El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta ordenó el pasado lunes una serie de allanamientos en La Plata, en el marco de una causa que investiga la creación de barrios ilegales en el Partido. Uno de los lugares allanados fue la casa del ex intendente Julio Garro, quien ha quedado imputado por Asociación Ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La investigación también afecta a otros exfuncionarios de la gestión de Garro y empresarios platenses vinculados a las presuntas maniobras fraudulentas. Se estima que el beneficio económico alcanzaría unos 1.500 millones de dólares. El caso está a cargo de la jueza Marcela Garmendia, titular del Juzgado de Garantías N° 5, quien dio curso a la solicitud del fiscal de la UFI Nº16.
En total, se llevaron a cabo cinco allanamientos y 11 órdenes de presentación, que incluyen el domicilio particular de Garro, las sedes físicas y operativas de cuatro empresas privadas, así como domicilios de empleados municipales y privados. Durante los allanamientos, se incautaron documentación relevante, contratos, expedientes, computadoras y otros elementos de interés para la causa.
Según la resolución judicial, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2023, varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata, en complicidad con empresarios no completamente identificados, llevaron a cabo desarrollos urbanísticos en zonas no autorizadas, simulando legitimidad y sin la debida autorización provincial.
Se estima que las maniobras ocasionaron un perjuicio económico tanto para los adquirentes de inmuebles como para el Municipio, con un daño calculado en 700.000 millones de pesos. La investigación revela que el grupo de personas involucradas actuó de manera organizada para cometer estos delitos.
El fiscal Condomí Alcorta sostiene que tiene la «convicción» de la existencia de pruebas suficientes para sospechar la participación de los implicados en los delitos mencionados.
Entre los imputados además de Garro, se encuentran los exfuncionarios María José Botta, Marcelo Gustavo Genoro y Nahuel Julián Paradela, así como los empresarios Ariel Fabián Bordigoni, Cecilia Andrea Mayocchi, Leandro Arrechea y Facundo Dadin. Las empresas Les Baux Obras y Servicios S.A.S., Bordigoni y Cia. SRL., Solvial Construcciones y Agrycon S.A. también fueron allanadas.
Finalmente, se ordenó investigar posibles sobreprecios en una obra pública relacionada con el barrio La Cañada de City Bell, donde se construyó una rotonda que beneficia de forma exclusiva a dicho barrio. Se estima que el costo de la obra, originalmente valorado en 39.080.657 millones de pesos, habría ascendido a 77.459.684 millones de pesos, sin explicación aparente de este aumento.
Comunicado de la Municipalidad de La Plata
La Municipalidad emitió un comunicado afirmando que las urbanizaciones investigadas son ilegales, ya que están reguladas por ordenanzas no convalidadas por la Provincia, y por lo tanto, no aplicables. La Dirección Provincial del Ordenamiento Urbano Territorial había instado en 2022 a la Municipalidad a no aplicar dichas ordenanzas ni otorgar autorizaciones bajo las mismas.
Además, se aclaró que los barrios cerrados involucrados están regulados por el decreto provincial N° 27 de 1998, y que ninguna de estas urbanizaciones cuenta con la autorización provincial necesaria.
La Municipalidad reiteró que el principio de continuidad de la función pública no está en duda y que la inaplicabilidad de las ordenanzas fue advertida formalmente por el Área de Legal y Técnica en 2017.
