El gobernador bonaerense se refirió al desalojo efectuado esta mañana en Presidente Perón. Lo hizo desde Bahía Blanca, donde participó de los festejos de los 100 años de la cadena de supermercados de la Cooperativa Obrera.
“En Guernica hubo primero una denuncia y luego una orden judicial de desalojo que estaba vigente desde hace mucho tiempo, la policía simplemente actúa como auxiliar de la justicia para llevar adelante la orden”, aseguró.
En una conferencia de prensa, Kicillof repasó: “En el medio solicitamos prórrogas para hacer varias cosas con el consentimiento del juez y acompañamiento del fiscal que definen qué tipo de respuesta darle a la cuestión. Pedimos una prórroga para hacer un censo, identificamos 1904 personas de 1098 grupos familiares y propusimos instrumentos para que el desalojo nos diera tiempo para que se realizara pacíficamente”.
Y amplió: “Cada situación era distinta, en algunos casos involucraba violencia de género. Se armó un equipo interdisciplinario por varios ministerios y se construyó una solución a la que adhirieron 734 familias que abandonaron el predio y se inscribieron en un registro provincial para acceder a planes de vivienda o entrega de terrenos con servicios. También se les dio ayuda, cuando se consiguió la segunda prórroga que vencía mañana, el juez y el fiscal decidieron que se ejecutara el desalojo”.
El procedimiento “se hizo con todos los cuidados posibles, hubo otras experiencias donde las cosas se hicieron de manera distinta. Se llegó con los fiscales, se acordó con el juez y se llevó adelante con las pocas familias que quedaban”.
“Había militantes de fuerzas políticas sobre los que me reservo de cualquier comentario, simplemente digo que no estaban por un problema habitacional propio sino por una decisión política de estar ahí”, enfatizó el gobernador y añadió: “Si no se ejecutaba la decisión judicial la provincia incurría en desacato”.
Y reforzó: “El desalojo se hizo con todos los cuidados posibles, obviamente es una situación compleja, creo que algunos nos criticaron por no desalojar el primer día, otros por hacer acuerdos con las familias y otros hoy nos critican por lo contrario”.
Por otra parte, el mandatario aseguró: “Pusimos el máximo empeño para que las familias dejaran el predio, sus problemas son genuinos en medio de una situación muy complicada por la pandemia. Ejecutamos la orden judicial del modo más cuidado posible, teniendo en cuenta lo delicado de la situación”.
El subsidió de 300 mil pesos, «una mentira»
El gobernador se refirió al programa “Asistencia Crítica y Habitacional” que tiene por objeto otorgar subsidios de hasta la suma de 50 mil pesos mensuales por el termino de tres meses, prorrogables por tres meses más a “población vulnerable de la provincia de Buenos Aires, que necesite asistencia para acceder a una vida digna, tanto en materia alimentaria como habitacional”. A programa se le destinó un presupuesto de 54 millones de pesos.
En ese marco, cuestionó el hecho de que “hubo tapas de dos diarios que dijeron una mentira: que les íbamos a ofrecer 300 mil pesos a cada uno de los que estaban en la toma, con un programa que existe desde 2003 que se renovó en 2007 y en 2009 cuyo monto máximo a distribuir desde ese año era de 30 mil pesos y simplemente se actualizó, pero en el monto total que está previsto en el programa, si uno lo divide con la cuenta que hicieron los diarios alcanzaban de acá a fin de año sólo para 180 personas”.
Además, aclaró: “Eso no era para Guernica, nadie de allí tuvo una oferta de ese programa, es una mentira que atribuyo a la intención de generar sentimientos para enfadar, enardecer a alguna gente con mentira”.
Y reprochó: “Alguna vez me pusieron en las tapas de esos diarios, diciendo que cobraba una fortuna de YPF y era mentira también, querían generar una situación que luego uno se puede pasar el día, meses y años desmintiendo y aún hoy hay gente que afirma que yo cobraba eso”.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social explicaron que para la adjudicación de esta ayuda “se ponderan los informes socioambientales, los ingresos y las características de la vivienda (integrantes de la misma, servicios, baños y cuántas personas duermen por habitación, entre otras), verificados por los y las trabajadoras sociales”, y que “el tope máximo es de hasta 50 mil pesos mensuales para casos sumamente críticos”.