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Marcha educativa a Gobernación: 900 escuelas de toda la Provincia siguen cerradas por problemas edilicios

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Los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense y los estatales de ATE realizaron una movilización a Casa de Gobierno para exigir inversión para las escuelas ante la crisis de infraestructura que afecta a numerosos distritos. También reclamaron más y mejor alimento en los comedores escolares y una oferta salarial que incluya la cláusula gatillo. Además anticiparon la realización de un paro de todos los trabajadores estatales de la Provincia.

En el marco del paro de 76 horas de los docentes y de 48 horas de los estatales, los gremios realizaron una movilización a Gobernación. Todos los oradores coincidieron en la necesidad de  avanzar hacia la unidad y adelantaron que trabajan en la convocatoria de un paro en conjunto de todos los trabajadores que tienen al Estado como empleador.

El secretario general de UDOCBA, Miguel Díaz, aseguró: “Se está yendo las nubes viladistas y está saliendo el sol para los trabajadores. Dicen que es desmedido el paro de 72 horas pero parece que no lo es la inflación, la represión y todas las medidas de ajuste”.

Luego el dirigente gremial pidió: “Unidad para construir en uno sólo nuestros objetivos, solidaridad para ser cada vez más hermanos y organización que es la que única que vence al tiempo”.

Por su parte, el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, pidió «construir la unidad ante una misma patronal que quiera vaciar lo publicó”. Además mencionó las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez como un “punto de inflexión” y reclamó un “plan de contingencia” para que se garantice la seguridad en las escuelas.

“Hace tres semanas que 500 mil chicos no tienen clases, son 900 escuelas que permanecen cerradas porque no están aptas para funcionar. La semana próxima haremos un abrazo para mostrar en qué condiciones se encuentran”, señaló Baradel y disparó: “Los CEOS de este gobierno no durarían una hora en esas escuelas”.

Sobre la negociación paritaria, el dirigente sindical aseguró que “no está en discusión un punto más o un punto menos sino la dignidad de los docentes” y consideró que “buscan un acuerdo salarial a la baja para luego imponerlo al resto de los trabajadores”.

En tanto, la presidenta de la FEB, Mirta Petrocini, describió la marcha como “solidaria y sin mezquindad para hacer frente a este ajuste”, y aseguró que desde el gobierno “no tienen respuestas entonces dan discursos vacíos”.

La secretaria adjunta de Sadop Buenos Aires, María Inés Busso, expresó: “En las escuelas privadas estamos padeciendo despidos y amenazas por plantear que íbamos al paro. Utilizan la subvención para disciplinar”:

El secretario General de AMET, Jorge Doval, comentó: “Están impulsando un cambio en las currículas de la escuela técnicas. Nos dicen que es el futuro pero es el pasado ya lo vimos. No vamos a aceptar que eliminen materias ni que toquen compañeros”.

El secretario general de ATE Provincia, Oscar De Isasi, subrayó: “Quiero destacar la lucha de los auxiliares que garantizaron el parazo. Esta marcha es una muestra de la unidad de los trabajadores de la educación que le ponen el pecho al ajuste del gobierno provincial y nacional”.

Y agregó: “Nos están dando duro pero tienen serias dificultades porque el pueblo nos marca el camino. Peña, Vidal y Macri soñaban con brindar en diciembre del 2017 con la reforma laboral, la armonización del IPS y el 2×1 para los genocidas, pero no pudieron. La clave es la unidad y la masividad en la calle. Tenemos que asumir el compromiso de un gran paro nacional que los obligue a retroceder. Es el tiempo de hacer un paro de todos los estatales de la provincia”.

En el acto también habló el titular de ATE Ensenada y referente del Astillero Río Santiago, Francisco Banegas, que señaló: “Estamos en este paro por la solidaridad que tuvieron con nosotros. El 12 de septiembre en todas las rutas del país habrá cortes para defender los puestos laborales de Astillero y toda la industria”.

En el mismo sentido de unificar los reclamos y avanzar en un paro en conjunto, se expresaron el  titular de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Pablo Abramovich, y Marta Márquez de los profesionales de la Salud de CICOP.

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UDOCBA reclamó la reapertura de paritarias docentes y la mejora de las condiciones laborales

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A través de una carta abierta, la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) reiteró su compromiso con la defensa del salario, las condiciones laborales y la participación democrática de las y los docentes bonaerenses.

Bajo el título “Unidad, participación y lucha: así se construye el futuro de la docencia bonaerense”, el gremio que conduce Alejandro Salcedo instó nuevamente al gobierno provincial a convocar a negociaciones paritarias “en un contexto económico complejo, atravesado por el ajuste del gobierno nacional, la pérdida del poder adquisitivo y el incremento constante de tarifas y precios”.

“El último acuerdo salarial —un incremento del 5% dividido entre agosto y octubre— resultó insuficiente para acompañar el ritmo de la inflación y cubrir las necesidades básicas del sector”, señalaron desde el sindicato.

Además, UDOCBA advirtió que “a la situación que golpea directamente el bolsillo de las y los trabajadores de la educación se suman problemas estructurales que exigen respuestas urgentes”.

En esa línea, el gremio remarcó: “Impulsamos la pronta concreción del Convenio Colectivo de Trabajo y continuamos reclamando la mejora de las condiciones laborales y la regulación efectiva de la desconexión digital, para frenar la sobrecarga de tareas que afecta la salud y el bienestar docente”.

También exigieron “protocolos reales de prevención y protección frente a la violencia en las escuelas”, al sostener que “cuidar a quienes enseñan es cuidar la educación pública”. Asimismo, denunciaron el deterioro edilicio de numerosos establecimientos —con fugas de gas, fallas de calefacción, problemas eléctricos y falta de seguridad— y demandaron inversiones inmediatas para garantizar “escuelas seguras y dignas para enseñar y aprender”.

Carta abierta de UDOCBA a los docentes Bonaerenses


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La multinacional estadounidense Sealed Air despidió a 89 trabajadores en Quilmes

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La empresa petroquímica Sealed Air Quilmes, ubicada en la zona sur del conurbano bonaerense, despidió esta semana a 89 trabajadores, alegando una reestructuración empresarial. Sin embargo, tras un paro total de actividades, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria, que ordena la reincorporación provisoria de los despedidos mientras avanzan las negociaciones.

La decisión de la empresa impactó en una parte significativa de los 200 operarios y 100 empleados administrativos que integran la planta. Los telegramas de despido fueron enviados el lunes 3 de noviembre, invocando el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula las desvinculaciones con indemnización.

Ante esta situación, los trabajadores iniciaron un paro total de producción y realizaron asambleas dentro del establecimiento. Al tercer día del conflicto, fueron informados de una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que derivó en la conciliación.

Conciliación obligatoria y dudas sobre la reestructuración

El Sindicato del Personal Petroquímico anunció la medida de conciliación, que establece un plazo mínimo de 15 días hábiles de negociación. Sin embargo, surgieron cuestionamientos entre los trabajadores porque el acta no fue presentada por escrito, ya que “el delegado regional estaba en el cónclave de la CGT por la nueva conducción”. Por ahora, la empresa debe demostrar su cumplimiento efectivo.

Desde la compañía, dedicada a la fabricación de envases Cryovac y embalajes protectores, se informó que la reestructuración implicaría una reducción del 40% del personal. Pero los trabajadores sostienen que las jornadas de 12 horas y los altos niveles de producción se mantienen sin cambios desde hace años, lo que pone en duda la justificación productiva del ajuste.

Un representante gremial expresó que “para los trabajadores, el escenario exige otro paso: durante los 15 días de conciliación, se torna prioridad un plan de lucha estructurado, que contemple el reporte de negociaciones en actas, la participación activa de la asamblea y vigilancia ante los rumores de pasillo”.

En paralelo, fuentes del sector remarcaron que a nivel global la casa matriz de Sealed Air, con sede en Charlotte, Carolina del Norte (EE. UU.), registró ingresos por 1.350 millones de dólares en el tercer trimestre y mantiene liderazgo en su rubro, aunque proyecta un menor crecimiento para 2026.

El conflicto en Sealed Air Quilmes se suma a una serie de despidos en distintas ramas de la industria manufacturera bonaerense, donde las empresas argumentan “ajustes de estructura” en un contexto de caída del consumo y aumento de costos, mientras los sindicatos denuncian una ola de despidos preventivos.

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Cierra ARSA, la histórica fábrica de lácteos y casi única fuente de empleo en Arenaza

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La Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la empresa láctea que elaboraba los productos de la marca SanCor, entre ellos los yogures, flanes y postres Shimy, Sancorito, Sublime, Flanes Caseros SanCor, Vida, Yogs y Primeros Sabores. La empresa cuenta con una planta en Córdoba y otra en Arenaza, pequeña localidad del partido de Lincon.

La planta bonaerense de Arenaza, en el partido de Lincoln, empleaba a 180 personas, mientras que otras 200 se desempeñaban en la fábrica y el centro de distribución de Córdoba. A su vez, la red logística de ARSA contaba con 165 distribuidores que abastecían semanalmente a 70.000 comercios en todo el país.

La disolución de la empresa se activó tras el fracaso del concurso preventivo abierto en abril de 2024. Aunque se mencionaron posibles interesados en el salvataje —entre ellos, Inverlat (dueño de Havanna), Werthein y CarVal—, ninguno presentó una oferta formal.

Durante los últimos meses, ARSA acumuló múltiples incumplimientos. El golpe final llegó en mayo, cuando la compañía anunció que detendría sus operaciones de forma transitoria para reorganizarse. Sin embargo, la reactivación nunca ocurrió, los compromisos económicos quedaron impagos y la quiebra fue inminente.

Los trabajadores denunciaron haber cobrado salarios irregulares, parciales y atrasados, con pagos en efectivo que apenas alcanzaban un cuarto del sueldo. Además, aseguraron que la empresa no realizó aportes a la obra social durante tres años y medio, y que varios empleados optaron por darse de baja antes del fallo judicial.

El dirigente de Atilra Junín y trabajador de la planta Arenaza, Martín Valente, explicó que semanas antes de la quiebra la empresa intentó aplicar un esquema de suspensiones. “Se presentaron tres personas de ARSA casa central argumentando que la crisis actual se sumó a la situación financiera de la empresa que viene de arrastre de varios años”.

Golpe fatal para Arenaza, un pueblo de 1300 habitantes

Arenaza es una localidad del partido de Lincoln de apenas 1300 habitantes, situada a 35 kilómetros de la ciudad cabecera. La planta de ARSA —controlada por el Grupo Maralac— es la principal fuente de empleo y motor económico del pueblo. Todos en la localidad tienen familiares que trabajaron o trabajan en ARSA.

El cese de actividades por 30 días, anunciado antes de la quiebra, ya había generado alarma en la comunidad. En ese momento, la empresa había atribuido su decisión a una serie de dificultades operativas, entre ellas los cortes de energía, la crisis de Vicentín y embargos judiciales en su planta de Córdoba.

Desde Atilra denunciaron que “ARSA ha fraudelentado toda su actividad desde su inicio” y anticiparon que los trabajadores seguirán organizados y en lucha para evitar el vaciamiento definitivo.

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