El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof publicó un comunicado en representación de la «Liga de Gobernadores», integrada por mandatarios provinciales del Frente de Todos, con respecto a la crisis desatada por una reforma constitucional en Jujuy.

«Los y las gobernadoras de la Liga expresamos nuestro más enérgico repudio a la represión desatada que está sufriendo el pueblo jujeño. La democracia y el federalismo se construyen sin violencia», señala el texto.

Y agrega: «Este año celebramos cuatro décadas de democracia ininterrumpida en Argentina. Es muy doloroso observar cómo nuevamente se presentan al ajuste salvaje y a las medidas regresivas como las únicas alternativas y a la represión como la contrapartida para garantizarlas».

«Abogamos por una salida pacífica que preserve la democracia y el bienestar de los jujeños y jujeñas», concluye.

Temas más controvertidos de la reforma constitucional de Jujuy

La reforma implica una importante reorganización de la arquitectura institucional del estado provincial que atenta fuertemente contra la separación de poderes y las lógicas de pesos y contrapesos, dejando en manos del ejecutivo el control decisorio. El proyecto plantea una mayor concentración de poder del ejecutivo sobre el judicial pudiendo elegir a los jueces directamente o indirectamente dado que la reforma de las normas electorales también le asegura una mayoría en la Cámara. Se crea un Consejo de la Magistratura con mayoría oficialista y jueces vitalicios. El ejecutivo se asegura también mayoría o liderazgo en los principales organismos de control, que quedarían bajo su órbita (Superintendencia de Servicios Públicos, Tribunal de Cuentas, Oficina Anticorrupción y Defensor del Pueblo, entre otros).

El régimen electoral se modifica de modo sustantivo, eliminando las elecciones intermedias. Jujuy pasaría a ser el único distrito que se aparta en este aspecto de la Constitución Nacional. Asimismo, el ganador de la elección gubernativa tendría automáticamente la mitad más uno de los legisladores, sin importar el porcentaje que saque en las elecciones legislativas, cuyo único fin sería permitir el reparto de las bancas en minoría entre los perdedores. Si bien las recientes reformas constitucionales de las provincias de Sante Fe y Entre Ríos prevén que quien gana los comicios legislativos ostente mayoría en la cámara, no le otorga esa mayoría a quien ganó la gobernación, pudiendo quedar el legislativo en manos de la oposición.

Se proponen recortes a la libertad de expresión que no respetan las garantías constitucionales. Gerardo Morales, ya desde la campaña electoral de 2015, declaró que su principal objetivo sería controlar el accionar de los movimientos sociales. Durante sus dos mandatos, mantuvo un enfrentamiento con la líder de la organización Túpac Amaru, Milagro Sala, alentando modificaciones en el poder judicial que le permitieron desencadenar un entramado de acusaciones consecutivas contra varios dirigentes sociales. El encarcelamiento de Sala, que se mantiene hasta hoy, fue cuestionado por la Comisión de Trabajo de la ONU. Elevando a la categoría de derecho “la paz social”, la reforma constitucional propone elevar a rango constitucional la prohibición de algunas expresiones de la protesta social (cortes de calles, de ruta y toda otra perturbación al derecho a la libre circulación) y el enjuiciamiento de quien por acción u omisión aliente a vulnerar o vulnere la convivencia.

La reforma propone una mirada extractivista de los recursos mineros. En el marco de la transición energética global, los territorios andinos han observado una exponencial expansión de este sector, traccionado por la explotación del litio y otros minerales raros. Jujuy, una provincia donde la minería es tradicionalmente importante, desde hace más de una década lidera las iniciativas de los estados provinciales para incentivar y participar de dichos emprendimientos (creando empresas estatales a tal efecto). Los recursos mineros suelen ser adyacentes a asentamientos de comunidades indígenas, únicos habitantes de las altas tierras del altiplano. Las tierras de dichas comunidades suelen no estar inscriptas en los registros de propiedad a pesar de que las habitan desde tiempos ancestrales. Por ello, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, con fuerza de ley en nuestro país, obliga a que las comunidades sean informadas y participen de la decisión sobre la explotación (“consentimiento previo, libre e informado”). En la reforma constitucional, el radicalismo propone incorporar “mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular”, estableciendo una “grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida”. También impulsa la sanción de una ley especial que determine “las condiciones para el desalojo y para que los titulares del derecho de propiedad afectado (la ejerzan) de manera inmediata, aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo”.