El Gobierno nacional autorizó al personal de las Fuerzas Armadas a desarrollar actividades laborales complementarias fuera de su horario de servicio, una medida impulsada por el Ministerio de Defensa que busca aliviar la situación económica de miles de efectivos cuyos salarios quedaron rezagados frente al aumento del costo de vida.
La decisión flexibiliza las restricciones que hasta ahora limitaban la posibilidad de que soldados, suboficiales y oficiales desempeñaran trabajos privados. De esta manera, podrán sumar ingresos mediante tareas compatibles con la función militar, como conducción en plataformas de transporte, reparto de pedidos, seguridad privada y otros servicios.
Sin embargo, la resolución abrió un fuerte debate porque expone una realidad cada vez más visible dentro de las fuerzas: la necesidad de que muchos militares busquen un segundo empleo para poder llegar a fin de mes.
Salarios militares por debajo de las fuerzas de seguridad
La autorización llega en un contexto marcado por reclamos salariales y advertencias sobre la pérdida del poder adquisitivo del personal militar. Actualmente, un soldado percibe alrededor de 700 mil pesos, un cabo cerca de 800 mil pesos y los oficiales de menor graduación, egresados del Colegio Militar, apenas superan el millón de pesos.
Según distintas fuentes del ámbito castrense, estos ingresos se ubican aproximadamente un 30% por debajo de los salarios que perciben integrantes de las fuerzas de seguridad, una situación que profundiza el malestar y dificulta la permanencia del personal dentro de las instituciones militares.
Desde el Gobierno sostienen que la medida amplía la libertad laboral de los efectivos y les permite aprovechar oportunidades económicas fuera de la jornada de servicio. Sin embargo, las críticas apuntan a que la autorización representa un reconocimiento implícito de que los salarios actuales resultan insuficientes.
Recortes, restricciones y cambios en la vida cotidiana
A la problemática salarial se suman medidas de ajuste que impactan directamente en la rutina diaria de los efectivos. En los últimos meses, y especialmente tras recientes recortes presupuestarios, se implementó de manera reservada un horario reducido de 7:30 a 12:30 horas en distintas unidades militares.
Según relatan algunos soldados, la medida busca evitar los costos asociados al servicio de almuerzo dentro de los cuarteles. Aquellos efectivos que deben regresar por la tarde para cumplir guardias son enviados a sus domicilios para comer y luego retomar sus tareas.
Incluso, algunos testimonios aseguran que durante la tarde y la noche la única colación disponible son galletitas de agua, reflejando las restricciones presupuestarias que atraviesan distintas dependencias.
En paralelo, aunque existían prohibiciones respecto del trabajo en aplicaciones y otras actividades privadas, dentro de las propias fuerzas reconocen que esa limitación prácticamente dejó de cumplirse ante la necesidad económica de los efectivos.
Deserción en las Fuerzas Armadas y migración hacia otras fuerzas
La combinación de bajos salarios, restricciones presupuestarias y mejores oportunidades laborales en otros organismos estaría provocando niveles históricos de deserción.
Distintas fuentes señalan que el Ejército Argentino, que llegó a contar con alrededor de 24.000 soldados, tendría actualmente menos de 15.000 efectivos, aunque no existen cifras oficiales actualizadas difundidas públicamente.
La situación también genera tensiones con las fuerzas de seguridad provinciales, que ofrecen remuneraciones más elevadas. Uno de los casos más mencionados ocurrió en Córdoba, donde la policía provincial realizó campañas de incorporación que habrían atraído a una importante cantidad de personal militar.
Un debate de fondo sobre la profesionalización militar
La imagen de militares desempeñándose como choferes de aplicaciones, repartidores o trabajadores eventuales generó repercusiones inmediatas. Para algunos sectores, se trata de una alternativa legítima para complementar ingresos en un contexto económico complejo.
Para otros, en cambio, evidencia una problemática estructural vinculada a la necesidad de garantizar salarios acordes y condiciones adecuadas para quienes tienen a su cargo la defensa nacional.
