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Histórico: empresas de distintos rubros deberán hacerse cargo de toneladas de «Residuos Especiales»

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El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) envió a la Legislatura la iniciativa que representa un hito en las políticas públicas de gestión de los residuos en la provincia de Buenos Aires y en el nivel nacional. Por primera vez se impulsan mejoras ambientales a partir de regular los ciclos de vida completos de los productos.

El proyecto de ley establece la “responsabilidad extendida del productor” en la gestión, tratamiento y disposición final de más de 7.000 toneladas diarias de residuos en la provincia de Buenos Aires.

La ley, de ser aprobada, establecerá las responsabilidades de productores, envasadores, fabricantes, ensambladores, importadores y todo aquel que coloque por primera vez un producto en el mercado, al regular la gestión de los “Residuos Especiales de Generación Universal” (REGU), envases, embalajes y otros residuos reciclables, cuya generación provenga del consumo masivo.

Desde el 2016, rige en territorio bonaerense una ley similar rige para los productores e importadores de agroquímicos que están obligadas de gestionar la recolección y el posterior tratamiento de los envases comercializados.

Sin embargo, durante 2019, de 13 millones de envases de agroquímicos comercializados en la Provincia sólo se recuperó alrededor de un millón. Ante esta situación el OPDS sancionó a 26 empresas multinacionales agroquímicas por un monto de 783 millones de pesos, en lo que, según el organismo, fue la «pena ambiental más grande de la historia argentina».

En los REGU están incluidos aceites vegetales usados, aceites minerales usados, residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE), pilas, baterías portátiles, lámparas de bajo consumo que contengan mercurio, cartuchos y toners, envases que contuvieron sustancias peligrosas, envases vacíos de fitosanitarios, neumáticos fuera de uso (NFU), termómetros, eficnomanómetros, acumuladores de ácido plomo, pinturas y solventes, medicamentos, membranas asfálticas, vehículos fuera de uso (VFU) y productos durables de plásticos.



En la provincia se generan más de 7.000 toneladas diarias de residuos con estas características. La entrada en vigencia de esta ley significará un gran impulso a la economía circular, a la responsabilidad ambiental y también a la inclusión social.

El proyecto define a la actividad desarrollada por las cooperativas y asociaciones civiles de recuperadores y recuperadoras de residuos urbanos como prestadoras de un servicio esencial para la comunidad, la preservación del ambiente y la salud pública.

Además de fijar las obligaciones de los productores en la gestión, tratamiento y disposición final de los residuos, el proyecto de ley prescribe el rotulado y/o etiquetado de los envases, embalajes y productos con indicaciones de los materiales con los que han sido confeccionados y su potencial de reúso y reciclado. A su vez promueve el ecodiseño.

Esta nueva legislación tendrá un impacto positivo en los 135 municipios de la provincia al disminuir el ingreso de residuos a los rellenos sanitarios. También beneficiará al sector industrial al reutilizarlos en nuevos insumos y materias primas y en el reemplazo de insumos de la importación.

También favorecerá a las y los habitantes de la provincia, con la disminución del impacto desfavorable al ambiente y al evitar la propagación de basurales a cielo abierto.

«El envío de este proyecto al Poder Legislativo marca un punto de inflexión en las políticas relacionadas con el manejo integral de los REGU, envases y embalajes», destacaron desde el OPDS.

Hasta ahora, más de diez iniciativas intentaron regular esta actividad y no progresó su tratamiento. «La decisión, que marca una voluntad firme del Ejecutivo provincial en avanzar con esta normativa, prevé también instancias de discusión con los actores involucrados, como cooperativas de recuperadores urbanos, universidades públicas y sectores industriales», señalaron desde el organismo.

 

 

 

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Histórico intendente cuestiona a la conducción política de la UCR: “No escuchan a los que tenemos gestión”

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Miguel Gargaglione

El intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione, apuntó contra las autoridades partidarias de la Unión Cívica Radical a nivel provincial y nacional. “Hoy estamos cuartos cómodos”, lamentó.

En diálogo con Todo Provincial, el histórico intendente Miguel Gargaglione se refirió a las ofensas proferidas por el presidente Javier Milei y analizó: «Hay expresiones que como radical me molestan pero en cierta medida hay algunas se condicen con el fracaso del radicalismo a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires durante los últimos años».

Y agregó: «Hay que hacer una auto crítica y no la hemos hecho. Como radical me duelen ciertas expresiones pero en el fondo pienso que son más responsables las autoridades nacionales y provinciales del partido».

Gargaglione diferenció de este «fracaso» de la UCR a los intendentes que «son un ejemplo» y tienen «gran aprobación de la población».

Sobre las autoridades partidarias, el intendente de San Cayetano reprochó: «No escuchan a los que tenemos gestión y estamos todos los días con los vecinos. La mayoría de los intendentes radicales se van a su casa cuando terminan la gestión. Esa experiencia no es aprovechada por el partido».

Gargaglione aseguró que la conducción política del partido se convirtió «de algún modo en una especie de casta» que hizo que la UCR se fuera «deteriorando» de tal manera que ahora «resulta obligatorio hacer alianzas para conseguir un nivel de votos aceptable».

En ese sentido, el dirigente señaló: «Hoy a nivel nacional, el radicalismo está cuarto cómodo. El problema más grande somos nosotros mismos en las conducciones políticas».

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500 intendentes de todo el país se reunieron en la FAM para pedirle una reunión urgente a Milei

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En la Federación Argentina de Municipios, presidida por Fernando Espinoza se reunieron más de 500 intendentes de todo el país con el objetivo de exponer la situación social, económica y política que se vive en cada territorio y para solicitar una reunión de carácter urgente con el presidente de la Nación, Javier Milei.

Tras la reunión, Todoprovincial dialogó con Daniel Stadnik, jefe comunal de Carlos Casares que expresó «Nos hemos reunido nuevamente intendentes e intendentas de todo el país, que estamos nucleados en la FAM (Federación Argentina de Municipios), para actualizar los datos y las conclusiones de la reunión anterior”.

«Lamentablemente vemos que en estos pocos días todo empeoró y mucho. Por eso, decidimos pedir una reunión con carácter de “muy urgente” al presidente Milei. Esto sí es de necesidad y urgencia», dijo el intendente de la ciudad Bonaerense de Carlos Casares.

Además advirtió que «De no ser recibidos, se iniciarán acciones judiciales en cada provincia por la quita de subsidios al transporte público y la eliminación del incentivo docente, lo que amenaza el inicio del ciclo lectivo».

«Los municipios y provincias están supliendo la falta de ayuda social directa del Estado nacional, ya que la demanda en comedores comunitarios ha aumentado un 30% sin el envío de alimentos», sostuvo el jefe comunal.

«Somos los municipios y las provincias quienes estamos abasteciendo esta REAL necesidad y urgencia».

Los intendentes e intendentas consideran urgente brindar ayuda social directa a las familias que sufren las carencias básicas, y piden una coordinación entre el Estado nacional, las provincias y los municipios para abordar esta situación.

Se critica al presidente Milei por ejercer presión política sobre gobernadores e intendentes, afectando directamente la vida de las y los ciudadanos.

Más de 500 intendentes participaron en la reunión, tanto presencial como remotamente, y hacen un llamado a reflexión al gobierno nacional para concertar una reunión urgente.

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Nicolás Kreplak: “Somos el último dique para garantizar el derecho a la salud”

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Nicolás Kreplak

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, habló con Todo Provincial sobre la crisis que atraviesa el sistema de salud público y la seguridad social a partir del incremento en los costos, agravado por la devaluación, la caída de los salarios y el desfinanciamiento nacional.

“Hay un problema macroeconómico. El sistema de salud es complejo e inflacionario estructuralmente porque constantemente aumenta la tecnología y es cada vez más costosa”, explicó el funcionario.

Y advirtió: “Ahora, hay un gran descalabro económico provocado, violento y sin planificación que se suma a un abandono en las funciones que hasta hace poco cumplía el Estado nacional en medicamentos, financiamiento y planificación”.

“Además hay una caída del salario real muy fuerte que disminuye el aporte que se realiza para obras sociales por lo que todas tienen menos recaudación”, aseguró Kreplak.

Por otra parte, el ministro mencionó el grave impacto que tuvo la devaluación del 118% sobre el sistema de salud que tiene una gran cantidad de componentes dolarizados.

“Esto afecta a municipios, provincias, obras sociales y sector privado”, advirtió Nicolás Kreplak y agregó: “Si uno le pregunta al dueño de una clínica cómo le está yendo, te dice que mal, que se está por fundir”.

En ese contexto, el ministro de Salud bonaerense consideró que “hay que trabajar mucho más articulados e integrados que nunca y ser mucho más eficientes con los recursos”.

Somos el último dique para garantizar el derecho a la salud de la gente”, advirtió Kreplak en referencia a la salud pública “incluída la seguridad social” que “ahora el gobierno pretende descremar sacándole la parte rentable para llevarla al negocio de la salud”.

“La situación venía compleja pero funcionado. La provincia de Buenos Aires tiene un enorme sistema de salud con atención en todos los pueblos, algo que no sucede en todos los países. Estamos sufriendo un ataque gigante”, apuntó Kreplak.

De todos modos, el funcionario consideró que en una economía recesiva “no habrá ganadores”, aunque las prepagas buscarán mantener sus ganancias quedándose con “una parte más rentable pero más pequeña del sistema”.

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