El juez comercial Leandro Julio Enríquez decretó la liquidación total de Lácteos Conosur S.A., la empresa que operaba la tradicional fábrica La Suipachense de la localidad bonaerense de Suipacha, tras meses de parálisis productiva y deuda millonaria. La medida impacta directamente en 140 trabajadores, en una comunidad fuertemente dependiente de la industria láctea. El principal directivo de la firma, de origen venezolano, quedó inhibido de sus bienes y con prohibición de salir del país.

La justicia comercial de Mercedes dictó la quiebra de Lácteos Conosur S.A., operadora de la histórica planta La Suipachense, gestionada desde 2012 por el grupo venezolano Maralac. La resolución, firmada el 8 de noviembre, se concedió de inmediato tras la presentación del abogado Julián Coronel, apoderado del gremio Atilra y de la firma acreedora Watt’s S.A.

El fallo ordena la liquidación completa de la compañía (CUIT 30-68714743-6) y la clausura inmediata de la planta de Suipacha, al constatar que la empresa «carece de toda generación de ingresos».

La Suipachense, un conflicto que escaló sin freno

La crisis de La Suipachense se profundizó en septiembre, cuando la dirección despidió a nueve empleados administrativos y amenazó con echar a otros 60. La producción se detuvo, dejando a los 140 empleados sin tareas. El gremio Atilra denunció un proceso de vaciamiento empresarial y mantuvo un campamento frente a la planta junto a vecinos de Suipacha y Chivilcoy.

A fines de octubre, el juez de Mercedes intimó a la empresa a presentar un plan de acción. Aunque el documento fue entregado el 4 de noviembre, ni la Sindicatura ni los acreedores lo consideraron viable. Coronel lo calificó como una “burla hacia todos los acreedores”.

El dictamen detalla un pasivo millonario: La Suipachense acumuló una deuda postconcursal de 8.458 millones de pesos por cheques rechazados, con más de 1.000 instrumentos impagos registrados en el Banco Central, lo que constituye una cifra récord para el sector. A eso se suman 1.000 millones de pesos en aportes impagos al gremio y su obra social.

Además, la firma debía 293.857 dólares correspondientes a cuotas del acuerdo homologado. Ante la intimación judicial, no respondió.

El empresario venezolano Jorge Luis Borges León, señalado como dueño de Conosur S.A., perdió el control de la compañía y fue inhabilitado para disponer de bienes o capitales. La justicia ordenó además que no pueda salir del país sin autorización y que entregue las llaves y accesos digitales del establecimiento.

El colapso del grupo Maralac

El caso de La Suipachense se enmarca en la crisis del grupo Maralac, que días antes sufrió la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), productora de postres y yogures SanCor, con más de 400 trabajadores afectados. Con la salida del grupo venezolano del negocio lácteo argentino, más de 600 trabajadores quedaron sin empleo.

La justicia fijó el 10 de febrero de 2026 como fecha límite para la verificación de créditos, y el 14 de mayo se presentará un informe general sobre el estado de la compañía.

A través de una carta abierta, la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) reiteró su compromiso con la defensa del salario, las condiciones laborales y la participación democrática de las y los docentes bonaerenses.

Bajo el título “Unidad, participación y lucha: así se construye el futuro de la docencia bonaerense”, el gremio que conduce Alejandro Salcedo instó nuevamente al gobierno provincial a convocar a negociaciones paritarias “en un contexto económico complejo, atravesado por el ajuste del gobierno nacional, la pérdida del poder adquisitivo y el incremento constante de tarifas y precios”.

“El último acuerdo salarial —un incremento del 5% dividido entre agosto y octubre— resultó insuficiente para acompañar el ritmo de la inflación y cubrir las necesidades básicas del sector”, señalaron desde el sindicato.

Además, UDOCBA advirtió que “a la situación que golpea directamente el bolsillo de las y los trabajadores de la educación se suman problemas estructurales que exigen respuestas urgentes”.

En esa línea, el gremio remarcó: “Impulsamos la pronta concreción del Convenio Colectivo de Trabajo y continuamos reclamando la mejora de las condiciones laborales y la regulación efectiva de la desconexión digital, para frenar la sobrecarga de tareas que afecta la salud y el bienestar docente”.

También exigieron “protocolos reales de prevención y protección frente a la violencia en las escuelas”, al sostener que “cuidar a quienes enseñan es cuidar la educación pública”. Asimismo, denunciaron el deterioro edilicio de numerosos establecimientos —con fugas de gas, fallas de calefacción, problemas eléctricos y falta de seguridad— y demandaron inversiones inmediatas para garantizar “escuelas seguras y dignas para enseñar y aprender”.

Carta abierta de UDOCBA a los docentes Bonaerenses

La empresa petroquímica Sealed Air Quilmes, ubicada en la zona sur del conurbano bonaerense, despidió esta semana a 89 trabajadores, alegando una reestructuración empresarial. Sin embargo, tras un paro total de actividades, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria, que ordena la reincorporación provisoria de los despedidos mientras avanzan las negociaciones.

La decisión de la empresa impactó en una parte significativa de los 200 operarios y 100 empleados administrativos que integran la planta. Los telegramas de despido fueron enviados el lunes 3 de noviembre, invocando el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula las desvinculaciones con indemnización.

Ante esta situación, los trabajadores iniciaron un paro total de producción y realizaron asambleas dentro del establecimiento. Al tercer día del conflicto, fueron informados de una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que derivó en la conciliación.

Conciliación obligatoria y dudas sobre la reestructuración

El Sindicato del Personal Petroquímico anunció la medida de conciliación, que establece un plazo mínimo de 15 días hábiles de negociación. Sin embargo, surgieron cuestionamientos entre los trabajadores porque el acta no fue presentada por escrito, ya que “el delegado regional estaba en el cónclave de la CGT por la nueva conducción”. Por ahora, la empresa debe demostrar su cumplimiento efectivo.

Desde la compañía, dedicada a la fabricación de envases Cryovac y embalajes protectores, se informó que la reestructuración implicaría una reducción del 40% del personal. Pero los trabajadores sostienen que las jornadas de 12 horas y los altos niveles de producción se mantienen sin cambios desde hace años, lo que pone en duda la justificación productiva del ajuste.

Un representante gremial expresó que “para los trabajadores, el escenario exige otro paso: durante los 15 días de conciliación, se torna prioridad un plan de lucha estructurado, que contemple el reporte de negociaciones en actas, la participación activa de la asamblea y vigilancia ante los rumores de pasillo”.

En paralelo, fuentes del sector remarcaron que a nivel global la casa matriz de Sealed Air, con sede en Charlotte, Carolina del Norte (EE. UU.), registró ingresos por 1.350 millones de dólares en el tercer trimestre y mantiene liderazgo en su rubro, aunque proyecta un menor crecimiento para 2026.

El conflicto en Sealed Air Quilmes se suma a una serie de despidos en distintas ramas de la industria manufacturera bonaerense, donde las empresas argumentan “ajustes de estructura” en un contexto de caída del consumo y aumento de costos, mientras los sindicatos denuncian una ola de despidos preventivos.