Katopodis recurrió a la Suprema Corte contra la municipalización del tarifazo en las villas

diciembre 3, 2019 | Tercera Sección

El Municipio de San Martín presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia una acción para que se declare la inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad inmediata del Decreto Provincial N° 1289/2019 y del art. 104 de la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial N° 15.078, por “desfinanciar y avasallar la autonomía municipal”. 

El Municipio obtuvo una medida cautelar que impide a EDENOR avanzar con el cobro de costos adicionales, que no fueron acordados con los Municipios y que deberían estar destinados a obras y servicios para los ciudadanos.

Durante 2019, la Provincia de Buenos Aires suscribió distintos acuerdos con las distribuidoras eléctricas, en los cuales no participaron los municipios a pesar de verse directamente afectados porque los obligan a pagar altas sumas.

Según el controvertido artículo 104 de la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial, el costo de la tarifa de Energía Eléctrica correspondiente a los asentamientos será asumido por la Provincia hasta la suma que por dicho concepto pagó en el ejercicio 2018. Los costos adicionales serán afrontados por los respectivos Municipios.

Como consecuencia, EDENOR le reclama al Municipio de San Martín $152 millones de pesos en concepto de costo por consumo de energía eléctrica de los asentamientos ubicados en el partido.

De esta manera, se perjudican los derechos de los ciudadanos, privándolos de servicios, obras públicas y beneficios contemplados en el presupuesto aprobado por su Cuerpo Deliberativo.

Asimismo, el cálculo utilizado por la distribuidora está basado en la categoría R2, de consumos medios y altos, cuando en realidad el servicio que se brinda en los asentamientos es de mucha menor calidad.

De esta manera, el Municipio obtuvo una medida cautelar luego de presentar ante la Justicia el reclamo que planteaba que “ninguna autoridad puede imponer a los Municipios gastos que ellos mismos no hubiesen autorizado, ni privarlos del derecho de invertir sus recursos en la forma que dispongan sus poderes legalmente constituidos”.

 

 

 

 

 

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