El titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner presentó un proyecto que busca reformar la ley de estatización de Aerolíneas Argentinas para prohibir la transferencias de acciones de la línea área sin la autorización de los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado.

«La iniciativa apunta a evitar que en el futuro se intente un desguace sin la intervención del Congreso ante el hecho de que los precandidatos Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, como también el postulante de La Libertad Avanza Javier Milei, hablan de privatizar empresas públicas», señalaron desde el equipo del legislador a través de un comunicado.

En los fundamentos del proyecto, el diputado planteó que el objetivo es «proteger lo conseguido y ahuyentar a los ‘fantasmas privatizadores'», como también «poner límites a quienes disfrazados de eficientes gestionadores privados lo único que han hecho es utilizar al Estado como fuente de financiamiento de pingües negocios personales«.

La iniciativa presentada hoy en la Cámara baja propone reformar la ley 26466/2008, que declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de las Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral S.A., y prohíbe expresamente «la transferencia de las acciones» sin una autorización previa del Congreso.

El proyecto de ley impulsado por Kirchner detalla además que la autorización del Parlamento a cualquier transferencia de acciones de Aerolíneas requerirá de la aprobación con el voto favorable «de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara».

Para modificar la ley 26466, la propuesta promueve la incorporación de un párrafo al primer artículo de la normativa, lo que que permitiría incluir en el texto de la norma el mismo requisito que figura en el artículo 10 de la ley 26741/2012, por la cual se expropió el 51% de las acciones de la petrolera YPF.

En el artículo 10 de la ley que pasó al Estado la mayoría del paquete accionario de YPF se dejó constancia que, como la expropiación se debió a una causa de utilidad pública, «se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Honorable Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros».

En el resumen que acompaña el proyecto se planteó que la necesidad de restringir a través de una ley cualquier cesión o transferencia de acciones se debe a la proliferación de «discursos irresponsables, alejados de la mirada estratégica que debe tener la construcción de un país para todos y todas».

«Se pretende volver a cero el esfuerzo que tanto le ha costado al pueblo argentino para reconstruir las empresas públicas luego de la estafa de las privatizaciones. Otra vez se impulsa la excusa de una empresa deficitaria que debe cerrar o debe estar en manos privadas, como una idea nueva», se advirtió en el documento.

Además, se remarcó que «las voces de la oposición que impulsan la privatización total o parcial de Aerolíneas ignoran la importancia que genera una línea de bandera» y omiten hablar «de los 11.029 puestos de trabajo que deben protegerse de manera directa y de los otros 92.652 promovidos de manera indirecta«.

Los datos financieros de Aerolíneas Argentinas

En el comunicado se remarcó, por otro lado, que frente al argumento de la presunta «falta de eficiencia» esgrimido por «los promotores del discurso privatizador» se deben contraponer «los datos financieros (de Aerolíneas) durante la primera gestión estatal, la gestión macrista y la actual».

Y en ese punto, detalló: «Entre 2010 y 2015, se redujo el déficit año tras año y la empresa terminó con un déficit de 200 millones de dólares. Entre 2018 y 2019, los dos últimos años del gobierno de Mauricio Macri, el resultado fue de 552 millones y 667 millones de dólares de déficit, respectivamente».

«En 2020, aun en plena pandemia y crisis de todas las compañías aéreas a nivel global, se redujo (el déficit) a 654 millones de dólares y en 2021 se cerró con 438 millones de dólares», añadieron.

Respecto al año 2022, en el pronunciamiento se remarcó que los aportes del Estado nacional a Aerolíneas representaron apenas el 50% de lo recibido por la empresa en 2021, pero el año pasado además Aerolíneas recibió «solo el 65% del presupuesto proyectado» para todo 2022.

«De un presupuesto de 72 mil millones de pesos (previsto para el año 2022), aprobado por la ley de presupuesto, solo se utilizaron 47 mil millones, pero Aerolíneas giró al Tesoro 83.000 millones de pesos en impuestos pagados. Esto significa que si Aerolíneas no existiera, el Tesoro perdería 36.000 millones de pesos de recaudación de impuestos», se subrayó en los fundamentos del proyecto.

En relación a 2023, se señaló que creció la diferencia entre los aportes del Estado nacional a Aerolíneas y las transferencias al Tesoro: «Este año es mayor la diferencia: el Tesoro giró (a la empresa) 6.000 millones de pesos y Aerolíneas transfirió 82.000 millones de pesos», ampliaron.

Finalmente, sobre el impacto del transporte aéreo en la actividad económica, se resaltó que en 2022 Aerolíneas aportó US$ 6.000 millones al PBI nacional, justo el mismo año en que tuvo la pérdida más baja desde la reestatización: 246 millones de dólares.

En síntesis, el legislador del FdT y el resto de los firmantes del proyecto valoraron que en los últimos años de gestión de la Aerolíneas en manos del Estado «no sólo se está logrando que la compañía requiera menores aportes» sino que también que «su peso relativo en el presupuesto nacional se achica año tras año».

«En 2023, Aerolíneas representa el 0,31% del presupuesto total de gastos mientras que en 2019 era de 0,48%», concluyeron.

Aerolíneas incorporó el año pasado en los balances la métrica que emplea la industria a nivel internacional, que dio como resultado que la empresa de bandera le aportó al PBI en 2021 unos US$ 3.600 millones y en el 2022 unos US$ 6.000

Y en el mismo sentido, remarcaron que esos datos «confirman que la gestión de Macri le hizo más daño a las finanzas de Aerolíneas que la crisis mundial del Covid 19».

El proyecto de ley que propone prohibir en el futuro la transferencia de acciones de la aerolínea estatal, salvo que se obtenga el voto favorable de dos tercios de los miembros de ambas cámaras, lleva asimismo las firmas de Leopoldo Moreau, Paula Penacca, Leila Chaher, Marcos Cleri, Gisela Marziotta, Rodolfo Tailhade, Agustina Propato, Natalia Zaracho, Federico Fagioli, Mónica Macha, Gabriela Estévez, Lía Caliva, Cristina Brítez y Juan Carlos Alderete.