Octava Sección
La justicia ordenó a la Municipalidad de La Plata que deje de tapar el adoquinado histórico con asfalto
La jueza María Ventura Martínez hizo lugar a la medida cautelar solicitada por un grupo de vecinos con el asesoramiento de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la UNLP. El fallo ordena a la Municipalidad de La Plata a detener las obras de asfaltado sobre el adoquinado histórico de la ciudad, aunque muchas de ellas ya fueron finalizadas a pesar de que las calles de empedrado contaban con una protección legal por ordenanza que las declara Patrimonio Arquitectónico y Cultural de la ciudad.
En diálogo con Todo Provincial, Betina Galarza, la integrante de «Vecinos por los Espacios Públicos» que presentó la medida cautelar comentó: “La jueza ordenó detener las obras de asfaltado del adoquinado histórico. La diagonal 78 lamentablemente ya fue asfaltada, llegamos tarde. Esperemos que salven otras calles que están en la mira del gobierno municipal”.
El adoquinado de La Plata estaba protegido por la ordenanza 9008, una normativa modelo sancionada en 1998. Sin embargo, la misma fue modificada en 2018 por propuesta del gobierno municipalidad, habilitando que muchas calles sean asfaltadas. Las primeras obras se hicieron ese mismo año pero ahora el gobierno de Julio Garro avanzó con una segunda etapa, asfaltando algunas calles que todavía estaban protegidas por la ordenanza proteccionista como la diagonal 78.
El fallo de Ventura Martínez ordena a la Municipalidad de La Plata a que “se abstenga de llevar a cabo obras de asfalto en calles empedradas que no estén exceptuadas en la ord. 11738 y, en su caso, las suspenda inmediatamente (art. 230 CPCC); ello, hasta tanto se vuelva a analizar el asunto una vez que se evacue el informe que seguidamente se solicita”.
Por otra parte requiere al municipio que informe: el plan de obras de asfalto dentro del casco urbano, especificando cuales de esas arterias poseen empedrado y cuales no; los antecedentes del dictado de la ordenanza 11738, especialmente, si se realizaron o no estudios previos de impacto ambiental; qué tipo de participación ciudadana fue implementado como modo de consulta; y los antecedentes de la obras actualmente en ejecución, especialmente, los de la obra de diagonal 78.
En los argumentos, el fallo de la jueza Ventura Martínez advierte que “se verifica con claridad que la diagonal 78 no fue incorporada en la ordenanza 11738, por lo que su asfalto en principio habría sido realizado sin soporte jurídico”.
“El asfalto no es crecimiento ni el desarrollo de una ciudad sustentable. Los mejores países del mundo preservan su patrimonio. Además, los adoquines tienen muchos beneficios como la absorción de agua y la reducciín de la velocidad vehicular”, expresó Betina Galarza.
“No se entiende por qué en vez de asfaltar en barrios de la periferia que tienen calles de tierra intransitables se ponen tapar con asfalto calles de adoquines, algunas de las cuales estaban en buenas condiciones”, apuntó la vecina y agregó: “Se podría enseñar el oficio para que el adoquinado sea mantenido como ocurre en Rafaela, Santa Fe, donde rehicieron todas las calles de empedrado”.
«Estamos averiguando si el adoquinado que fue tapado con este asfalto rápido puede ser recuperado. En La Plata hay mucho conocimiento académico y quizás se pueda armar un proyecto», señaló.
Según pudo averiguar este portal, en estos momentos el municipio estaba colocando asfalto sobre los adoquines de calle 8 y 65. En base al fallo judicial, el gobierno comunal debería detener las obras de inmediato.
“Con la cantidad de accidentes viales que hay en La Plata no tiene sentido obras para que los vehículos anden más rápido. No puede ser que por marketing político, con las elecciones muy cerca, se pongan a hacer este tipo de obras que son de por vida”, cuestionó la impulsora de la medida cautelar.
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Alak defendió la Ley de Tierras y expresó «la derogación es un atentado contra la soberanía nacional»
El intendente de La Plata y presidente del PJ local, Julio Alak, encabezó la jornada “Defender la Ley de Tierras como ejercicio de soberanía política”, una charla abierta organizada por el Instituto de Capacitación Política (ICP) ante el inminente debate parlamentario sobre la modificación de la Ley Nacional 26.737 de Protección de Tierras Rurales.
La exposición central estuvo a cargo de la abogada Florencia Gómez, coautora de la legislación y primera directora del Registro Nacional de Tierras Rurales. La transmisión se realizó en vivo hacia todo el país mediante el canal oficial de YouTube del ICP.
Durante su intervención, Alak recordó el trabajo conjunto realizado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se desempeñaba como Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: “Con Florencia tuvimos la satisfacción de trabajar juntos en la creación del Registro Nacional de Tierras de la Argentina”.
En ese sentido, el jefe comunal platense y secretario de Formación Política del PJ bonaerense fue enfático respecto a los intentos de modificación o anulación de la norma: “La derogación de la Ley 26.737 es un atentado contra la soberanía nacional. Esta ley es un patrimonio del pueblo argentino para defender su soberanía, que protege la posibilidad de que los argentinos sigan teniendo la mayor cantidad de tierras en el país”.
Por su parte, Florencia Gómez detalló las implicancias técnicas y territoriales que conllevaría eliminar las restricciones vigentes. “Ahora el Gobierno lo que está intentando es derogar la Ley de Tierras. La norma es muy clara y establece cuatro limitaciones. Lo que se hace al derogarla es liberar la extranjerización de la tierra y dejar el territorio sin ningún límite”, advirtió.
Asimismo, Gómez graficó el impacto potencial en el territorio bonaerense: “En la provincia de Buenos Aires hay más de 30 millones de hectáreas y más de 7 millones quedarían en manos de extranjeros, sin acceso a lagos y sin acceso a ríos”.
Una norma estratégica con historia
El debate cobra especial relevancia de cara a la sesión en el Senado de la Nación impulsada para tratar la reforma de la ley que frena el acaparamiento de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
La trayectoria de Alak en la materia se remonta a 2013 cuando, al frente de la cartera de Justicia nacional, presentó junto a Gómez el primer Relevamiento Nacional de Tierras Rurales. Aquel diagnóstico permitió obtener, por primera vez en la historia argentina, cartografía y datos oficiales concretos sobre la propiedad del suelo rural en el país para fortalecer las herramientas de fiscalización estatal.
El encuentro formó parte del ciclo de debates del Instituto de Capacitación Política (ICP), un espacio de formación con más de 25 años de trayectoria dedicado al análisis de temas estratégicos para la agenda pública nacional.
