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Ordenaron retirar la tobillera electrónica al marido de Carolina Píparo para que «pueda llevar sus hijos a la escuela»

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Juan Ignacio Buzali, esposo de Carolina Píparo

Los jueces del Tribunal Oral y Criminal (TOC) I de La Plata ordenaron retirarle la tobillera electrónica y el monitoreo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a Juan Ignacio Buzali, marido de la diputada nacional Carolina Píparo, quien está acusado de la tentativa de homicidio de dos motociclistas la noche de Año Nuevo de 2021 en la capital bonaerense.

A pesar de que el TOC negó el cese de la prisión preventiva de Buzali, el jurado decidió flexiblizar las condiciones de arresto domiciliario para que el acusado pueda «llevar y traer a sus hijos» en el marco de las actividades que realizan, entre ellas ir al colegio, a eventos deportivos y a controles de atención sanitaria, además de poder transitar los «espacios verdes» del lugar donde reside.

Por medio de la resolución judicial, los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Cecilia Sanucci y Silvia Hoerr consintieron el pedido de la defensa de Buzali, integrada por los abogados Marcelo Peña y Francisco Oneto, para atenuar la medida de coerción.

En la decisión, el tribunal acepta «atenuar la modalidad de la medida de coerción bajo la forma de prisión domiciliaria sin control de monitoreo electrónico, debiendo librar el correspondiente oficio al Servicio Penitenciario Bonaerense a fin que proceda al retiro del dispositivo electrónico (tobillera) del nombrado Buzali, como así también, del equipo de monitoreo instalado en su domicilio».

De este modo, Buzali, de quien dicen que «ha demostrado un comportamiento apegado a la modalidad que se le impuso», queda facultado «para desplazarse por los espacios comunes del edificio y acercarse a la entrada del mismo a los fines requeridos».

No obstante, los jueces denegaron el pedido de «cese de prisión preventiva» al considerar que la defensa lo requiere «sin haber aportado información novedosa ni argumentación nueva».

«Con esa tesitura pretende crear una suerte de recurso contra la resolución dictada por la Cámara, órgano que ya confirmó la prisión preventiva», sostuvieron los jueces.

El marido de Píparo quedó detenido el 9 de enero de 2021 acusado de intentar matar embistiendo con su automóvil a dos motociclistas a los que embistió la noche de Año Nuevo en la ciudad de La Plata.

En un principio, Píparo denunció haber sido asaltada por «motochorros» la madrugada del 1 de enero en la calle 47, entre 15 y 16, en momentos en que iba con el esposo a llevar a su suegro a su casa.

Según la legisladora, tras ello y cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos «motochorros» que los habían asaltado, por lo cual decidieron embistir a las motos en las calles 31 y 28 y luego escaparon del lugar.

La pareja se alejó en el auto sin asistir a los dos jóvenes, identificados como Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años, quienes tripulaban la moto y que resultaron heridos. En la causa quedó comprobado que se trataba de un grupo de amigos de la localidad de Abasto que estaba recorriendo la tradicional quema de muñecos que se realiza en la madrugada de cada 1 de enero en La Plata.

Por pedido de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de La Plata, Buzali fue detenido acusado del «doble homicidio en grado de tentativa» y luego fue beneficiado con arresto domiciliario.

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La Plata blanca: Alak y el ambicioso plan de cambiar 170 mil luminarias led

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El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó el pasado viernes la firma de contratos para iniciar el proyecto de mantenimiento integral del alumbrado público del partido, que abarca obras de conservación, adecuación, modernización tecnológica y remodelación del sistema con el objetivo de brindar un servicio más eficiente.

Gracias a esta iniciativa, que comenzará a ejecutarse hoy y comprende una inversión superior a los $15 mil millones, se llevarán a cabo labores preventivas y correctivas en las cerca de 170 mil luminarias que conforman el alumbrado público de la ciudad. Además, se implementarán tareas adicionales, como la instalación de sistemas de telegestión.

El mantenimiento anterior contaba con un promedio de 4 mil servicios mensuales para atender las necesidades de La Plata y con el nuevo esquema se prevé un aumento significativo del 225%, alcanzando los 13 mil. 

“Al inicio de la gestión más del 20% del alumbrado público no funcionaba, con acciones correctivas se redujo el apagado al 10% y con los nuevos contratos firmados esperamos bajar la cifra al 3%, logrando que 97 de cada 100 luminarias estén operativas”, afirmó el intendente Alak tras la rúbrica.

Para su ejecución, se realizará un relevamiento inicial que permitirá evaluar el estado actual del sistema de iluminación en las diversas áreas de La Plata, facilitando la planificación de las acciones necesarias para asegurar su conservación.

El propósito es establecer un sistema eficiente que prevenga el deterioro de las luminarias existentes, y garantice una respuesta rápida y efectiva ante cualquier inconveniente.

LAS ZONAS A INTERVENIR

El área a abarcar está dividida en tres, siendo una de ellas la del casco, comprendido por avenida 32 desde el límite con Ensenada hasta su continuidad con boulevard 82; boulevard 82 y su continuidad hasta avenida 31; avenida 31 hasta su continuidad con boulevard 81; boulevard 81 hasta su continuidad con avenida 72; y avenida 72 hasta el límite con Berisso.

Por otro lado, la zona norte está comprendida por avenida 32 desde el límite con Ensenada hasta su continuidad con boulevard 82; boulevard 82 y su continuidad hasta avenida 31; avenida 31 hasta avenida 52; avenida 52 hasta Ruta Provincial N° 36; y Ruta N° 36 hasta el límite con Berazategui.

Finalmente, la zona sur es el área que se extiende por avenida 72 desde el límite con Berisso hasta su continuidad con boulevard 81; bulevar 81 y su continuidad hasta avenida 31; avenida 31 hasta avenida 52; avenida 52 hasta Ruta Provincial N° 36; y Ruta N° 36 hasta el límite con Magdalena.

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La Justicia de La Plata definió a los herederos de los bienes de Ricardo Barreda

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La Justicia de La Plata se expidió sobre la sucesión de los bienes y propiedades del cuádruple homicida Ricardo Alberto Barreda, condenado a prisión perpetua por asesinar a escopetazos en 1992, en su vivienda de calle 48 entre 11 y 12, a sus dos hijas, su esposa y suegra.

El trámite se llevó a cabo ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 17, que esta semana dio a conocer una declaratoria de herederos. La resolución llevó la firma de su titular, la jueza Sandra Nilda Grahl.

A diferencia de otros litigios similares, en este caso, los “legítimos” herederos de los mentados “bienes de familia” son parientes lejanos del condenado y de las víctimas. De hecho, en el expediente quedó plasmado que hubo varios familiares que no se presentaron a reclamar, como la línea parental ligada a las abuelas. De allí que los derechos de representación y renuncia influyeron en la composición final de los herederos, según se informó en los tribunales.

En un tramo del resolutorio, Grahl tuvo en cuenta “particularidades únicas”, como la simultaneidad de los fallecimientos y la aplicación del Código Civil de 1980, vigente al momento del caso.

En rigor, la jueza ponderó la llamada teoría de la conmoriencia, que supone que todas las víctimas fallecieron al mismo tiempo. De ese modo, se deniega todo derecho hereditario entre ellos. Vale aclarar que Barreda ya había sido declarado, en vida, “indigno” de heredar cualquier bien de su esposa, hijas o suegra, dejando al resto de los familiares la posibilidad de reclamar.

En ese marco, se puntualizó que en términos hereditarios los bienes en litigio pasen a sus sobrinos. En el caso de la esposa de Barreda, Gladys Mac Donald, los familiares también cedieron el patrimonio a los parientes colaterales de su madre, Elena Arreche. Además, la simultaneidad de las muertes, confirmada por la teoría de la conmoriencia, implicó que ni las hijas de Mac Donald ni su madre pudieron ser consideradas herederas entre sí. Esa circunstancia fáctica derivó en que los primos hermanos de Mac Donald asumieran los derechos sobre sus bienes.

Asimismo, como Adriana y Cecilia Barreda, las hijas de Barreda, no poseían descendencia al momento de sus homicidios, entonces sus bienes se distribuyeron entre sus tías abuelas, quienes inicialmente figuraban como herederas directas. Pero a la vez, las tías abuelas incurrieron en la renuncia tácita de la herencia a partir del incumplimiento del plazo legal de 20 años para reclamarla. Eso también llevó a que los bienes tuvieran como destino familiares lejanos.

De acuerdo a las constancias judiciales, la sucesión para cada uno de los fallecidos fue: de Elena Arreche sus sobrinos Irma Luisa Fernández Arreche, Dora Elena Julián Arreche y Hugo Enrique Fernández Arreche, este último en representación de su madre fallecida, Juana María Arreche.

Con respecto a Gladys Elena Margarita Mac Donald, sus herederos son sus primos hermanos Hugo Enrique Fernández Arreche, Irma Luisa Fernández Arreche y Dora Elena Julián Arreche.

De Adriana Barreda, una de las hijas del odontólogo, sus herederas son sus tías abuelas Graciana Nélida Arreche y Luisa Isabel Arreche. Y de la otra hija del cuádruple homicida, Cecilia Barreda, sus herederas son sus tías abuelas Graciana Nélida Arreche y Luisa Isabel Arreche.

El próximo paso en el expediente será la inscripción de los bienes heredados. Eso posibilitará a los ahora declarados herederos disponer de los inmuebles y activos que en vida pertenecieron a las víctimas.

Vale recordar que Barreda, fallecido en 2020, cuando estuvo a punto de salir del presidio, estando en libertad condicional, había intentado reclamar por la casona de 48 donde el 15 de noviembre de 1992 masacró a su familia. Eso llevó a que se impulsaran ciertos movimientos y presentaciones en la causa civil a los fines del trámite sucesorio.

Además, en 2012, la Legislatura bonaerense sancionó la Ley 14.431, que ordenó el proceso expropiatorio. Si bien el trámite inició en 2017, las actuaciones no han tenido otros movimientos.

En un momento se propuso en debates legislativos que la casona pase a formar parte del patrimonio edilicio de la ciudad, con un claro mensaje contra la violencia de género. No obstante, eso no llegó a concretarse, así como los denominados herederos legítimos tampoco han recibido compensación alguna por su expropiación.

Fuente: Capital 24

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Provincia cancela una deuda histórica con La Plata por la “Tasa de Capitalidad”

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El gobernador Axel Kicillof oficializó mediante el decreto N° 3621/2024 el acuerdo entre la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de La Plata para saldar una deuda de 11.435 millones de pesos, acumulada desde 2014. De esta manera, se oficializó el convenio firmado días atrás entre el gobernador Axel Kicillof y el intendente de La Plata, Julio Alak.

Este concepto corresponde a la prestación de servicios de alumbrado, barrido y limpieza de edificios públicos provinciales en la ciudad. Este convenio fue avalado por unanimidad en la última sesión ordinaria de 2024 del Concejo Deliberante platense, el pasado 27 de diciembre, y busca saldar una histórica deuda mientras impulsa importantes obras de infraestructura en la ciudad.

La deuda de 11.435 millones de pesos será saldada en tres cuotas, la primera con un pago del 30% del total en los próximos días; una segunda cuota de 60%, dividida en tres etapas bimensuales, previa presentación de un informe de obras realizadas; y por último, un 10%, luego de homologar judicialmente el acuerdo por las deudas acumuladas entre 2014 y 2024.

Las obras previstas para La Plata contemplan la renovación integral de la avenida 60, en Los Hornos, una vía clave para el tránsito de mercancías en la Región Capital, la Puesta en valor de la Plaza San Martín, con un presupuesto de 3.000 millones de pesos, cuya inauguración está prevista para el 27 de febrero próximo.

La Tasa de Capitalidad se creó en 1991 como contraprestación de la Provincia a La Plata por los servicios municipales brindados a edificios estatales. Desde las gestiones de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal han habido múltiples retrasos por lo que es un tema recurrente en los bloques opositores en el Concejo Deliberante, que reclaman por la deuda acumulada.

En el artículo 1º del documento provincial, que lleva las firmas del ministro de Economía Pablo Julio López, el ministro de Gobierno Carlos Alberto Bianco y el propio Kicillof, se indica: «Aprobar el Convenio celebrado entre la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de La Plata el 20 de diciembre de 2024 el que, como Anexo Único (CONVE-2024-45711171-GDEBADROYCASGG), forma parte integrante del presente».

Mientras que en el 2do expresa: «Instruir al Ministro de Economía a adoptar las medidas necesarias para la implementación del Convenio aprobado por el artículo precedente y para el cumplimiento de los compromisos acordados por la Provincia». Y cierra el 3er artículo expresando que «el presente decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y Gobierno».

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