El intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, anunció que durante el verano 2024 no habrá temporada de playas y acusó al gobierno bonaerense de «impedir a los nicoleños el disfrute de las playas». Sin embargo, destrás hay un fallo judicial de la Suprema Corte y diversos informes de organismos de control que señalan que estos balnearios se realizaron mediante obras ilegales en zonas de humedales protegidas por ley.
“Me da mucha bronca porque le están quitando a los nicoleños una oportunidad única que es pasar el tiempo libre en su ciudad, disfrutando de la playa y el río”, reprochó el intendente, Manuel Passaglia.
En mayo pasado, la Suprema Corte de Justicia bonaerense hizo lugar a una presentación de la organización ambientalista FOMEA y ordenó clausurar «las obras ejecutadas y que se estén ejecutando» en Isla Ballestero e incluye «los puentes de acceso vehicular» a la zona insular y los caminos vehiculares que conducen a las playas «Barranquitas» y «El Arenal».
La Isla Ballestero está ubicada dentro de la reserva natural Parque Rafael de Aguiar, un área protegida que abarca 1.500 hectáreas de humedales y bosques nativos. Desde la Autoridad del Agua (ADA) también dictaminaron que las obras son ilegales y dañan el ambiente por lo que deberá restituir el terreno a su estado natural.
Sin embargo, Passaglia consideró que las resoluciones judiciales y de los organismos de control bonaerenses responden a una cuestión política. “Lo que estamos decidiendo es si los vecinos de San Nicolás van a poder o no tener un espacio para compartir en familia y con amigos sus fines de semana, sus vacaciones. Y el gobierno provincial, con Axel Kicillof como principal responsable, está empecinado en prohibirnos disfrutar las playas, usando al medio ambiente como excusa”, reprochó Passaglia.
Y agregó: “Lo que yo veo es un ataque directo a la vida de los nicoleños. Si me quieren perjudicar a mí, no me importa que me hagan las mil y una, pero estas acciones a los únicos que perjudican es a los vecinos de la ciudad que tenían la posibilidad de disfrutar las playas y hoy se los están impidiendo.
Sin embargo, desde FOMEA denuncian que el islote es una zona protegida y que las obras para inaugurar las playas afectaron 70 hectáreas de bosque nativo y construyeron más de 6 kilómetros de terraplenes y canalizaciones en una zona de humedales que «debía ser conservada a perpetuidad»
La Autoridad del Agua declaró ilegales los más de 6 kilómetros de terraplenes y canalizaciones que el Municipio construyó sobre las lagunas El Saco y la Quebrada, obras realizadas sin su “autorización” que el organismo provincial tildó de clandestinas.
También determinó que todo el territorio de la isla intervenido con ese terraplén de 6000 metros y los movimientos de suelo cambiaron la configuración topográfica de la zona perjudicando la funcionalidad del ecosistema.
Desde FOMEA criticaron las demoras del ADA y el Ministerio de Ambiente bonarense ya que las primeras denuncias comenzaron en 2020 con el inicio de las obras.
“La falta de actuación permitió que el daño ambiental se extienda”, dijo Fabián Maggi, uno de los abogados de Fomea, que también apuntó contra la fiscal Verónica Marcantonio por tener “paralizada” la denuncia penal.
«Apenas se tumbó el primer árbol por la denuncia de vecinos pero nunca concurrieron al lugar a fiscalizar y ejercer su poder de policía, siendo que tienen la tutela del bosque nativo”, reprocharon.