Un nutrido operativo de seguridad se montó este miércoles sobre las distintas calles que rodean al Congreso Nacional, con intención de disuadir la masiva protesta que cada semana llevan adelante grupos de jubilados y que, en la jornada de hoy, sumó la participación de simpatizantes de decenas de clubes de fútbol para apoyar el reclamo de las personas mayores, que se centra en el aumento del piso de haberes y la reposición de la gratuidad de los medicamentos de PAMI.

La jornada dejó unas 15 personas golpeadas, hospitalizadas con lesiones graves y afectadas por los gases lacrimógenos, un centenar de detenidos, vehículos prendidos fuego – entre ellos un patrullero – y un policía con una herida de bala.

Los agentes de Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina formaron cordones con gran cantidad de efectivos para evitar los cortes de calles, principalmente de avenida Rivadavia, que de un momento a otro se llenó de personas de forma inesperada.

Con bombos, cánticos, bombas de estruendo y banderas con el lema “hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados”, frase dicha por Diego Maradona años atrás en una nota, miles de personas se sumaron a la protesta, con clima futbolero y camisetas de Boca, Chacarita, River, Independiente, Vélez, Rosario Central, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Atlanta, entre otros. De la movilización también participaron dirigentes y militantes de diferentes sectores del sindicalismo, como la CGT y los gremio del transporte.

Pasadas las 16, ante la multitudinaria convocatoria, las fuerzas de seguridad empujaron a las personas hacia las veredas y la Plaza del Congreso, y se colocaron las máscaras para detonar las granadas de gas lacrimógeno y efectuar la dispersión de la protesta.

Cerca de las 16.30, los efectivos avanzaron con motos, carros hidrantes y detonaron balas de goma para amedrentar y hacer que la gente dejara las avenidas Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos y Callao.

La cantidad de gente convocada desordenó la organización del operativo de seguridad, que se fue rearmando de acuerdo a la llegada de grupos masivos de personas. No obstante, la orden fue una y concreta: dispersar las calles, las avenidas y desarmar el reclamo con celeridad, para evitar que se apostara una manifestación multitudinaria frente al palacio legislativo.

Antes de las 17, la presión de los cordones de las fuerzas de seguridad se acrecentó, con la detonación de bombas de gas lacrimógeno y la movilización de agentes en motocicletas y cuerpo a cuerpo con escudos. Varias personas fueron afectadas por los gases y resultaron heridas con las municiones de goma.

Ante la tensión en aumento, algunas personas tiraron piedras, cascotes, botellas, al tiempo que los efectivos seguían disparando. Los cientos de agentes desplegados, en menos de una hora lograron dispersar la legítima protesta de jubilados, que una vez más sufrieron, la represión.

Entrada la tarde hubo varios momentos de violencia, con avances de la represión de las fuerzas de seguridad, retirada del lugar de grupos de personas y enfrentamientos cuerpo a cuerpo. En ese vaivén de forcejeos entre los manifestantes y los cordones de agentes, una mujer mayor que estaba en la protesta cayó sobre la calle de espaldas luego de la embestida de un oficial, situación dramática que fue captada por las cámaras de televisión y de los celulares de varios testigos.

Despejada la zona del Congreso, varios grupos de manifestantes se trasladaron a la Plaza de Mayo y hubo reclamos y cacerolazos frente a la Casa Rosada que, estaba previsto, continuaran entrada la noche.

Advertencia y represalias del Ministerio de Seguridad

Al conocerse que la marcha iba a ser numerosa y con apoyo de hinchas de fútbol, el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich advirtió que este miércoles se implementarían “estrictas medidas” para “garantizar el orden y la seguridad pública”.

La cartera nacional señaló que “cualquier persona que incurra en conductas que afecten la seguridad, participando en actos que generen desmanes o disturbios con violencia contra las personas o los bienes, o que realice cualquier acción contraria a la ley, será identificada y detenida”.

El comunicado de Seguridad indicó además que se le aplicará la Restricción de Concurrencia Administrativa a todo evento deportivo, es decir, el derecho de admisión, que implicará “la prohibición de ingreso a los estadios de fútbol en cualquier lugar del país”.

El Gobierno Nacional confirmó que se eliminarían 695 cargos y se cerrarán una serie de oficinas de ARCA (ex AFIP) en la provincia de Buenos Aires. Entre las afectadas se encuentran las sedes de Carhué, Coronel Suárez, Coronel Pringles y Monte Hermoso.

El ARCA (ex AFIP) decidió llevar adelante el cierre de 38 receptorías, 38 distritos y 5 agencias distribuidas en todo el país, lo que pone en riesgo la relación laboral de más de 670 trabajadores con el organismo.

El Gobierno nacional dispuso el cierre de receptorías y oficinas que se hallaban en la órbita de la Dirección Regional Bahía Blanca, afectando localidades como Carhué, Coronel Suárez, Coronel Pringles y Monte Hermoso.

“Es una medida ideológica«, denunció Sebastián Más, secretario general del gremio de la ARCA en Bahía Blanca, quien sostuvo que no hay justificación presupuestaria para estos cierres, ya que no implican un verdadero ahorro. “Lo único que hacen es recortar el servicio a la comunidad en esos lugares”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó que en Monte Hermoso no existen gastos operativos, ya que la atención se realiza dentro del Municipio, y en Pringles, los costos de alquiler, seguridad y servicios apenas alcanzan los 1.800.000 pesos mensuales. “Es irrisorio y mucho mayor será el gasto que afrontará la ARCA con el traslado convulsivo de empleados y los juicios que recibirá, además de las medidas de fuerza que llevaremos adelante”, aseguró.

Más insistió en que “no hay ninguna mejora en el funcionamiento del organismo ni una reducción real del costo. Esta es una medida puramente ideológica, con la que buscan implementar despidos encubiertos al reducir la estructura”.

El recorte afecta directamente el servicio a los contribuyentes pequeños, según denunció el gremio. Un ciudadano de Carhué, por ejemplo, deberá trasladarse a Bahía Blanca, a 200 kilómetros de distancia, para realizar trámites, lo que calificó de “locura”.

Informes recientes confirman que, además de las mencionadas localidades, también se cerrarán oficinas en municipios como Dolores, Chascomús, Hurlingham, Merlo, La Matanza, José C. Paz, Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, entre otros.

Las sedes de Bragado, San Nicolás, San Pedro y Chivilcoy también cerrarán en un plazo de 45 días, obligando a los contribuyentes a realizar trámites en las sedes regionales de Mercedes o Junín.

El edificio de Chivilcoy se mantendrá, pero dejará de funcionar como distrito de ARCA. El futuro de los 30 empleados y los servicios de los contribuyentes locales aún está por definirse, aunque es probable que, al igual que en Bragado (8 trabajadores) y San Pedro, pasen a depender de Mercedes o Junín.

Una situación similar afecta a la sede de Bolívar, que pasará a depender de Pehuajó, centralizando los partidos de Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pellegrini, Tres Lomas, Trenque Lauquen y Daireaux.

A nivel provincial, solo quedarán operativas las sedes de Junín, La Plata, Mercedes, Mar del Plata y Bahía Blanca, además de oficinas en Tandil y Necochea.

La Agencia La Plata absorberá los partidos de La Plata, Brandsen, Berisso, Ensenada, Punta Indio, Magdalena, Castelli, Dolores, General Guido, Tordillo, Maipú, Pila, Chascomús, General Paz y General Belgrano.

Por su parte, la Agencia Mar del Plata concentrará la atención de Mar Chiquita, General Alvarado, General Pueyrredón, General Lavalle, General Madariaga, La Costa, Pinamar y Villa Gesell.

Fuente: con información de Verte

Luego de la visita de Javier Milei a Bahía Blanca, el Gobierno nacional anunció la creación de un fondo especial de ayuda económica para los afectados por el devastador temporal que azotó la ciudad el pasado viernes.

El propósito de la Casa Rosada es «garantizar que la asistencia llegue directamente a los damnificados, sin la intervención de otras administraciones».

La Oficina del Presidente confirmó a través de su cuenta en X que Javier Milei «ordenó la creación de un fondo especial de $200.000.000.000 para asistir de manera directa, proporcional y sin intermediarios a los damnificados».

«Este fondo de asistencia será gestionado por la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, y ha sido posible gracias al equilibrio fiscal que este gobierno ha mantenido con firmeza, y seguirá defendiendo», se mencionó en el comunicado.

Además, se añadió que «el Poder Ejecutivo continuará presente, como desde el primer día, brindando todas sus herramientas y apoyando a los vecinos que han sufrido pérdidas materiales y humanas irreparables».

«Los Ministerios de Seguridad Nacional, Defensa, Capital Humano y Economía trabajarán sin descanso hasta que cada uno de los afectados pueda regresar a su hogar», concluyó.

El comunicado tiñó este anunció con una acusación política contra el gobernador Axel Kicillof a quien acuso de «ha decidido «utilizar el sufrimiento de los bonaerenses con fines políticos, lo que evidencia que la casta está dispuesta a todo por obtener ventaja electoral».

Sin embargo, en el siguiente párrafo abona la competencia política al señalar que «el fondo especial dispuesto por el Presidente Milei cuadruplica los recursos destinados por el Gobernador, demostrando el compromiso del Ejecutivo Nacional con los bonaerenses afectados, mientras el Gobierno Provincial opta por la especulación política». Cabe recordar que este martes, Kicillof anunció diez medidas por más de 270 mil millones de pesos.