABYA YALA, indicando así no apenas otro nombre, sino también la presencia de otro sujeto enunciador del discurso, hasta aquí callado y subalternizado en términos políticos: los pueblos originarios.

La idea de un nombre propio que abarcara todo el continente se impuso a esos diferentes pueblos y nacionalidades cuando comenzaron a superar el largo proceso de aislamiento político a que se vieron sometidos tras la invasión de sus territorios en 1492, con la llegada de los europeos.

Junto con ABYA YALA hay todo un nuevo léxico político que también se viene construyendo, donde la propia expresión «pueblos originarios» gana sentido. Esa expresión afirmativa fue la que esos pueblos en lucha encontraron para autodesignarse y superar la generalización eurocéntrica de «pueblos indígenas».

A fin de cuentas, antes de la llegada de los invasores europeos, en el continente había una población estimada de entre 57 y 90 millones de habitantes que se distinguían como maya, kuna, chibcha, mixteca, zapoteca, ashuar, huaraoni, guarani, tupinikin, kaiapó, aymara, ashaninka, kaxinawa, tikuna, terena, quéchua, karajás, krenak, araucano/mapuche, yanomami, xavante, entre tantos y tantas nacionalidades y pueblos originarios del continente.

La expresión «indígena» es, en ese sentido, una de las mayores violencias simbólicas cometidas contra los pueblos originarios de ABYA YALA en la medida en que es una designación que hace referencia a las Indias, o sea, a la región buscada por los negociantes europeos a fines del siglo XV.

La expresión «indígena» ignora, así, que esos otros pueblos tenían sus propios nombres y su propia designación para sus territorios. Paradójicamente, la expresión «pueblos indígenas», en la misma medida en que ignora la diferencia específica de esos pueblos, contribuyó a unificarlos no sólo desde el punto de vista de los conquistadores/invasores, sino también como una designación que, en principio, servirá para constituir la unidad política de esos pueblos por sí mismos, cuando comienzan a percibir la historia común de humillación, opresión y explotación de su población y la dilapidación y devastación de sus recursos naturales.

 ABYA YALA se configura, por lo tanto, como parte de un proceso de construcción político-identitario en el que las prácticas discursivas cumplen un papel relevante de descolonización del pensamiento, y que ha caracterizado al nuevo ciclo del movimiento «indígena» cada vez más como un movimiento de los pueblos originarios. La comprensión de la riqueza de los pueblos que viven aquí hace miles de años y del papel que tuvieron y tienen en la constitución del sistema-mundo ha alimentado la construcción de ese proceso político-identitario.

Considérese, por ejemplo, que hasta la invasión de ABYA YALA (América) Europa detentaba un papel marginal en los grandes circuitos mercantiles, que tenían en Constantinopla uno de sus lugares centrales. La toma de esa ciudad por los turcos, en 1453, propició la búsqueda de caminos alternativos, sobre todo por parte de los grandes negociantes genoveses, que encontraron apoyo político entre las monarquías ibéricas y en la Iglesia Católica Romana.

Desde entonces, circuitos mercantiles relativamente independientes en el mundo pasan a estar integrados e incluso se constituye el circuito Atlántico con la incorporación del Tawantinsuyu (región hoy ocupada por Perú, Ecuador y Bolivia, principalmente), del Anahuac (hoy México y Guatemala, principalmente), de las tierras guaraníes (envolviendo parte de Argentina, Paraguay, sur de Brasil y Bolivia, principalmente) y Pindorama (nombre con que los tupí designaban a Brasil).

El carácter periférico y marginal de Europa era tal que la expresión «orientarse» (ir hacia el oriente) indicaba la relevancia de Oriente en la época. Así, es con la incorporación de los pueblos de ABYA YALA y con su sometimiento político, junto con el tráfico y la esclavización de los negros africanos traídos a este continente, que se crea la oportunidad para la centralidad de Europa.

En resumen, el surgimiento del sistema mundo moderno se da junto con la construcción de la colonialidad. Se trata, por lo tanto, de un sistema mundo moderno-colonial. Y ese carácter contradictorio inscrito en el sistema mundo moderno, que busca olvidar su carácter también colonial, es lo que los pueblos originarios de ABYA YALA vienen buscando explicitar en la lucha «por la liberación definitiva de nuestros pueblos hermanos, de la madre tierra, del territorio, del agua y de todo patrimonio natural para vivir bien».

De este modo, la descolonización del pensamiento se vuelve central para los pueblos originarios de ABYA YALA. Como bien señaló Luis Macas, de la Coordinadora de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), «nuestra lucha es epistémica y política», donde cumple un papel fundamental el poder de designar lo que es el mundo. Varios intelectuales vinculados a las luchas de los pueblos de ABYA YALA han señalado el carácter etnocéntrico inscrito en las propias instituciones, incluso en el Estado Territorial, cuyo eje estructurante está en la propiedad privada y cuyo fundamento se encuentra en el Derecho Romano.

A pesar de su origen regional europeo, los fundamentos del Estado Territorial, incluso la idea de espacios mutuamente excluyentes, como la propiedad privada, han sido impuestos al resto del mundo como si fueran universales, ignorando las diferentes formas de apropiación de los recursos naturales que predominaban en las mayores partes del mundo, casi siempre comunitarias y no mutuamente excluyentes. En América Latina, el fin del colonialismo no significó el fin de la colonialidad, como afirmó el sociólogo peruano Aníbal Quijano, explicitando el carácter colonial de las instituciones que sobrevivieron tras la independencia y que ilumina la declaración de Evo Morales Ayma al asumir la presidencia de la República de Bolivia, en 2006, cuando afirmó que era «preciso descolonizar el Estado».

Para que no se piense que se trata de una afirmación abstracta, debe recordarse que los concursos de oposición para funcionarios públicos en ese país eran realizados exclusivamente en lengua española, cuando aproximadamente el 62 por ciento de la población piensa en quechua, aymara y guaraní, las lenguas que hablan predominantemente en su vida cotidiana.

En países como Guatemala, Bolivia, Perú, México, Ecuador y Paraguay, así como en ciertas regiones de Chile (en el sur, donde viven aproximadamente un millón de araucanos/mapuches), de Argentina (el Chaco norteño) y de la Amazonia (brasileña, colombiana y venezolana), el carácter colonial del Estado se hace presente con todo su peso. El «colonialismo interno», expresión consagrada por Pablo González Casanova, se muestra actual, en tanto historia de larga duración actualizada. No es raro que esas regiones sean objeto de programas de desarrollo, casi siempre para (des)arrollar, de modernización, casi siempre de colonización (de hecho, esas expresiones casi siempre son sinónimos).

La elección del nombre ABYA YALA por los kuna recupera la lucha por la afirmación de sus territorios, de la que ellos fueron pioneros con su revolución de 1925, consagrada en 1930 en el derecho de autonomía de la Comarca de Kuna Yala, con sus 320.600 hectáreas de tierras, más las aguas vecinas del archipiélago de San Blas. La lucha por el territorio se configura como una de las más relevantes en el nuevo ciclo de luchas del movimiento de los pueblos originarios que se delinea a partir de los años ’80 del siglo pasado (Myskitos en Nicaragua) y que logra su mayor expresión en los años ’90 y a comienzos del nuevo siglo, revelando cambios profundos tanto del punto de vista epistémico como político.

Abya Yala se posiciona así como un atractor (Prigogine) en torno al que otro sistema puede configurarse. Eso es lo que los pueblos originarios están proponiendo con ese otro léxico político. No olvidemos que dar nombre propio es apropiarse.

Es hacer propio un espacio a través de los nombres que se atribuyen a ríos, montañas, bosques, lagos, animales y plantas; por ese medio, un grupo social se constituye como tal, constituyendo sus mundos de vida, sus mundos de significación y convirtiendo un espacio en su espacio: un territorio.

El lenguaje territorializa y, de esa manera, se revela una tensión de territorialidades entre América y ABYA YALA.

Fuente: Ecoportal.net

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