Provincial
Federico Aguilera: “En la Provincia, la minería y el turismo pueden ser complementarios”
Luego de un año récord en producción de minerales, Todo Provincial entrevistó al subsecretario de Minería de la provincia de Buenos Aires, Federico Aguilera. El funcionario explicó las características distintivas de la actividad en el territorio bonaerense y su diferencia con la «megaminería». También habló sobre las cuestiones ambientales, la relación con el turismo y la necesidad de avanzar con nuevas leyes que regulen al sector.
Por: Martín Mazzoleni
- ¿Cuál son las características generales de la minería en provincia de Buenos Aires?
Para explicar la minería en la provincia de Buenos Aires lo primero que debemos tener en claro es que estamos hablando de una minería no metalífera, lo que la diferencia de lo que comúnmente se conoce como megaminería que se concentra en la zona cordillerana.
En nuestra provincia la principal producción está relacionada con minerales destinados a la construcción y rocas de aplicación. Podemos dividirla en distintas zonas. La principal productora es la región centro donde se encuentran Tandil, Olavarría, Benito Juárez y todo lo que sería el cordón del sistema de Tandilia.
«En la provincia de Buenos Aires existe una minería no metalífera»
- ¿Qué minerales se extraen en la provincia de Buenos Aires?
En la zona centro se concentra la producción de piedra granítica, dolomita, cuarcitas, arcillas y principalmente piedra caliza que hace que las dos cementeras más grandes de Sudamérica se concentren en Olavarría.
Hay otras regiones con otro tipo de producción, sobre todo la arenera que se concentra en la zona del Delta del Paraná y conchillas en la zona suroeste, sobre todo en Punta Indio.
Se piensa que la minería solo extrae piedra para la construcción, pero también está ligada a otras actividades productivas como la elaboración de fertilizantes, nutrientes para alimentos balanceados, la industria del vidrio y el papel, entre otras variantes.
- ¿Cómo se da la tensión entre ambientalismo y minería en la provincia de Buenos Aires?
Lo primero que hay que aclarar es que todas las actividades productivas generan impacto ambiental. La agricultura, la ganadería y cualquier actividad industrial, entre otras, tienen impacto y la minería no es la excepción.
Quizás el común de la gente piensa que la minería de la provincia de Buenos Aires es igual a la que se realiza en la zona cordillerana que utiliza químicos y grandes cantidades de agua, pero en nuestro caso no sucede. La mayoría son procesos físicos, el impacto ambiental que genera está relacionado con lo visual al modificar el paisaje y generar un hueco. También hay un impacto sonoro por las explosiones y también el polvo que genera.
A pesar de que no hay un impacto a gran escala, desde la Subsecretaría de Minería en conjunto con el Ministerio de Ambiente tenemos el deber de regular la actividad y controlar el impacto que genera.
«El impacto ambiental que genera está relacionado con lo visual al modificar el paisaje y generar un hueco»
- ¿Cómo se hace esa tarea?
La legislación establece que cada empresa que se quiere inscribir como productor minero deba realizar un informe de impacto ambiental que detalle de qué manera se hará la explotación, cuánto durará, qué metodología usará para extraer los minerales y que hará una vez que termine de explotarlo.
Quienes no presentan este informe no pueden operar y por eso nuestra tarea también es la de fiscalización para corroborar que cumplan con esa declaración y la legislación vigente.
- ¿Qué sucede con las canteras luego que terminan de explotarlas, se cumplen los planes de remediación?
Históricamente la provincia de Buenos Aires arrastra un problema que es la inexistencia de una legislación que regule el cierre de canteras y de minas, y qué sucede con los pasivos ambientales. Por eso, en Olavarría hay canteras que han cerrado hace décadas y no han reconvertido ese pasivo. No hay una legislación que los obligue tampoco.
Por eso el año pasado participamos en el Consejo Federal de Minería donde se trabajó una Ley nacional de cierre de minas y canteras. A partir de esta pensamos presentar un proyecto de ley de regulación de la actividad minera en la provincia de Buenos Aires, otra deuda pendiente.
No existe una legislación unificada de la actividad minera, en algunos aspectos se basa en el Código de Minería nacional que tiene décadas de antigüedad y en algunas resoluciones y leyes particulares en las que nos basamos para hacer algunas exigencias.
“La provincia de Buenos Aires arrastra un problema histórico que es la inexistencia de una ley de cierre de canteras y minas”
- ¿Esas canteras abandonadas podrían ser aprovechadas de algún modo?
Estoy convencido que algunas canteras pueden ser reutilizadas pero los municipios también deben comprometerse y pensar ese pasivo ambiental en términos productivos o su reconversión para fines recreativos, ambientales, deportivos, entre otros.
Olavarría es el único municipio que cuenta con el impuesto a la piedra que recauda miles de millones de pesos por año, en 2023 serán más de 3.540 millones de pesos. Hay que discutir cuánto de ese recurso se debería utilizar para reconvertir ese pasivo ambiental porque el tributo fue creado con ese espíritu, pero en 100 años no ha existido ninguna experiencia en ese sentido.
Se puede reutilizar el pasivo ambiental y la historia minera para generar nuevos puntos de atractivo. En Cemento Avellaneda además del parador si hizo una política de remediación que es la de tapar la primera cantera que explotó. Está avanzando un proceso muy grande de rellenado, hay un mirador y se está desarrollando todo un recorrido histórico, arqueológico y paleontológico desde la entrada de la cantera hasta el viejo horno de Fasacal.
- ¿Se sabe cuánta piedra queda para explotar particularmente en Olavarría?
No se conoce la totalidad de los recursos, además las actividades productivas son dinámicas y un recurso que hoy no sirve puede ser útil en el futuro. Sin embargo, según estimaciones de las empresas en términos de caliza existe recurso para seguir explotándola durante 100 o 150 años más. Con respecto a la piedra se estima también un siglo más para seguir trabajando en la explotación de granito. Sin embargo, otro recurso como la dolomita ya es escaso.
- ¿Hay una contradicción entre la actividad minera y otras como el turismo?
Desde la Subsecretaría de Minería estamos convencidos que la actividad minera puede convivir con otras actividades productivas. Como olavarriense creo que la ciudad debe pensar otros perfiles productivos como puede ser el turismo.
La minería y el turismo no son actividades contrarias, sino complementarias. Pero hace falta decisión política e inversión. No depende de la actividad minera que haya turismo sino cómo el municipio utiliza sus recursos. Nuestra ciudad está atravesada por un arroyo, pero no cuenta con un balneario y eso no es culpa de la minería. Otra ciudad como Tapalqué tiene el mismo recurso y lo aprovecha.
Olavarría cuenta con muchos recursos que podrían ser utilizados para generar puntos de atractivo turístico como las sierras, las colonias de inmigrantes y las localidades.
Estamos tan convencidos que se puede articular minería con turismo que fuimos quienes hicimos las gestiones ante Fabricaciones Militares y el Ministerio de Defensa para declarar el Cerro Largo como área de reserva natural. Es un claro ejemplo de cómo podemos convivir.
«Olavarría cuenta con muchos recursos que podrían ser utilizados para generar puntos de atractivo turístico»
- ¿Cuál es la situación en Sierras Bayas respecto al Cerro Largo?
El Cerro Largo es una de las últimas reservas de dolomita en Sierras Bayas y hay empresarios que tienen intenciones explotar ese recurso. Sin embargo, los vecinos de la localidad buscan conservarlo porque es un cerro que está virgen, el último bastión natural en un pueblo que es minero desde su nacimiento. Por eso se armó un grupo de vecinos autoconvocados por la no explotación del Cerro Largo, en 2013 hubo un conflicto de intereses ante la inminente explotación de la ladera Santa Bárbara de este cerro y los vecinos se opusieron.
- ¿Cuál es la postura de la Subsecretaría de Minería?
Los empresarios mantienen su interés para explotar este recurso estratégico pero los vecinos no quieren que haya actividad en la zona. Nosotros, si bien somos la Subsecretaría de Minería, tenemos la visión de que debemos convivir con todos los interés, la cuestión ambiental y repensar la actividad a futuro, sobre todo desde el perfil turístico, y por eso estamos de acuerdo que en debe haber una zona de reserva en ese lugar porque es muy importante para la gente.
Por eso estamos promoviendo una ley para que la zona centro del Cerro Largo sea declarado reserva natural, algo que ya se logró por resolución del Ministerio de Defensa.
La actividad minera en Sierras Bayas es fundamental, pero debe convivir con otro tipo de actividades y en el futuro la minería se terminará en el pueblo. Los proyectos turísticos serios no se hacen de un día para el otro, ni poniendo un cartel o plantando un árbol, sino que llevan décadas. Tandil es un ejemplo claro.
- ¿Cuál era el lugar que tenía la Minería en el gobierno bonaerense antes de tu gestión?
Antes era una dirección dentro del Ministerio de Producción que no tenía relevancia y que cumplía la función de fiscalizar la actividad, otorgar el permiso de productor minero. Era más bien una oficina administrativa.
Cuando nos tocó asumir por nuestro pedido y decisión tanto del gobernador como del ministro de Producción se elevó al rango a subsecretaría, aumentando sus facultades, posibilidades y también la visión sobre la importancia de la minería. Dentro de la Subsecretaría quedaron conformadas tres direcciones: la de Gestión Minera que se encarga de las tareas administrativas, creamos la dirección de Política Minera que aborda el vínculo con la comunidad lo que permitió trabajar en un montón de aristas, relacionadas sobre todo con la cuestión educativa, la laboral y lo científico tecnológico, y la dirección provincial de Fiscalización que tiene a su cargo los controles.
Gracias a ese trabajo, este año hemos logrado uno de los mayores hitos que fue la apertura de la Tecnicatura Superior en Minería pública y gratuita. Olavarría, principal ciudad minera de la provincia y uno de los más importantes del país, no contaba con una tecnicatura pública y estatal. Era algo inentendible.
«Este año hemos logrado uno de los mayores hitos que fue la apertura de la Tecnicatura Superior en Minería pública y gratuita»
- ¿Por qué pusieron el foco en la formación?
Cuando asumimos, en las reuniones con el sector empresario nos comentaron que una de sus mayores demandas pasaba por la necesidad de contar con mano de obra calificada. El trabajo minero es altamente calificado y por eso trabajamos en la Tecnicatura en Minería, pero también con otras propuestas surgidas de distintos relevamientos. Allí notamos que había demanda de electricistas industriales y abrimos un curso de formación que tuvo un récord de inscripción, otro curso de automatización y seguramente este año abriremos más. También comenzamos a trabajar con el programa universidades barriales de la UNICEN.
La Provincia multó a “Rappi” por 59 millones de pesos y le ordenó que reintegre a las y los consumidores bonaerenses lo cobrado por “tarifa de servicio”. La empresa había sido imputada en marzo y tuvo la posibilidad de evitar la sanción si dejaba de cobrar ese extra. Al no haberlo retirado, llega ahora la sanción dispuesta por la Provincia.
El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las y los consumidores, dispuso una multa de 59 millones de pesos a “Rappi” y le ordenó la devolución del dinero cobrado en concepto de “tarifa de servicio” a usuarios y usuarias bonaerenses.
La Provincia había imputado en el mes de marzo a la empresa por el cobro de cargos adicionales compulsivos en violación a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, dándole la posibilidad de evitar la multa si retiraba ese extra, aunque la firma decidió no hacerlo.
La empresa, además del gasto por envío, cobra -y continúa cobrando- un cargo extra denominado “tarifa de servicio” que no se informa con antelación y del que la persona consumidora se entera únicamente en el momento del pago. Se trata de un adicional que fue constituido claramente para aumentar las ganancias a costas de trasladar gastos y costos operativos de la propia plataforma a las y los consumidores y usuarios.
En el procedimiento llevado a cabo por la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, dependiente de la cartera productiva provincial, se garantizó a Rappi su derecho de defensa. Sin embargo, la empresa se negó a modificar su conducta por lo que, además de la multa, se le ordenó cesar el cobro y suprimir el concepto “tarifa de servicio” .
Por último, en una resolución novedosa e innovadora, la Provincia ordenó a Rappi que arbitre los mecanismos adecuados para reintegrar a las y los consumidores bonaerenses los montos abonados por este concepto, que fue incluido en enero de 2022 y que hasta marzo de 2023 ya ascendía aproximadamente a 13 millones de pesos. Ese monto, actualizado a la fecha de hoy, deberá ser devuelto a usuarios y usuarias bonaerenses.
“No es en absoluto una actitud anti-empresa, sino al contrario, se le dio a la empresa la posibilidad de corregir esa cláusula, pero decidió no corregirla y por eso llega la multa”, destacó el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones provincial, Ariel Aguilar. Y agregó: “Si Rappi quitaba ese concepto, la multa no llegaba”.
Una sanción con historia
En marzo de este año, la Provincia ya había imputado a las empresas “Rappi” y “PedidosYa” por presuntas prácticas abusivas detectadas por autoridades bonaerenses, a partir del cobro de cargos extra en los envíos, con apercibimiento de aplicarles multas por más de 400 millones de pesos.
El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las y los consumidores, imputó a las empresas Rappi y PedidosYa por el cobro de cargos adicionales compulsivos en violación a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
En momentos de esa imputación, se había detectado que las empresas no brindaban información detallada y precisa respecto a cuál era el motivo o la composición de la “tarifa por servicio” que aplicaban a sus usuarios y usuarias, y que obligaban a pagarlo para finalizar la compra, negando la posibilidad de rechazar el cargo. De esta forma, ese cobro adicional resultaría una práctica abusiva por parte de las empresas, que aumenta el precio de los productos y servicios y traslada, a consumidores y usuarios, costos y gastos empresarios, propios de la actividad, que deben estar a cargo de las respectivas plataformas.
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