La presidenta del Consorcio del Puerto de Quequén, Jimena López, destacó la contratación de un estudio jurídico privado para la elaboración del pliego de licitación de la concesión de la Terminal Quequén por otros 30 años. Desde la Asamblea por la Soberanía del Puerto de Quequén aseguran que se prepara otra “entrega” del principal elevador de granos del puerto que es propiedad de la provincia de Buenos Aires y cuestionan la influencia de la CIARA (Cámara Industria Aceitera República Argentina) en la confección del pliego.
La Ley de Puertos 24.093 de 1992 provincializó los puertos e impuso los consorcios de administración como órgano de gobierno con una participación mayoritaria del sector privado en los directorios.
En 2022 venció la concesión de los elevadores y demás instalaciones de la Terminal Quequén, la más importante del Puerto, que supieron pertenecer a la Junta Nacional. El gobierno bonaerense determinó la prórroga durante tres años consecutivas y ahora se encamina a su licitación. En su momento, había trascendido la condición de establecer una «reserva de carga» del 30% para pequeños productores, lo que fue cuestionado por las grandes cámaras empresarias.
Las últimas novedades en este proceso fueron dadas a conocer por la propia presidenta del Consorcio, Jimena López, quien comentó que la elaboración del pliego de licitación internacional quedó a cargo por un estudio jurídico propuesto por la Cámara Industria Aceitera República Argentina (CIARA).
“Contratamos un estudio de abogados para la confección del pliego elegido a partir de una terna de tres estudios propuestos por la CIARA. Enviamos los términos de contratación y al 30 de septiembre debemos estar adjudicando la licitación”, precisó la dirigente massista.
Esta decisión fue cuestionada por la Asamblea por la Soberanía del Puerto de Quequén que viene impulsando que el Estado provincial se haga cargo de la operación de la terminal a través de una entidad jurídica pública o mixta y recuperar así participación estatal en el comercio exterior de granos.
“Esta contratación constituye una grave irregularidad que direcciona la licitación. Se trata de una Corporación que representa los intereses de grandes productores, pooles de siembra y empresas exportadoras extranjeras, de la cual, el Estado provincial debiera estar estrictamente independizado”, apuntaron desde la Asamblea que además indicó que la presidenta del Consorcio podría haber vetado esta contratación aprobada por el directorio.
Y reprocharon: “Todo esto demuestra, una vez más, que el Consorcio, de hecho funciona como un “ente privado”; seis de los nueve asientos corresponden a Coninagro y otras cámaras empresarias, uno de los Directores representa a la Cámara de Concesionarios al mismo tiempo que gerencia Terminal Queqúen S.A. y otro representa a CIARA, algo incompatible pues siendo juez y parte, tienen poder sobre decisiones del Directorio y acceso a información privilegiada”.
López defendió la contratación de un estudio externo para la elaboración del pliegos por considerar que “el sector necesitaba una seguridad” y agregó: “No porque nosotros no se la pudiéramos dar con el pliego que estábamos trabajando pero se aceptó que esta era la mejor alternativa”.
Mientras tanto, desde la Asamblea que en 1989 evitó la privatización total del Puerto Quequén en favor de la empresa SOCMA de la familia Macri insisten en que este vencimiento de la concesión es una excelente oportunidad para comenzar a recuperar la participación estatal en el comercio exterior de granos.
“La ley establece concesiones por 30 años pero la ley habilita la que se presenten entidades jurídicas públicas o mixtas por lo que la provincia podría presentarse. Además la provincia es dueña de las instalaciones y ese sería su aporte de capital”, aseguró a Todo Provincial el referente de la Asamblea, Miguel Ángel Bayón y remarcó: “Pretendemos que se recupere el ejercicio del comercio exterior”.