El intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, parece haberse metido en un laberinto sin salida. La oposición cuenta con los votos necesarios para enterrar definitivamente una ordenanza del 2009 que habilitaba la urbanización de casi todo el frente costero de Claromecó, Reta y Orense. Sin embargo, el jefe comunal vecinalista se aferra con uñas y dientes a esta polémica legislación que favore al empresario Alejandro Burgauer, quien junto a sus hermanos posé más de 1000 hectáreas en Claromecó heredadas de su abuelo Ernesto Gesell, fundador de Dunamar.
Semanas atrás, el Concejo Deliberante de Tres Arroyos decidió derogar la ordenanza 5981/2009, que permitía la urbanización de unos 28 kilómetros lineales del frente costero del partido, cuando según la legislación provincial a la que el municipio había adherido apenas 3 años antes (2006) habilita la consolidación de tan sólo 8 kilómetros.
Días después, y luego de una reunión con Burgauer, el intendente Carlos Sánchez vetó la ordenanza de derogación y dejó vigente la polémica normativa. Mientras tanto, el presidente de Dunamar SA avanza con la construcción del barrio de lujo “Altos de Dunamar” que se vería afectado conl caída de la 5981/2009. Ahora, la oposición se prepara para volver con la derogación al recinto y aprobarla con mayoría absoluta, lo que eliminaría cualquier posibilidad de un nuevo veto por parte del jefe comunal.
En diálogo con Todo Provincial, la concejal de Juntos y presidenta de la Comisión de Legislación, Daiana De Grazia, explicó: “La ordenanza de frente costero que derogamos no tiene el aval provincial y además fue declarada inconstitucional por un fallo de cámara. La misma declara urbanizable unos 28 mil metros lineales del frente costero de Claromecó, Orense y Reta, cuando por la ley provincial solo se podrían urbanizar unos 8 mil metros, de los cuales casi la mitad ya están consolidados”.
La justicia declaró inconstitucional la ordenanza que permitía las construcciones en todo el frente costero de Tres Arroyos bajo el argumento de que no se había realizado una audiencia pública para discutirla con la comunidad. El municipio no apeló por lo que el fallo quedó firme. Sin embargo, en enero de 2020 convocó a la audiencia, pero la misma no tuvo validez porque debería haberse realizado en forma previa a la sanción de la normativa.
“El intendente vetó nuestra ordenanza de derogación diciendo que habían pasado 13 años de su sanción pero ese argumento no tiene ningún sustento porque no importa cuánto tiempo tiene de vigencia sino que la justicia ya la declaró inconstitucional”, expresó la dirigente radical.
En medio de este berenjenal, De Grazia asegura que el objetivo de compatibilizar las normas locales con las provinciales y nacionales es “otorgar seguridad jurídica a quienes quieran invertir”, y adelantó que la oposición compuesta por los bloques Juntos y Frente de Todos cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para volver a aprobar la ordenanza de derogación de la 5981/2009, dejándola firme definitivamente. De este modo quedaría vigente la normativa votada en 2006 en adhesión a la ley provincial que es mucho más restrictiva.
“No hay mucha discusión porque la sentencia quedó firme ya que el municipio no apeló para llevar el tema a la Corte”, subrayó la concejal radical.
De Grazia además relevó que directivos de Dunamar SA les advirtieron que en caso de que la derogación quede firme, la empresa presidida por Burgauer iniciaría acciones legales contra el municipio. “Es probable que eso suceda porque todo esto está mal hecho”, lamentó.
Altos de Dunamar, un barrio de lujo objetado por la Provincia
Mientras tanto, la desarrolladora inmobiliaria avanza sin autorización provincial con la construcción de “Altos de Dunamar”, un barrio parque de lujo de 242 hectáreas que afectaría la primera línea de médanos de Claromecó.
Si bien “Altos de Dunamar” plantea un retiro de 300 metros, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) ya emitió cinco dictámenes contrarios al emprendimiento. Sin embargo, la firma siguió con la forestación de los médanos, la apertura de calle y otras obras civiles, incluso sobre tierras públicas.
En una nota publicada por Todo Provincial en septiembre del 2021, la vecina de Claromecó y abogada especializada en derecho ambiental, Verónica García, señaló que los dictámines del OPDS contrarios al emprendimiento “establecen que no se debían forestar los médanos, que el estudio de impacto ambiental debería ser regional y no sólo sobre esas 242 hectáreas, que no estaban dadas las condiciones para la protección del acuífero y que no se cumplían otras cuestiones como el cableado subterráneo y el servicio de cloacas”. Además, advirtió que “lo más fuerte que estableció es que no cumplía con la protección de la cadena de médanos”.